Compulsa de Cammesa
Los entretelones del armado de la licitación de gas para usinas eléctricas
10 de agosto
2018
10 agosto 2018
El Ministerio de Energía trabaja contrarreloj para intentar empezar a comprar gas para las usinas de gas mediante licitación a partir de septiembre. Cammesa comprará, en una primera etapa, gas para cubrir el período septiembre-diciembre. Diferencia de visión entre petroleras.
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El Ministerio de Energía trabaja contrarreloj para intentar empezar a comprar gas para las usinas de gas mediante licitación a partir de septiembre. El área eléctrica que dirige Juan Luchilo trabaja en la redacción de un pliego licitatorio para adquirir gas para los últimos cuatro meses del año. El plan de Javier Iguacel contempla que Cammesa, la empresa mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), compre, en una primera etapa, gas a las petroleras para cubrir el período septiembre-diciembre. Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes gubernamentales y del sector privado. Una alternativa que se baraja es que la licitación corra por cuenta de IEASA (ex Enarsa), que posee un equipo aceitado para comprar cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL).

El Ministerio de Energía contempla, además, sacar una nueva licitación en diciembre o enero próximo para comprar gas a mediano y largo plazo. “El plan prevé una estrategia de corto plazo, que es comprar gas para los últimos cuatro meses del año. La idea es reformular el marco regulatorio para lanzar una licitación para garantizar el abastecimiento de gas durante todo 2019”, comentaron ejecutivos privados al tanto de la iniciativa.

Iguacel pretende liberar lo antes posible la compra de gas en cabeza de los generadores. Este primer movimiento estará monopolizado por Cammesa para facilitar su instrumentación. La transferencia de esa actividad a los generadores, como establece el marco regulatorio, quedará para una segunda instancia. Todavía no está claro cuál será la fecha de lanzamiento de la primera licitación. Energía quiere llegar a licitar la compra de combustible para septiembre, pero el proceso podría demorarse hasta octubre.

Cammesa paga hoy un precio definido de manera discrecional por el gas que consumen las plantas térmicas. El promedio a nivel país —surge del valor de cada cuenca productiva— es US$ 4,20 por millón de BTU. Así quedó establecido en la resolución 46/2018 del Ministerio de Energía, publicada el 1º de agosto, que bajó un 20% el precio que había definido el ex ministro Juan José Aranguren (5,20 dólares).

Iguacel pretende ahora reducir todavía más el costo del gas para generación. Por eso realizará la licitación tras el invierno, cuando por cuestiones estacionales (cae la demanda residencial) el precio del gas es más bajo.

Incertidumbre petrolera

En reserva, las principales productoras —YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía— dejan entrever rasgos de disconformidad con la iniciativa. Advierten sobre dos cuestiones principales.

  1. Reclaman una extensión del plazo de licitación. Salir a comprar gas por un período de cuatro meses —argumentan— no refleja la estacionalidad del mercado de gas argentino. “Es probable que se dé una carnicería entre los productores para colocar gas en las usinas. La licitación se realiza justo entrando al verano, que es cuando sobra gas en el país. Le pedimos al gobierno que licite por todo el año para contar con una mejor planificación de mercado y que exista mejor competencia”, explicó el presidente de una petrolera. Cerca del Ministerio de Energía responden que la urgencia por liberar el mercado llevó, primero, a comprar el gas para garantizar el suministro de las usinas hasta fin de año. Una vez cumplido ese objetivo se aggiornará el marco regulatorio del sector para transferir la compra de combustibles en cabeza de las generaciones y se licitará a un plazo mayor.
  2. Entre las principales petroleras no existe consenso sobre un punto central: ¿es justo que los productores beneficiados por el programa de estímulo a la producción no convencional de gas participen de la licitación? Las compañías alcanzadas por esa iniciativa —paradójicamente definida también en la resolución 46 de Energía pero de 2016— funciona como un seguro de precios, de la siguiente manera: el Estado paga una bonificación (un subsidio directo) a las compañías beneficiarias en concepto de premio que se surge de restarle al valor de estímulo (US$ 7,50 en 2018 y 7 en 2019) el precio promedio del mercado de gas. Así, por ejemplo, si los productores cobran una media de US$ 4,50 por el gas que entregan al mercado (distribuidoras, generadoras e industrias), el Tesoro abona este un subsidio equivalente a US$ 3 por millón de BTU hasta cubrir la diferencia con los US$ 7,50 por MMBTU establecidos en la resolución. Lo que plantean algunas petroleras —con YPF a la cabeza— es que las empresas que las beneficiarias (entre las que se destaca por Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint) del programa corren con ventaja para competir por sobre el resto porque podrían ofertar un precio menor de venta a sabiendas que luego cobrarán un subsidio plus. “El Ministerio debería limitar la participación de esas empresas porque está claro que están en una posición ventajosa por sobre el resto”, cuestionó el director de una petrolera. El gobierno no está convencido en excluir a ningún competidor.

0 Responses

  1. Mas allá de la contradicción entre subsidiar y rebajar, probablemente resultando en un menor costo para CAMMESA, el cambio abrupto de reglas de juego va en contra de la certidumbre, en un país donde esta es un bien muy escaso.
    Desregular un mercado de gas no es cosa de 5 minutos. En la Unión Europea el proceso lleva mas de 15 años y aún no se puede hablar de «mercado desregulado». Solo hay 3 mercados de gas desregulados en el mundo: UK, USA y Canada. El resto son meras aproximaciones. Es posible que, en el corto plazo tal medida de lugar a una baja de precio. Pero apenas será eso.
    En energía los cambios estructurales no conviene tomarlos en el medio de una crisis/tormenta, porque solo agregan incertidumbre, y de esta tenemos suficiente.
    La rebaja compulsiva de precios ya la probó el gobierno anterior. No cometamos el mismo error.

    1. Ing, puede accederse en USA a los valores de los contratos de largo y corto plazo q se van cerrando entre vendedores y compradores (productores, traders, distribuidores, generadores, industrias, exportadores)? Estos actores están obligados al disclosure de la información económica de sus contratos? Gracias.

  2. El hombre es el unico animal que tropieza dos veces con la misma piedra, salvo el Hommo Argentus que tropieza y ademas cabecea mil veces ala piedra

  3. Hoy no. Podrían hacerse públicos aquí?. Bueno habría que empezar por hacer públicos los contratos de transporte, y generar un mercado secundario líquido, transparente y no discriminatorio del transporte en poder de las distribuidoras para limitar el accionar de los friendly traders. Sobre esto, que supone conocer la trazabilidad de la molécula desde el pozo al consumidor, se debería replicar para las compra ventas de gas. Es posible y deseable un mercado spot en MEGSA que reúna esas condiciones, tal vez usando el concepto de punto nocional como en UK o Italia: en dicho punto todo el gas tiene el mismo precio. Pero no lo es hoy para mercados a plazo. Además solo para el mercado residencial existen mas de 30 precios diferentes. Finalmente, tenemos alta concentración tanto en la oferta como en la demanda. Mucho mas podría decirse pero, básicamente, estas son las cuestiones de fondo. Un saludo Gustavo

  4. Cuando termine este gobiero y encuentren que se subsidió el gas de extracción más cara, espero que los funcionarios que dejaron que pase esto rindan cuentas.

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Formalmente la intervención la hará el Inaes, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas, mientras que Cammesa aportará la gestión en cada institución. Son cinco distribuidoras bonaerenses, una de Entre Ríos y otra de Tierra del Fuego. El gobierno prepara más intervenciones porque el cálculo que hacen es que el sector de cooperativas eléctricas acumula una deuda de alrededor de 325.000 millones de pesos.
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