La Secretaría de Energía habilitó un nuevo mecanismo de salida para proyectos de energías renovables del programa RenovAr de las rondas 2 y 3, lanzadas en 2017 y 2018. Se trata del pago de una penalidad de US$ 35.000 por MW contratado en las licitaciones donde los proyectos se adjudicaron y obtuvieron prioridad de despacho en sistema eléctrico. La intención del gobierno es recuperar la capacidad de transporte de los proyectos que no se realizaron para habilitar nuevos parques de generación renovable, ya que no puede hacerlo de otro modo por la saturación en el sistema de transporte eléctrico que hay en el país.

La cartera que dirige Flavia Royón instrumentó la medida a través de la resolución 284/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida se implementa luego de que concluyó el período del anterior mecanismo de salida (que tuvo pagos menos costosos para retirase del RenovAr) que instrumentó el gobierno hace un año y medio para purgar el universo de proyectos que nunca se construyeron o que comenzaron, pero no están terminados.

En esa ocasión, el gobierno dispuso en diciembre de 2021 la resolución 1260 para otorgar penalidades de US$ 17.500 por MW contratado a los proyectos eólicos y solares (que son los más grandes) y de US$ 12.500 por MW para el resto de las tecnologías como el biogás, biomasa, biogás de relleno sanitario y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Bajo esa resolución, el gobierno resignó a cobrar multas por US$ 250 millones de proyectos que no se construyeron.

Fuentes consultadas por EconoJournal con conocimiento del sector renovable se mostraron más críticos e indicaron que el pago de la salida “es muy elevado” y que “es probable que sean pocos los proyectos que opten voluntariamente por salir del programa RenovAr con este nuevo mecanismo que lanzó la Secretaría de Energía”.  

Nueva salida

Los proyectos adjudicados del programa RenovAr firmaron un contrato PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) de abastecimiento de energía renovable con Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico.

La salida mediante este nuevo mecanismo es voluntaria y las empresas que no quieran adoptarla podrán continuar con sus fechas de contrato. Además, la resolución 284 aclara que “deberá estar acompañada de una renuncia del titular del proyecto a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral” contra el Estado Nacional y Cammesa. Los ingresos que se podrían generar por la salida de los proyectos irán al FODER (Fondo para el Desarrollo de las Energías Renovables), un fideicomiso para financiar los parques renovables.

En el programa RenovAr todavía quedan poco menos de 1.000 MW en alrededor de 90 proyectos que no se concretaron, según señalaron fuentes consultadas por EconoJournal. Estos proyectos no se realizaron por la crisis económica de 2018, que impidió que las empresas consigan financiamiento, pero, también, por el diseño original del programa RenovAr, que habilitó a que compañías aventureras especulen e impulsen el precio de la energía licitada a la baja.

Incumplimiento de hitos

En los considerandos, la resolución dice que “se ha detectado un retraso significativo en el cumplimiento de los hitos contractuales de los contratos de abastecimiento suscriptos en el marco de las Rondas 2 y 3”. La resolución incluye también para los desarrollos bajo la resolución 202, lanzada previa al programa RenovAr de 2016.

Además, remarca que en el análisis de Cammesa “se encuentran proyectos que no han acreditado avance de obra alguno y otros, que, demostrando diversos avances, se encuentran en incumplimiento de sus compromisos contractuales, entre ellos la fecha programada de habilitación comercial”.