Uno de los argumentos a los que suele apelar la oposición para criticar la fuerte suba de las tarifas de gas y electricidad aplicada por el gobierno de Mauricio Macri señala que el aumento de la factura que pagan los hogares busca, en realidad, recomponer los ingresos de compañías controladas por empresarios cercanos al poder. La figura de Nicolás Caputo, uno de los mejores amigos del Presidente, aunque hoy pasa la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, es clave para articular esa retórica. Caputo es accionista minoritario de Central Puerto, un holding que maneja la generadora homónima de energía, la segunda del mercado, y tiene una participación no controlante en Edesur.

Central Puerto —cuyo presidente es Guillermo Reca, un ex Citi Bank de bajísimo perfil— fue, en efecto, una de las beneficiadas de la política de recomponer vía tarifas los ingresos de las empresas energéticas. Sin embargo, en las últimas dos semanas la empresa de Caputo protagonizó un clinch con la Secretaría de Energía, que dirige Gustavo Lopetegui, que contradice ese tipo de lecturas, tal vez demasiado lineales o maniqueas. Concretamente, Central Puerto transmitió al gobierno que está evaluando la posibilidad de desistir de la compra de la central eléctrica Brigadier López porque Energía cambió la regulación que establece cuánto cobran las generadoras de electricidad, según se informó en el programa Pasaron Cosas, que conduce Alejandro Bercovich en Radio con Vos.

Central Puerto se impuso en la licitación realizada por la empresa estatal IEASA (ex Enarsa), titular de la central Brigadier López, ubicada en Santa Fe. A fines de febrero, el directorio de IEASA aprobó la adjudicación. CEPU debe pagar ahora un monto de US$165,43 millones y hacerse cargo de una deuda financiera por US$161,11 millones con la ANSES, que fue quien solventó la construcción de la planta. Además, se comprometió a cerrar el ciclo de la y la obligación de completar las obras de cierre de ciclo de la usina, para lo cual debería invertir unos US$50 millones. Sin embargo, ahora la empresa está evaluando tirarse atrás con la operación.

¿Qué pasó? El 1º de marzo la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, que está bajo la órbita del área que conduce Lopetegui, publicó la resolución 1/2019, que modificó los esquemas de remuneración de la energía que generan las centrales térmicas. La mayor parte del EBITDA de Central Puerto proviene de lo facturan esas usinas, conocidas en la jerga eléctrica como “máquinas viejas” para diferenciarlas de las que tienen algún contrato de promoción especial firmado con el Estado (Foninvemem, Energía Plus, RenovAr y resolución 220 y 21, entre otros).

El impacto del ajuste que aplicó este mes la Secretaría de Energía varía según el tipo de central que tenga instalada cada empresa. Puerto es una de las más afectados por el recorte. Por eso, directivos de la empresa se reunieron la semana pasada con funcionarios de Energía para advertirles que, como resultado del cambio en la regulación, podrían bajarse de la licitación.

“Nadie esperaba que el gobierno publique algo así. Esperábamos algún tipo de ajuste en el cargo que percibimos por potencia disponible, pero siempre se había hablado de una mejora de la remuneración variable por energía generada, algo que finalmente no ocurrió”, señaló un alto ejecutivo del sector, que está al tanto del plantea de Puerto en la Secretaría de Energía.

“Aún no hay una decisión tomada. Se está evaluando qué hacer y la decisión final será de los accionistas. Pero el cambio de regulación afecta muchísimo”, explicaron a EconoJournal allegados a la empresa eléctrica.

El mensaje que transmitieron los funcionarios de Energía que se reunieron con Central Puerto se limitó a repasar los términos y condiciones de la licitación de IEASA. Si la empresa desiste de la compra de Brigadier López, el Estado accionará una caución por US$ 10 millones para cobrar la garantía que está establecido en el pliego.

La conexión con Vaca Muerta

Al margen de resolver una cuestión administrativa relevante a los actos del Estado, el clinch con Central Puerto tiene efectos colaterales que podrían afectar el desarrollo de infraestructura en Vaca Muerta, uno los puntos centrales en la agenda de Lopetegui por pedido del presidente Macri.

Es que el secretario de Energía aspira a financiar la construcción de un nuevo gasoducto troncal desde Vaca Muerta —para eliminar el cuello de botella en el segmento de transporte, una de las limitantes del desarrollo del gas no convencional— con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Es decir, el plan del gobierno es invertir en Vaca Muerta lo que recaude de las ventas de las centrales eléctricas. Si Central Puerto finalmente desiste de comprar Brigadier López, ese ecuación se complicaría de forma sustancial.