La Procuración del Tesoro solicitó formalmente ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, la suspensión inmediata del proceso de búsqueda de activos (discovery) y el pedido de desacato hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resuelva sobre el fallo que obliga al Estado Argentino a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF concretada en 2012.
De este modo, el gobierno argentino quiere ponerle freno a la estrategia del fondo Burford que viene presionando por distintas vías y espera que Preska declare al país en desacato en una audiencia prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril. Si esa medida se concreta, complicaría la vuelta a los mercados internacionales de deuda que busca lograr el gobierno de la mano de la baja del riesgo país.
La declaración de desacato, no es solo un gesto simbólico. Para los inversores significa que el país no cumple decisiones judiciales de tribunales clave, lo que impacta de modo directo en su reputación crediticia, que en el caso de Argentina ya es frágil.
Además, puede complicarle el cobro a los bonistas como ocurrió en 2014 cuando el juez Thomas Griesa dictó primero una orden que le impedía al agente de pago (BoNY Mellón) distribuir los fondos sin pagarle previamente a los holdouts y luego directamente declaró a la Argentina en desacato por no cumplir esa orden de pari passu.
En ese momento, si bien el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó una ingeniería «creativa» al cambiar el agente de pago, la propuesta no funcionó porque los intermediarios financieros no quisieron quedar involucrados con una medida destinada a eludir una decisión judicial de un tribunal de Estados Unidos y Argentina cayó en «default selectivo».
Ese riesgo vuelve a estar latente ahora y para compensarlo los inversores exigen una tasa de interés más alta o directamente deciden no prestarle a la Argentina. El resultado concreto es que emitir deuda se vuelve más caro o inviable. Burford tiene claro este escenario y su objetivo es simple: forzar a la Argentina a negociar.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, aseguró la Procuración este miércoles a través de un comunicado.
Preska deberá resolver en breve sobre esta nueva solicitud y si descarta el pedido argentino, como especulan en el mercado, la definición sobre la solicitud de desacato se conocerá a principios de abril, luego de que se concrete la audiencia.
Como si fuera una simultanea de ajedrez, la disputa con el fondo estadounidense se está llevando adelante en diversos tableros al mismo tiempo.
Tablero principal
Preska dictaminó el 15 de septiembre de 2023 que el Estado argentino le debe pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde un fallo no es ejecutable hasta que la sentencia esté firme, en Estados Unidos una resolución de primera instancia sí puede ser ejecutada inmediatamente, aunque se apele, salvo que el demandado solicite un stay. Normalmente, para ello debe presentar una garantía que asegure que podrá pagar si pierde la apelación.
La Argentina apeló, pero no puso ninguna garantía y en enero de 2024 la magistrada habilitó a Burford a avanzar con la ejecución del fallo. Es decir, permitir la búsqueda de activos (discovery) del Estado argentino que pudieran ser embargables. De este modo, mientras la Cámara analiza el fallo de Preska –en octubre se realizó una audiencia que ilusionó al gobierno con la posibilidad de una resolución favorables—la jueza ha ido tomando distintas acciones para tratar de forzar a Argentina a pagar.
Tableros paralelos
En enero de 2025, ante la resistencia parcial del país y el tiempo transcurrido sin colaboración, Preska firmó una orden judicial, donde obligó expresamente a Argentina a entregar información detallada sobre reservas de oro del Banco Central, cuentas bancarias diplomáticas, consulares y estatales y otros activos embargables.
Puso plazo hasta el 28 de febrero de 2025 para entregar la información, bajo apercibimiento de sanciones o medidas más duras. La Argentina no cumplió con ese plazo y en julio del año pasado Preska emitió una orden directa para que el Estado transfiriera el 51% de YPF dentro de 14 días al Bank of New York Mellon, como pago parcial por el fallo de US$ 16.100 millones.
Argentina apeló ese fallo y obtuvo un stay por parte de la cámara, pero el proceso de discovery para demostrar que ciertas compañías son alter ego del Estado argentino siguió su curso. Burford le apunta particularmente al Banco Central, YPF, Enarsa, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Para comprobar ese vínculo, Preska determinó el 29 de julio del año pasado que el país debía entregar las comunicaciones oficiales (chats y mails) realizadas en dispositivos personales de funcionarios de esta administración y de la anterior.
Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el canciller Pablo Quirno; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el ex secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
A su vez, Burford viene presionando para que Argentina informe donde están las reservas de oro del Banco Central ya que las considera un activo potencialmente embargable.
La Procuración sostiene en su escrito que “la República ha presentado todo lo que podría razonablemente conducir a la identificación de sus activos ejecutables, con un total de más de 115.000 páginas” y argumenta que “los demandantes están redoblando sus solicitudes de una realización de pruebas cada vez más intrusiva e irrelevante”.
“Ahora buscan información sobre los activos del Banco Central Argentino, que no está sujeto a la jurisdicción de este tribunal, no tiene activos ejecutables y que el Segundo Circuito ya ha declarado que no es un alter ego de la República”, agregó.
Del lado de Burford argumentan que Argentina no cumplió con la presentación de toda la información solicitada. De hecho, subrayan que ni Caputo ni Quirno entregaron el contenido de sus teléfonos móviles. Cerca del fondo sostienen que lo único que busca el gobierno es demorar el cumplimiento del fallo, lo que justifica sanciones adicionales. Por eso han pedido que se declare a Argentina en desacato.
Un comentario
La Agentina NO debe pagarle al Fondo Burford 16 mil millones de dólares porque es un manejo mafioso, una estafa descarada.
De la misma manera que los políticos argentinos que «crearon» esta deuda y otras y cobran sus comisiones de los fallos desfavorables, de común acuerdo con el grupo financiero mafioso.
Argentina se encamina hacia el Capitalismo Libertario sano, en plena asociación política con EEUU.
Si la Justicia norteamericana decide inclinar la balanza del lado de la usura Argentina NO debe «honrar lo deshonroso» y deberá buscar capitales en el Este, donde existen potencias económicas que son sus clientes y con balanza de pagos a favor.
Es hora que termine esta comedia de mafias económicas corruptas, Argentina quiere integrarse al Capitalismo de desarrollo y la Justicia Norteamericana debe reflexionar.