De cara al final de la década, Perú fijó como objetivo reducir su huella de carbono en un 40% mediante un cambio progresivo en su matriz energética. Hace dos años, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo que declara “de interés nacional” la emergencia climática y propone aumentar los nuevos requerimientos con energías renovables no convencionales para que las mismas ocupen el 20% de la generación eléctrica en 2030.

Sin embargo, hoy en día la producción solar explica el 3% de la electricidad del país, mientras que la eólica aporta alrededor de un 5 por ciento. El resto de los porcentajes son para las vías hidráulica (40%) y termoeléctrica (52%).

En diálogo con EconoJournal, representantes de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) advierten que la vigente regulación eléctrica no se adecuó efectivamente a las nuevas formas de generación eléctrica, sino que sucedió lo contrario: las tecnologías debieron adaptarse a la legislación. “En 2019 se le reconoció potencia firme a la energía eólica, pero no se hicieron las modificaciones para incorporar de manera eficiente a la solar en la matriz eléctrica”, puntualizan desde la agrupación.

Medidas

En ese sentido, apuntan, aún existen restricciones para que los aprovechamientos solares puedan participar libremente en el mercado eléctrico peruano. Prueba de ello es que sólo los actuales operadores del sector eléctrico están habilitados para desarrollar centrales solares de gran escala. “El Gobierno envió hace un año al Congreso con carácter de urgencia las modificaciones que permitan la compra de energía y potencia firme por separado, y no de manera conjunta como ocurre hoy, así como el establecimiento de bloques horarios”, comentan desde la SPR.

Cabe recordar que se propone modificar la Ley 28.832, destinada a asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, incrementar la competencia, promover la inversión en nuevas fuentes, reducir la contaminación y favorecer menores costos operativos, contribuyendo a bajar las tarifas. “Lo que ha conseguido esta postergación es exponer a una situación de vulnerabilidad al sector eléctrico peruano e impedir que millones de usuarios se beneficien de mejores costos de electricidad por el uso de energías renovables”, señalan desde la agrupación.

Desde el gremio creen que las citadas medidas son fundamentales para ampliar la competencia en el mercado eléctrico y permitir que los ahorros derivados de contar con energías más competitivas sean trasladados al usuario final, lo que en este momento no está ocurriendo.

Aunque el Congreso peruano todavía no aprobó estos cambios, el Gobierno en su solicitud de facultades legislativas presentada la semana pasada los enlistó como medidas prioritarias a tomar. “De prosperar esto con la rapidez que la situación exige, es muy probable que antes de julio de este año las modificaciones regulatorias que requiere el sector eléctrico estén listas para ser implementadas”, estiman desde SPR.

El tiempo apremia para resolver la problemática sectorial en Perú, ya que varias empresas están apostando por proyectos de generación con energías renovables no convencionales.

De hecho, se espera una inversión de más de 12.700 millones de dólares en centrales eólicas y de u$s 9.030 millones en complejos solares, instalaciones situadas en nueve regiones del sur y norte del país. “Este número de proyectos es un síntoma claro del enorme potencial que tiene Perú y del interés que muestran los inversionistas. Los cambios regulatorios y el crecimiento que se prevén irán decantando cuántos de estos emprendimientos se harán efectivamente en el corto, mediano y largo plazo”, subrayan desde SPR.