El Enargas publicó ayer a última hora la resolución 27 firmada por Federico Bernal, interventor del ente regulador. En casi siete páginas de argumentos normativos que construyen la decisión del organismo, la medida deroga, en la práctica, la metodología utilizada para definir el precio del gas que pagan los usuarios residenciales, los comercios y las PyMEs. Elimina esa metodología, pero no la reemplaza por otra específica. Le abre la puerta a la arbitrariedad e indefectiblemente a una menor institucionalidad.

La resolución cosechó, como era de esperar, pésima receptividad entre las empresas productoras del hidrocarburos, que interpretan que el texto elimina toda previsibilidad en materia de precios del gas. El negocio gasífero de compañías como YPF, PAE, Total, Wintershall Dea y Pampa Energía, que ya estaba jaqueado por la devaluación y el congelamiento de tarifas, es hoy más incierto.

“Lo firmado en los contratos de venta con las distribuidoras es letra muerta, porque el Enargas se arroja ahora la potestad de no aceptar esos precios si considera que no son razonables. Suena lindo y puede seducir a la opinión pública, pero sinceramente: ¿quién puede invertir y encarar un proyecto de desarrollo de gas cuando no se sabe qué precio va a recibir a cambio?”, se preguntó el director comercial de una empresa que en los últimos años apostó por la explotación de gas no convencional en Neuquén.

Tres líneas de análisis

Tres disparadores permiten entender la génesis y las posibles implicancias de una resolución de alcance incierto.

1. El primer punto de análisis es que Bernal se cortó sólo y publicó la resolución sin consensuarlo —o al menos avisarles— al resto de los funcionarios con responsabilidades en la gestión energética del gobierno. Ni el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ni el secretario de Energía, Sergio Lanziani, ni el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, estaban al tanto de la resolución que firmó el interventor. Se enteraron por los medios cuando la norma ya estaba en el Boletín Oficial. Parece extraño —y hasta increíble— pero es así. Bernal decidió de manera inconsulta eliminar la principal referencia oficial para fijar precios en el mercado de gas. Es una decisión que en el actual contexto de emergencia por el Covid-19 no cambia demasiado porque cualquier aumento de las tarifas estaba descartado. Pero es un dato en sí mismo que Kulfas, último responsable de lo que pasa en el área energética, no haya validado la iniciativa. No hace más que dejar en evidencia las evidentes falencias de coordinación que existen entre los funcionarios. Manejar una crisis de esta envergadura con actores que ni siquiera se informan entre sí es una opción de riesgo innecesario.  
2. La resolución es polémica porque elimina la metodología que definía cómo se incorporaban los precios del gas a las tarifas residenciales. El famoso pass through. Pero, en rigor de verdad, no sorprende. No hace más que explicitar la posición que mantuvo Bernal en los últimos años, en los que denunció —desde sus notas en OETEC— que los productores vendieron el gas más caro de lo que podían. En el mientras tanto se produjeron dos fuertes devaluaciones del peso (en abril de 2018 y agosto de 2019) que tornaron abstracta la discusión. Con el dólar oficial en 67 pesos y el paralelo por encima de 100, las tarifas de gas que se pagan en la Argentina son más baratas que las que se abonan en Brasil, Chile y la mayoría de países que cuentan con servicios de gas natural. De hecho, por efecto de la crisis y la devaluación, el precio del gas cayó un 70% en los últimos 18 meses. Con esta resolución, el Enargas —un ente que debería contribuir a la discusión con datos técnicos— no hace más que atizar políticamente una batalla simbólica cada vez más extemporánea.
3. En la redacción de la resolución, fuentes consultadas por EconoJournal identificaron a Néstor Touzet, a cargo de la gerencia de Desempeño y Economía del Enargas, un técnico que lleva años en el organismo (integró el staff durante la presidencia de Mauricio Macri) y a María Tereza Pittorino Díaz, secretaria del Directorio, que también pasó por la gestión anterior y mantiene desde hace años una relación cercana con Antonio Pronsato, ex interventor del ente regulador durante el kirchnerismo. Pittorino Díaz es hija de Daniel Díaz, ex directivo de Odebrecht que fue investigado por la Justicia por el presunto pago de sobreprecios en varios grandes proyectos de infraestructura construidos en la Argentina.