A sólo 20 días de dejar el poder, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que se pretende construir sobre el río Grande, en el departamento mendocino de Malargüe. La presión que proviene de la Casa Rosada busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical, Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos. El apuro generó resistencia en la secretaria de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman. La línea técnica de esa cartera, encargada de avalar el informe, ya le comunicó a funcionarios de la Jefatura de Gabinete que no firmarán el estudio de impacto ambiental (EsIA) de la obra porque consideran que falta documentación y, sobre todo, porque aseguran que no tiene sentido dar ese paso en medio de la transición de gobierno. Entienden que lo mejor es que la decisión la toma la próxima administración.

Historia

El proyecto Portezuelo del Viento tiene una larga historia que se remonta al año 2006. En aquel momento el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador de Mendoza Julio Cobos firmaron un acuerdo para avanzar con la construcción de la central. Mendoza había demandado al gobierno nacional ante la Corte Suprema por los perjuicios que supuestamente había sufrido con el régimen de promoción industrial que beneficiaba a las provincias vecinas. Cuando la provincia estaba cerca de obtener un resultado favorable, negoció desistir de la acción a cambio de una compensación del Estado Nacional consistente en financiar la presa y la central Portezuelo del Viento. El acta acuerdo se firmó el 29 de agosto de 2006 y la Corte Suprema homologó el acuerdo el 15 de diciembre de 2009, pero desde entonces la iniciativa viene siendo postergada. 

Macri reflotó la iniciativa en diciembre de 2016 con la firma de un nuevo acuerdo. Primero quiso llevarla adelante a través de un contrato de obra pública tradicional, luego intentó con un contrato de Participación Público Privada (PPP) y finalmente volvió a la primera opción.

El 13 de junio de este año el gobierno nacional firmó un nuevo acuerdo con Mendoza, aprobado a través del decreto 519/19. En la primera cláusula de ese convenio, el Estado Nacional asumió el compromiso de emitir letras intransferibles por 1023 millones de dólares, las cuales no devengarán intereses y cuyo cronograma de amortizaciones contempla desembolsos trimestrales hasta octubre de 2024. El primer giro era por 6,9 millones y debió haberse girado el pasado mes de octubre.

El proyecto incluye la construcción de una presa en hormigón compactado a rodillo de 178 metros de altura, con una capacidad de embalse de 1940 hectómetro cúbicos (hm3) y una central hidroeléctrica asociada con una potencia instalada de 210 MW. La central generará 889 GWh de energía al año, suficiente para abastecer aproximadamente a 130.000 hogares. Para tal fin se instalarán tres turbinas francis con una potencia instalada de 70 MW cada una. Se espera que los trabajos en el terreno comiencen el año próximo y tengan una duración de 5 años.

Presiones

En septiembre el gobierno provincial lanzó una licitación nacional e internacional y ahora presiona para que el gobierno apruebe el informe ambiental. El secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, Humberto Mingorance, es quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo.

El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación. Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.

Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder. De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental.

Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo.