El gobierno autorizó los últimos días de diciembre un aumento de 150% en las tarifas de transporte de electricidad para que las empresas del sector —lideradas a nivel nacional por Transener— inviertan en el mantenimiento de la red y de ese modo reducir la posibilidad de que se produzca una falla del sistema. El impacto en la factura final que abona el usuario será del 2,9 por ciento, que representarán menos de 40 pesos por mes en la factura final que pagan los hogares.
La falta de inversión para ampliar las líneas de transmisión de alta tensión es el principal cuello de botella que enfrenta el sector eléctrico de cara a promover el crecimiento tanto de fuentes de generación renovable como de nuevas centrales térmicas a gas natural. La mayoría de los nodos está saturado y no cuenta con capacidad para transportar más generación.
El aumento autorizado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está un 50% por encima de la inflación promedio de 2022, pero no alcanza a compensar el atraso tarifario acumulado en los últimos años. Las empresas remarcan que, desde agosto de 2019 hasta diciembre de 2022, las tarifas subieron 67% en promedio contra una inflación que acumuló 379 por ciento.
De hecho, las tarifas de transportes de electricidad aparecen rezagadas frente a otros bienes y servicios clave de la economía que tuvieron subas muy superiores. Por ejemplo, en el mismo período los precios promedio de la indumentaria subieron 666%, los de la salud 374%, los lácteos 355% y los combustibles 295%. Incluso se ubicaron muy por debajo de la evolución de los salarios que acumularon una mejora nominal de 362%.
Caída de las inversiones
A raíz del casi congelamiento de sus ingresos regulados por tarifas, las empresas transportistas redujeron su inversión en las redes de 500 y 132 kV. Fuentes del mercado explicaron que hasta antes del aumento más de un 80% de los ingresos de las compañías era destinado al pago de salarios. Es importante aclarar que las inversiones que se financian con la tarifa son renovaciones y mejoras, ya que las obras de ampliación se financian aparte, ya sea con fondos privados, de organismos multilaterales o partidas adicionales del Estado.
Impacto del congelamiento de tarifas en el flujo de fondos de Transener
El caso más emblemático es el de Transener, la empresa que opera las línea de alta tensión, que es controlada por Pampa Energía y la empresa estatal Enarsa. Por el atraso de sus ingresos durante el gobierno de Alberto Fernández, la firma se quedó sin fondos para invertir en el mantenimiento de las líneas que opera. Se estima entre enero de 2020 y diciembre de 2022 se dejaron de invertir unos US$ 75 millones. El año pasado, sin ir más lejos, Transener desembolsó unos US$ 15 millones en la red cuando el presupuesto medio anual ronda los 45 millones de dólares.
Riesgo operativo
«El sistema de transporte es noble: puede aguantar uno o dos años con menos inversiones de las necesarias, pero si eso no cambia a los cuatro o cinco años empiezan a aparecer todos juntos los problemas», explicaron allegados a la empresa.
Transener presentó un informe a fines del año pasado, antes de la audiencia pública en que se debatió la recomposición de tarifas, donde advierte que con respecto a 2019 las inversiones en mantenimiento se redujeron un 66%. Un 57% de los fondos que percibe la empresa son destinados al reemplazo de equipos obsoletos. «Con el anterior nivel de tarifa y los requerimientos de pagos para la operación, íbamos camino a un quiebre de caja en enero de 2023”, remarcaron fuentes cercanas a la empresa.
Las inversiones en el sector de transporte eléctrico ayudan a mitigar los riesgos de cortes de luz, sabotajes, ciberataques, accidentes y contaminación. Además de Transener, las empresas que verán recomponer sus ingresos son Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, L.I.T.S.A., Yacylec, Transcomahue y Enercor.
