El Gobierno nacional analiza las herramientas que podrá utilizar para avanzar en la focalización de subsidios para 2026, de manera de seguir reduciendo su impacto en el PBI, y prevé cruzar la información de los usuarios con el nivel de gasto reflejado en billeteras virtuales, facturación de servicios o prepagas, entre otros, para ampliar el análisis hacia el consumo y no solo los ingresos. La cuestión geográfica también puede sumarse como un elemento sistemático del análisis, es decir, relevar la información que puede ofrecer la radicación del usuario del gas y la electricidad subsidiados como un elemento adicional de valoración.

El 60% de los hogares tiene actualmente algún nivel de subsidio a pesar de los recortes que se hicieron en poco más de un año y medio de gestión, pero en los pasillos de la cartera económica se destaca que los hogares bajo la línea de pobreza que podrían necesitar la ayuda del Estado son el 27%, es decir menos de la mitad de lo que hoy reciben ese auxilio. Ese margen es el que es motivo del trabajo para la Secretaría que a pesar de una reducción de subsidios a US$ 3.500 millones estimados para el cierre de 2025.

Con la premisa de llegar con el subsidio a quien lo necesita mediante una tarifa social, o similar, y que aquellos usuarios con nivel de ingresos suficientes paguen tarifa plena, el Gobierno a través de la Secretaría de Energía ya planteó para el próximo año avanzar con la focalización. Como parte de ello se buscará dejar atrás el esquema de segmentación que implementó la gestión anterior que si bien, se reconoce, resultó un buen primer paso, hoy resulta insuficiente para el objetivo de identificar de mejor manera la capacidad de pago.

Fuentes oficiales consultadas sobre el tema señalaron que “para abordar la falta de datos que en muchos casos hay en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), se están trabajando en varias estrategias. Entre ellas el intercambio de información con otras instituciones gubernamentales, el análisis de incentivos que hagan que los usuarios registren a todos sus convivientes y así contar con la información completa de cada hogar. A la par se sigue avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries en todo el país para recategorizar a los usuarios con manifiesta capacidad de pago, inscriptos como N2 y N3”.

Es que el esquema actual de subsidios implementado durante el gobierno de Alberto Fernández se basa en la determinación del nivel de ingresos bajo las tres categorías que se mantienen vigentes, lo que se adjudica mediante una declaración jurada del usuario y se va actualizando mediante los registros con que cuenta el Estado. Como ese sistema encontró su límite para identificar la real capacidad de pago, se buscará avanzar mediante los consumos del usuario analizando y entrecruzando distintas fuentes de datos.

Medir por el gasto

Según una fuente consultada del Gobierno, el gasto en rubros como prepagas de salud, cuotas de bienes y servicios (cable, internet, telefonía), movimiento de billeteras virtuales o facturación de todo tipo de servicios permitirán refinar el proceso de esa focalización buscada. “Esa tarea para la cual se buscan los caminos técnicos y normativos más adecuados, es parte de un proceso de rediseño y de búsqueda de experiencias en otros rubros que puedan servir para mejorarlo”, se aseguró al reseñar el esquema de trabajo en que se piensa.

Al problema del déficit que provoca un subsidio generalizado se suma la ineficiencia en el consumo por la falta de incentivos a la demanda. Es en este punto que se asegura que “el consumo promedio de electricidad por usuario y hogar en la Argentina es similar al de países desarrollados, a pesar de que la mayor parte de la población vive en zonas cálidas. Se pueden encontrar que en barrios privados hay consumos residenciales que se corresponden casi a una pyme, en un barrio popular es más difícil determinarlo porque muchas veces hay un solo servicio disponible, pero sin dudas el consumo per cápita más bajo es el del N3, que no alcanza los volúmenes subsidiados”.

En el gobierno se considera que los subsidios a la energía se convirtieron hace años en el principal programa social del Estado nacional y que bajo ese criterio desde 2002, cuando se pesificaron y congelaron tarifas, se empezó a subsidiar fuertemente el sector con un costo estimado en US$ 143.000 millones, a lo largo de estos casi 25 años. A la llegada de la actual gestión en 2023 se gastaron unos US$ 6.500 millones en subsidios, más de 1 punto del PBI, un nivel que resulta moderado si se lo compara con los 2 puntos de 2014, pero aún lejos de lo que pretende el gobierno. Es por eso que en medios oficiales se utiliza la figura de que “el superávit de la balanza por la exportación de hidrocarburos se está quemando en los subsidios energéticos para gente que no lo necesita”.

La gestión de datos

La fuente del gobierno consultada reseñó que hasta hoy se bajaron los topes para los consumos de los N2 que eran ilimitados con solo presentar una declaración jurada mediante el RASE, y los N3. “El objetivo es unificar en un solo subsidio para los que más lo necesiten porque la universalidad termina siendo regresiva y es necesario un nuevo modelo de focalización”, admitió al señalar que “el desafío más grande para el próximo año es detectar a quienes realmente necesitan el subsidio, para lo cual se requiere mayor potencia de análisis de datos y tecnología”.

“Hay también una falta de sutileza en la clasificación entre quienes lo necesitan y quienes no, generando mecanismos absurdos que excluyen a alguien por ganar un peso más. Es por eso que se está ante un desafío técnico y legal para generar las condiciones normativas y plasmar un modelo nuevo”, explicó el mismo funcionario nacional. En ese sentido, siempre surge el problema de la alta informalidad de la economía para la consolidación de datos que lleva a que no haya registro alguno de usuarios que viven tanto en un barrio precario como en un barrio cerrado o en un country.

En esa tarea se insiste en que “el volumen de la economía en negro es un problema muy grande. En los últimos meses se encontraron en un barrio como Puerto Madero con el metro cuadrado de los más caros de la Argentina a usuarios que se declararon N2, y en el otro extremo un peón rural en Chaco que era dueño de un avión”, por citar anomalías frecuentes que se pueden ir detectando mediante el uso datos de propiedades a quienes no declaraban ingresos suficientes.

“El otro gran desafío es que al focalizar, sí o sí se deja afuera gente que lo necesita. Por eso, se generaron plataformas de reporte y denuncia para apelar la decisión del Estado a pesar de lo cual hay un desafío de dar respuesta a miles de reclamos, que deben ser analizados y clasificados según la provincia. Lograr procesar y analizar esta información se dificulta en una infraestructura que al sector público le cuesta mucho”, reflexionó la misma fuente.