El gobierno nacional le quitó por decreto a la Ciudad de Buenos Aires el 1,18 de la coparticipación federal y desató un enfrentamiento político con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anticipó que recurrirá a la Corte Suprema. La cifra en disputa son unos $30.000 millones. Una pequeña fortuna, pero que no alcanza ni siquiera para cubrir un mes de los subsidios que debe desembolsar el tesoro para que las tarifas sigan congeladas. De hecho, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) le pidió este mes al Ministerio de Economía unos $40.000 millones para cubrir la transacción económica correspondiente al mes de julio.
La deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA se disparó este año por el congelamiento de tarifas y la caída de la cobrabilidad provocada por la pandemia. Debido a esa situación, el gobierno se está viendo obligado a cubrir un monto de subsidios que crece de manera acelerada. En agosto Cammesa pidió $26.000 millones para cubrir la factura de junio y este mes reclamó $40.000 millones para pagar los subsidios de julio, uno de los meses más fríos de las últimas décadas.
Las demoras en concretar esos desembolsos por parte del Tesoro llevaron incluso a que Cammesa acumule una deuda cercana a $90.000 millones con transportistas, generadoras y petroleras
Futuro incierto
En el sector dan por hecho que la situación seguirá siendo complicada en los próximos meses porque el congelamiento tarifario con una inflación anual en torno al 40% significa una caída permanente de los ingresos reales.
A su vez, la continuidad de la cuarentena destinada a frenar la propagación del coronavirus afecta duramente la recaudación de las compañías. De hecho, muchas industrias y comercios que tuvieron que paralizar su actividad directamente dejaron de pagar, al igual que todos aquellos trabajadores que se encuentran sin ingresos.
El gobierno ya anticipó que el congelamiento tarifario seguirá hasta fin de año, pero lo que sorprende es la inacción de cara a lo que vendrá luego ya que no hay ninguna negociación en curso con las empresas para trazar un horizonte de recomposición de precios que permita dejar atrás de modo gradual la situación actual.
