El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmaron el pasado 28 de febrero un acta para avanzar con el traspaso de las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reconocieron a EconoJournal que será difícil cerrar esa transferencia este año en medio de la campaña electoral porque para ello es necesario poner fin a tres reclamos empresarios que, en algunos casos, se arrastran desde 2002.
Al final de la segunda página del acta se aclara que “las partes consideran necesario que, en el marco del traspaso, se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el EN y las distribuidoras”. A continuación se detallan los tres puntos pendientes de resolución:
a) Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el EN y las Concesionarias en 2006, y con el correspondiente Período de Transición (entre el 6 de enero de 2002 y la revisión tarifaria integral, RTI, que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017);
b) Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional (Nuevo Acuerdo Marco); y
c) Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.
La Revisión Tarifaria Integral de 2017 parecía haber saldado la discusión sobre los efectos de la pesificación de 2002, pero el punto a) deja en claro que todavía quedan reclamos pendientes de las empresas vinculados con el congelamiento tarifario y la demora que tuvo el Poder Ejecutivo para aplicar el acta acuerdo firmada con las distribuidoras en febrero de 2006. Además, en ese punto también están en juego las multas que se le fijaron oportunamente a las distribuidoras por los problemas en la calidad del servicio. Las firmas argumentan que a las mismas se les aplicaba el IVC (variación de costos) y a la tarifa no, por lo que se produjo un descalce.
A su vez, el reclamo incluido en el punto b) se debe a que los municipios firmaron con las distribuidoras convenios donde se hacían responsables del pago de medidores comunitarias en asentamientos y barrios carenciados, pero luego muchos dejaron de pagar. Esa deuda la asumió el Estado Nacional y es la que se está negociando.
Por último, en el punto c) las empresas reclaman, además de pagos atrasados de la tarifa social, por diferencias surgidas entre el monto efectivamente subsidiado al consumo y el estimado por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) a nivel del costo eléctrico mayorista.
Fuentes cercanas a la negociación aseguraron a EconoJournal que las diferencias están cerca de ser resueltas desde el punto de vista técnico, pero el problema es político ya que cualquier deuda que se reconozca a favor de las distribuidoras por el período 2002-2018, con tantos incumplimientos cruzados de por medio, seguramente será objetada judicialmente y si el funcionario nacional que haya avalado el cierre de esa negociación no tiene el poder político suficiente podría tener que iniciar un largo desfile por los tribunales.
