Preocupación del gobierno provincial
Polémica en Santa Cruz por un fideicomiso minero
1 de octubre
2018
01 octubre 2018
Por la reimposición de retenciones a la exportación, la canadiense Goldcorp suspendió la integración económica de un fideicomiso destinado a financiar obras en la provincia. Malestar en la gobernación de Alicia Kirchner.
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La reaplicación de reteciones a la exportación —definida por decreto por el presidente Mauricio Macri para incrementar la recaudación fiscal de cara a reducir el déficit primario de las cuentas públicas— volvió a afectar el clima de negocios en la industria minera. Por los cambios en la estabilidad fiscal, la canadiense Goldcorp, operadora del megayacimiento Cerro Negro, le comunicó al gobierno de Santa Cruz que dejará de aportar a un fideicomiso destinado a financiar programas y proyectos de servicios, inversión social y salud en la provincia. Allegados a la compañía indicaron a EconoJournal que el contrato de constitución del programa incluye una cláusula que, específicamente, suspende la integración económica del fideicomiso en el caso de que se modifique el marco tributario del sector. “El establecimiento de un impuesto al dólar exportado, que en la práctica funciona como una retención del 10%, termina con la estabilidad fiscal”, aclararon.

Desde la gobernación que encabeza Alicia Kirchner no compartieron la decisión.  “Nos parece un retroceso muy grande en la relación de la minería con la sociedad”, sostuvo el ministro de Producción, Comercio e Industria de la provincia, Leonardo Álvarez.

El fideicomiso fue creado en 2016 luego de un acuerdo alcanzado entre la gobernadora Alicia Kirchner y las principales mineras que operan en la provincia. El aporte se había negociado luego de que el Frente para la Victoria aceptara derogar un impuesto fijado durante la gestión anterior que gravaba a las mineras con un 1% sobre el valor de las reservas que poseían las minas.

El tributo había sido sancionado y promulgado en septiembre de 2013 como Ley provincial Nº 3318 con el título “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera” por iniciativa del entonces gobernador Daniel Peralta. La medida fue resistida por las mineras a punto tal que dos empresas elevaron un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerarlo violatorio de la Ley de Inversiones Mineras, sancionada a principios de los ‘90, la cual otorgaba estabilidad fiscal por 30 años.

La mina Cerro Negro, propiedad de la canadiense Goldcorp en Santa Cruz.

“El impuesto no había funcionado, había amparos por todos lados, las empresas habían sacado el pie del acelerador y la realidad es que se había frenado cualquier perspectiva de desarrollo de la minería”, aseguró una fuente provincial a EconoJournal. A raíz de ello, el 4 de diciembre de 2015 la legislatura provincial votó la derogación del impuesto. Cinco días después, el gobernador Peralta, que ya estaba con un pie afuera del gobierno, vetó la derogación, pero finalmente Alicia Kirchner dejó sin efecto la decisión de Peralta a través del decreto 144/2015 del 23 de diciembre.

Una vez derogado el impuesto, la nueva gestión firmó una serie de actas acuerdo con varias mineras en las que las compañías se comprometieron a realizar un aporte para financiar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial llamado Unirse. La ley 3476 del 16 de junio de 2016 aprobó las actas y autorizó al Ejecutivo a suscribir un contrato de fideicomiso para constituir un fondo fiduciario que sería administrado por la provincia, el cual fue creado a través del decreto 1188 del 21 de junio de 2016.

“Hasta la creación del fideicomiso, una localidad que estaba al lado de un yacimiento minero obtenía beneficios a los que no tenían acceso los pueblos más alejados. El fideicomiso fue la manera que se encontró para federalizar esos recursos dentro de la provincia”, señaló una fuente provincial. Todas las mineras empezaron a aportar a ese fideicomiso y el destino de los recursos comenzó a ser definido por el gobierno provincial.

El porcentaje del aporte varía en función de la cotización de la onza de oro. En el caso de Goldcorp, que figura en el acta como Oroplata S.A., si el precio de la onza de oro supera los 1250 dólares en el mercado bullón de Londres el aporte es de un 2% sobre el valor FOB de su facturación mensual, si oscila entre 1150 y 1249 dólares el aporte se reduce a 1,50%, entre 1000 y 1149 dólares el aporte es 1%, entre 750 y 999 dólares es 0,50% y si el precio de la onza cae por debajo de ese valor las empresas no aportan nada. Esos aportes permiten recaudar actualmente unos 500 millones de pesos por año, según datos del gobierno provincial.

Goldcorp incluso se comprometió a adelantar aportes hasta el fin de la vida útil de la mina, los cuales serían destinados a montar una línea de 132 para conectar a las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos al Sistema Interconectado Nacional. El country manager de la empresa, Marcelo Álvarez, quien había estado a cargo de la negociación, se fue a trabajar a Barrick.

 

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