Las principales petroleras del país se reunieron ayer por la mañana en la sede de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) para analizar los impactos sobre el negocio petrolero de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno. Las empresas cuestionan, de manera especial, la creación del Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), un nuevo tributo incorporado en el artículo 137 de la reforma redactada por el Ejecutivo, que desde 2020 se aplicará sobre el gas que se produzca desde Vaca Muerta, la formación no convencional de la cuenca Neuquina. Concretamente, las petroleras advierten que la implementación del impuesto podría afectar –y hasta frenar- la llegada de inversiones por alrededor de US$ 5000 millones para extraer gas no convencional en Neuquén. Así lo indicaron a EconoJournal varias fuentes empresariales que en los últimos días estuvieron analizando el efecto económico de la medida.

“El sector energético representa alrededor de dos tercios de los flujos de emisiones. Asimismo, se trata de un sector en el que ya existe infraestructura para la administración tributaria, y una concentración de los contribuyentes que hace económico el cobro de estos impuestos. Las energías con baja intensidad en carbono suelen ser más trabajo intensivas que aquellas que reemplazan, y la transición energética puede, en algunos escenarios, representar un motor para el crecimiento de la economía. Es por todo esto que se promueve la introducción del impuesto a las emisiones de CO2 comenzando por el sector energético”, argumenta el Ejecutivo en los considerandos del texto fiscal que se introdujo en el Congreso.

El cobro de un impuesto al CO2, con fines recaudatorios, casi no tiene antecedentes a nivel global. En México se evaluó gravar la extracción de gas, pero finalmente la iniciativa fue desestimada. En Europa existen múltiples regulaciones contra la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero por lo general su naturaleza no es recaudatoria ni fiscal. Se establecen obligaciones a las empresas privadas de forma tal que aquellas que no cumplen con las metas de reducción de emisiones comprometidas deben comprar bonos verdes o títulos de desarrollo limpio. Es un esquema de promoción del cuidado del medio ambiente. La versión argentina es eminentemente recaudatoria. 

Tampoco hace demasiado sentido gravar una actividad, como la extracción de gas, sobre el que se pretende captar inversiones millonarias en los próximos cinco años. El artículo 137 de la reforma tributaria introduce una modificación del capítulo II de la Ley 23.966 (de Impuestos a los Combustibles y al Gas), que contempla la creación del impuesto al dióxido de carbono. A continuación, el proyecto oficial incorpora un cuadro que especifica el monto del tributo para cada combustible en particular. Así, para derivados líquidos como las naftas, solvente y aguarrás, será de $ 1,030 por litro. Para el gasoil será de 1,182 pesos. Y para el gas, de $ 0,854 por metro cúbico (m3). En este último caso, el tributo empezará a cobrarse a partir de 2020 de manera progresiva –aplicando un 20% cada dos años- para llegar a una imposición total en 2028. En dólares, el impuesto trepará ese año hasta los US$ 1,30 por millón de BTU, es decir, un 25% del precio promedio que pagan hoy los grandes usuarios industriales de gas, que ronda los 5 dólares.

El Ejecutivo realizó sus cálculos tomando como referencia un precio de US$ 25 por tonelada de CO2 emitida, según se establece en los considerandos de la reforma. De ese número se desprende que el precio utilizado como base imponible para calcular el impuesto es de $ 3,25 por metro cúbico de gas. El monto del tributo definido en la reforma -0,854 pesos por m3- representa un 26% del valor de venta del gas, una alícuota que, según el análisis extendido que realizan las empresas productoras, desalienta la inversión para extraer gas desde yacimientos argentinos.

“¿Cómo explico a mi casa matriz que el gobierno creará un impuesto al dióxido de carbono, prácticamente sin antecedentes a nivel global, que representará hasta un 26% del precio de venta del hidrocarburo?”, se preguntó el director de una las mayores petroleras del país. De la cita convocada ayer en el microcentro porteño –en las oficinasde la Ceph sobre avenida Córdoba- participaron directivos de YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall, Pluspetrol, Pampa Energía, Tecpetrol y CGC, entre otras. Las petroleras volverán a reunirse los próximos días a fin de definir una estrategia común para intentar frenar la imposición del impuesto al dióxido de carbono, al menos para el segmento de extracción de gas.

En el sector advierten que si el Congreso valida la creación del tributo podrían frenarse inversiones por alrededor de US$ 5000 millones en los próximos cinco años. Proyectos en Vaca Muerta como los de Tecpetrol en Fortín de Piedra (que contempla una inversión de US$ 2500 millones), Total en Aguada Pichana Este (cerca de US$ 500 millones comprometidos), PAE en Aguada Pichana Este y Aguada de Castro (cuyo desarrollo podría demandar más de US$ 1000 millones), y otros emprendimientos futuros de gas de YPF (Aguada de la Arena, por ejemplo), ExxonMobil (Bajo del Choique), Shell (Bajada de Añelo) y La Calera (Pluspetrol), podrían verse afectados por el animus reformista que promueve el Ejecutivo.

En la industria no terminan de identificar al escriba de la norma. Desde el Ministerio de Energía evitaron realizar comentarios al respecto. Pero directivos involucrados en el análisis de la reforma señalaron a este medio que la cartera que dirige Juan José Aranguren no estaría del todo de acuerdo con la aplicación del impuesto. Esas fuentes indicaron que la creación del tributo responde al ala ambientalista del Gobierno, entre los que figura el ministro del área, Sergio Bergman, y un sector del oficialismo que promueve enfáticamente el uso de energías renovables. En cualquier caso, quien figura como responsable final de la redacción de la reforma es Sebastián Galiani, secretario de Política Económica y hombre de confianza del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.