Las 11 compañías licenciatarias del mercado regulado de gas natural recibieron en los últimos días una nota del Ente Regulador del Gas (Enargas) que las convoca a presentar antes del viernes 15 de septiembre un plan de las inversiones obligatorias (PIO, en la jerga del sector) que llevarán adelante durante los próximos cinco años (hasta diciembre de 2028) para atender sus redes de distribución y transporte del hidrocarburo. Primero se notificó a las dos transportistas (TGS y TGN) y el viernes pasado se incluyó a las nueve distribuidoras, con Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas a la cabeza, según pudo reconstruir EconoJournal.

La medida había sido adelantada informalmente por el interventor del organismo, Osvaldo Pitrau, a algunos directivos de la industria, pero aun así la instrucción fue recibida con sorpresa entre los privados. Más que nada por lo titánico de la tarea en un contexto de altísima volatilidad en la economía. También llama la atención el repentino interés oficial por dejar algo cerrado antes del cambio de gobierno luego de haber estado 3 años y medio sin realizar ningún avance sustantivo en términos de la Renegociación Tarifaria Integral (RTI) que se había propuesto.

Fuentes privadas consultadas por EconoJournal señalaron incluso que, por la disparada inflacionaria y las restricciones al ingreso de productos importados, es muy difícil conseguir presupuestos de varios de los elementos que deberían incluir en los PIO. “Tenemos que incluir cotizaciones de todo tipo, desde la renovación de medidores y la flota de vehículos hasta la contratación de software, equipamiento informático y válvulas automáticas, entre decenas de componentes”, explicó una de las fuentes consultadas.

Las empresas consultadas no tienen dudas de que lo que se les pide forma parte de un proceso de RTI. Sin embargo, allegados al Enargas aclararon que lo que está en marcha no es una “RTI formal”, que requeriría un proceso mucho más laborioso, sino una renegociación tarifaria que apunta, en el mejor de los casos, a avanzar sobre una serie de puntos regulatorios y a dejar todo listo desde lo administrativo para efectuar un aumento de las tarifas residenciales de gas a partir del 1 de enero 2024.

En la nómina de temas sobre los que pretende avanzar el gobierno figura la implementación de un nuevo Índice del Gas para definir de forma automática futuras actualizaciones tarifarias, tal como adelantó este medio el 23 de agosto; el cálculo del gas no contabilizado y el gas retenido en el sistema de transporte, un punto gris que siempre genera discusiones entre productores, distribuidoras y el propio ente regulador; y el análisis de una alternativa para determinar el peso del cargo fijo y el variable en las tarifas domiciliarias, un planteo que surgió de algunas distribuidoras.

Cumplimiento regulatorio

¿Cuál es la premura que tiene el gobierno en avanzar sobre estos temas en plena carrera electoral en una economía cada vez más escorada? ¿Por qué encarar una renegociación tarifaria ‘express’ que podría diluirse en la nada si la oposición se impone en los comicios presidenciales? Son interrogantes que no tienen una respuesta unívoca cuando se consulta a referentes de la industria. Un primer disparador para explorar una respuesta está vinculado a la necesidad de la conducción actual del Enargas (algo similar sucede también en el caso del ENRE con las distribuidoras eléctricas) de cumplir con el Decreto 278/2020, que estableció la intervención del organismo.

Una de las premisas de esa normativa es la de readecuar la estructura tarifaria del segmento regulado y fijar nuevos cuadros para el período 2023-2028. Está claro que en esta coyuntura económica indescifrable esos objetivos son de cumplimiento imposible, pero fuentes privadas interpretan que la intervención del Enargas quiere al menos demostrar que intentó dar los pasos regulatorios necesarios para avanzar en esa dirección. En términos de construir un caso a futuro y poder defender la intervención, es conveniente, desde esa lógica, poder engrosar expedientes administrativos con información e intercambios concretos con el sector privado que, observados desde un eventual futuro cercano, sirvan para entender por qué o hasta qué punto se pudo avanzar.

Escasa información

Lo que se desprende, a partir del relevamiento realizado por este medio, es que muchas empresas no tienen en claro las razones y objetivos que se estableció el Enargas. Algunas incluso solicitaron vista de los expedientes del ente regulador para conocer los antecedentes de la medida informada el viernes pasado. Técnicamente, lo que hizo el organismo fue dar un paso en la implementación de la resolución 389 publicada el 2 de agosto. En esa norma, el Enargas se propuso avanzar con la fase cuatro (la última) del proceso de renegociación tarifaria con las empresas gasíferas. 

“Por más ganas que le pongamos, llevar adelante una RTI en tan poco tiempo no es viable. Incluso en un país que no tuviese los problemas económicos que enfrenta la Argentina, tres meses (lo que falta hasta fines de noviembre) no es un plazo lógico para determinar la base de activos de cada distribuidora y calcular cuál será la demanda futura de cada región (para lo cual se precisa interactuar con estados provinciales y municipales para indagar sobre planes de vivienda y expansión urbana). Sin esos datos, ¿cómo hacemos para entender cuál es la tarifa que precisamos para los próximos cinco años?”, interrogó otro directivo del sector.

Express

La notificación del Enargas a las empresas les otorga un plazo de 15 días hábiles para presentar los PIO que expira, en los hechos, a mediados de septiembre. Se especula con que algunos privados podrían pedir una prórroga para cumplimentar con el pedido.

De fondo, el objetivo del ente regulador es tener resueltas para la segunda quincena de noviembre algunas de las cuestiones regulatorias vinculadas previamente. Restan para ese deadline menos de 90 días, un plazo exiguo para realizar una revisión profunda de todas las variables inciden en la estructura tarifaria del gas natural, pero tal vez suficiente para avanzar sobre algún tema puntual que sea de interés del Ejecutivo.