La emergencia tarifaria será muy probablemente uno de los capítulos incluidos en el paquete normativo que el Frente de Todos prevé enviar al Congreso en los primeros días del gobierno de Alberto Fernández. No será el más importante. En el centro de escena están la renegociación con el FMI y acreedores privados; una estrategia para contener la inflación; y otras medidas para reactivar la actividad productiva.

Pero el articulado que prepara la administración entrante contempla la declaración de la emergencia tarifaria para dotar de herramientas al Estado para intervenir regulatoriamente en el segmento de transporte y distribución de gas y electricidad. Se buscará darle al Ejecutivo un marco legal para encarar un reordenamiento que las empresas descuentan porque saben que es inviable que los aumentos de tarifarios continúen con el cronograma actual.

Como primera medida, la emergencia del sector implicaría congelar por seis meses una nueva suba de las tarifas, según indicaron a EconoJournal fuentes cercanas al equipo económico del Frente de Todos. La idea es que el Congreso respalde la iniciativa. Después de todo, parece difícil que algún sector de la política se anime a cuestionar la medida en un contexto de crisis social que quedó evidenciada con el informe difundido ayer por la UCA que advirtió que la pobreza trepó en el tercer trimestre del año hasta un 40,8 por ciento.

La decisión final no está tomada, pero podría confirmarse en los próximos días una vez que se oficialicen la designación de Sergio Lanziani como secretario de Energía y de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo, quien a la postre tendrá la última palabra en materia energética.

¿Cómo se explica la emergencia?

Para viabilizar el último diferimiento del aumento que debía aplicarse el 1º de enero, el gobierno de Mauricio Macri autorizó la reducción del plan de inversión comprometido por las empresas de gas. Si bien la metodología para calcular el impacto de esa medida aún está en discusión en el seno del Enargas, las compañías admiten que para adelante ya no hay margen de seguir apelando a la misma fórmula de postergar los nuevos cuadros tarifarios a cambio de que los privados bajen sus desembolsos. Técnicamente no hay chance de seguir utilizando esa vía.

“Algunas empresas incluso tienen saldo a favor. Por más que reduzcan a cero sus inversiones en 2020 no alcanzarían a compensar un nuevo diferimiento del aumento de tarifas”, admitieron allegados al ente regulador.

La emergencia tarifaria funcionaría como un paraguas para reencauzar la relación con las empresas si la decisión política es congelar al menos hasta mediados de 2020 los cuadros tarifarios de las empresas de gas y electricidad.

“Es probable que el próximo gobierno busque algún acuerdo transitorio como el que intentó impulsar la UNIREN (la unidad a cargo de la renegociación de los contratos) en 2006. Es lógico. Lo difícil es encontrar una fórmula de salida para adelante ”, admitió el presidente de una distribuidora de gas. “En ese momento existía la Ley de Emergencia Económica, que daba amplias facultades al Ejecutivo para intervenir en el mercado”, agregó.