Por Diego Moreno, investigador asociado del programa de Ciudades de CIPPEC

Argentina perdió en promedio un millón de dólares por año durante los últimos 40 años como consecuencia de inundaciones, según datos del Banco Mundial. En 2018, la sequía en nuestro país produjo una caída del 2,5% del PBI. Asimismo, según datos de UNICEF Argentina, 2.700.000 niños en el país se encuentran expuestos a riesgos asociados al cambio climático y la degradación del ambiente.

Estas cifras, que se repiten en diagnósticos y evaluaciones para diferentes regiones del mundo, nos permiten dimensionar el impacto de la crisis climática y movilizaron la agenda pública internacional en los últimos años, especialmente desde la firma y ratificación del Acuerdo de París y la definición de la Agenda 2030. Según la International Renewable Energy Agency, en los últimos 10 años la inversión global en energías renovables para el sector eléctrico superó la inversión en fuentes no renovables (carbón y gas) y nuclear combinadas. A su vez, en 2021, surgió una propuesta para ser debatida en el Parlamento Europeo que pretende restringir las importaciones de commodities provenientes de cadenas con deforestación (por su efecto en las emisiones y la pérdida de biodiversidad).

Hasta el momento Argentina no ha logrado consolidar una política consistente en materia ambiental para abordar los desafíos que presentan estos escenarios. La ausencia de una mirada compartida entre los actores de la política, el sector privado y la sociedad civil sobre el rumbo a seguir se convierte en un vaivén de marchas y contramarchas que no nos permite aprovechar las oportunidades: según la Cámara Argentina de Energía Renovables, entre 2008 y 2019 Argentina captó sólo el 5% de la inversión en energías renovables de América Latina.

Es urgente convertir lo que hoy vemos como una amenaza en una oportunidad para el desarrollo nacional con equidad. Para esto, es fundamental generar consensos y repensar miradas estratégicas a mediano y largo plazo que interpelen a la política nacional. En este contexto, desde CIPPEC y en el marco de la iniciativa Democracia 40, se ha iniciado una serie de diálogos intersectoriales e intergeneracionales para aportar propuestas concretas al debate público sobre las prioridades para reducir los riesgos y aprovechar las oportunidades de una transición verde justa en la Argentina. Las propuestas que surgieron de estos diálogos –que reunieron a más de 40 personas expertas y referentes del sector público, como legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales, sector privado y sociedad civil– se organizan en cuatro ejes.

El primer eje es la descarbonización progresiva de la matriz energética. Lograrlo implica pensar en forma estratégica cómo aprovechar el escenario de transición energética global. Por un lado, es esencial atraer inversiones que se orienten al sector de las energías renovables. Argentina logró, a partir de la implementación de la Ley 27.191, atraer inversiones por USD4.700 millones para energías renovables, y aún su techo está lejos de ser alcanzado si consideramos que apenas poco más del 10 % del consumo eléctrico proviene de estas fuentes. Ello cobra relevancia cuando vemos los compromisos internacionales que Argentina ha asumido en la materia, a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y la neutralidad de emisiones al 2050.

Por otra parte, una posible estrategia para financiar esta transición consiste en aprovechar el potencial del gas como combustible de transición y aprovechar el ingreso de divisas para potenciar la inversión en políticas de promoción de energías renovables y eficiencia energética.

La descarbonización también requiere posicionar de manera estratégica la producción agroalimentaria, adaptando sus sistemas productivos al contexto climático y las demandas de los mercados. El sector agroindustrial tiene una oportunidad enorme en un mundo que requiere una producción cada vez mayor de alimentos, pero con demandas crecientes particularmente en cuanto a la calidad ambiental y social de su producción.

El segundo eje, entonces, se enfoca en impulsar buenas prácticas de producción, particularmente en la cadena de la carne, a fin de no sólo incrementar la productividad de Argentina sino también reducir su impacto sobre los bosques nativos y comenzar a fijar carbono en suelos y biomasa. Esto permitiría posicionar a la producción argentina como baja en emisiones basada en sistemas pastoriles integrados a pastizales y bosques nativos: sería un win-win en crecimiento y cuidado del ambiente. Argentina ya cuenta con iniciativas en este sentido, con productores agropecuarios que implementan sistemas de manejo que mejoran la biodiversidad, la fijación de carbono en suelos, al mismo tiempo que avanzan en la comercialización diferenciada de su producción.

Un tercer eje es la planificación del crecimiento de las ciudades: estrategia fundamental para abordar los desafíos que enfrenta el país en términos ambientales. El 90% de la población argentina vive en ciudades y sabemos que en los últimos 15 años estas han crecido de forma no planificada, segregada e ineficiente, lo que las hace más vulnerables a los impactos del cambio climático. Estos, además, afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables: la tendencia creciente expone que cada vez hay más metros cuadrados de ciudad, pero la cantidad de personas viviendo en ellos no crece a la par. Es por eso que contener la expansión de baja densidad y alinear las inversiones en infraestructura de acceso a servicios, impulsando soluciones basadas en la naturaleza como infraestructura verde, son una de las formas más eficientes y costo-efectivas para que las ciudades sean más sostenibles y resilientes.

Aprovechar las oportunidades que ofrecen todos estos desafíos solo será posible si la Argentina logra superar la falsa dicotomía entre producción y ambiente. Para ello, el cuarto eje se enfoca en el fortalecimiento de espacios de articulación federal como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y la generación una política activa de diálogo intersectorial: estos elementos deben ser la base para un nuevo consenso nacional que potencie el desarrollo de nuestro país.