La demora en la construcción de las represas de Santa Cruz podría derivar en un default argentino si no se firma una adenda financiera con un grupo de bancos chinos para posponer los primeros pagos previstos en el contrato original. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Béliz, vienen llevando adelante una negociación representantes del gobierno de Xi Jipping desde hace varias semanas con la mayor reserva posible.
China pretende empezar a recobrar ahora unosUS$ 1500 millones que ya destinó a la instalación de las centrales Néstor Kirchner-Jorge Cepernic (antes Cóndor Cliff-La Barrancosa), en los plazos que estaban previstos en el contrato original. Como la administración de Alberto Fernández no está en condiciones de devolver esos fondos, las entidades asiáticas que están a cargo del financiamiento suspendieron las líneas de crédito del proyecto, por lo que el futuro de la megaobra es incierto.
“Los bancos chinos realizaron una serie de desembolsos para cubrir la primera etapa de la obra. En 2017, el proyecto ejecutivo cambió por cuestiones técnicas, pero nunca se concretó la adenda financiera que contemple esas modificaciones. Ahora, la plata que habían girado los bancos se acabó y China no está dispuesta a seguir girando fondos. Es más, argumenta que el gobierno argentino debe empezar a devolverle lo que ya se prestó”, explicó una fuente que está al tanto de las negociaciones.
El problema central para la Argentina es que el contrato de financiamiento original se firmó de país a país y no contempla el avance de obra de la construcción. Es decir, la devolución del préstamos chino no está sujeto a que la construcción de las represas avance o se termine.
¿Qué es lo que reclama el gobierno chino?
En agosto de 2013 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le adjudicó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz a un consorcio conformado por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo.
En julio de 2014, durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país, se firmó el contrato de financiamiento con un grupo de bancos chinos. China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) se comprometieron entonces a aportar 4714 millones de dólares para financiar la obra a una tasa de interés Libor + 3,8 por ciento.
El crédito fue por quince años y contempló cinco años y medio de gracia para el capital, justo el plazo que se preveía para la construcción de las represas. Se suponía que el Estado recién iba a comenzar a pagar el préstamo una vez que las centrales estuvieran operando. De ese modo, los fondos para hacerlo provendrían del contrato de venta de energía.
Las demoras
Las sucesivas demoras que sufrió el proyecto por cuestiones judiciales y políticas, como la renegociación que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, y problemas técnicos, como la aparición de rajaduras en el terreno durante la construcción de la obra civil, llevaron a que los 66 meses del plazo de gracia se hayan cumplido y los bancos estén reclamando el comienzo de los pagos cuando las represas aún no están terminadas.
Esta situación forzó a abrir una negociación. La semana pasada, por ejemplo Guzmán y Béliz mantuvieron un encuentro con autoridades chinas del que también participaron funcionarios de la secretaría de Energía e IEASA (ex Enarsa), la empresa estatal que está formalmente a cargo de la obra. Consultados por este medio, voceros de IEASA declinaron de hacer comentarios.
Allegados al área energética del Poder Ejecutivo reconocieron, sin embargo, que el proyecto está frenado por falta de fondos para continuar con la construcción (al margen de que en esta época invernal, la certificación de trabajos es casi nula) e indicaron que China giró unos 1500 millones de los 4714 millones previstos originalmente. A raíz de ello, el gobierno busca una extensión del plazo para no verse forzados a desembolsar dinero por una obra que todavía no está concluida.
El problema es que, si no hay acuerdo, la Argentina podría caer técnicamente en default con el gigante asiático porque el contrato con los bancos chinos cuenta con cláusulas de cross default con otras líneas crediticias que están activas con entidades chinas.
El gobierno está explorando la posibilidad de retomar algunos trabajadores prioritarios en las represas con fondos del Tesoro nacional. «Estamos viendo si existe la chance, y es viable legalmente, se redireccionar fondos de otras partidas a la construcción de las represas. Pero aún no hay nada definido«, indicó un funcionario del área energética del Ejecutivo.
Tensión entre los socios
En medio de esta negociación también surgieron discusiones entre la china Gezhouba y Electroingeniería, aunque fuentes de la empresa que conduce Gerardo Ferreira relativizaron ante EconoJournal los problemas. “Como en toda unión de empresas existen miradas diferentes sobre los temas del desarrollo de un proyecto, se ponen sobre la mesa, se conversan y se busca consenso. Los ejecutivos y profesionales de ambas empresas trabajan de esa forma desde el inicio de la unión. Son proyectos de gran envergadura, complejos y con empresas con culturas diferentes en relación a la resolución de los temas. No es fácil la interacción, pero ya llevamos más de 7 años de trabajo conjunto y con idas y vueltas del proyecto que desacomodan a cualquiera. Sin embargo, tuvimos momentos más complicados en el proyecto y se han superado”, aseguraron.
Un comentario
Imagino que esta situación repercutirá en la venta del reactor nucelar. ¿Qué banco chino podrá dar un crédito por 8.000 milones de dólares, cuando Argentina no puede empezar a devolver un crédito de 1.500 millones?