Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados y hombre de Mauricio Macri en la cámara baja del Congreso, anuló el dictamen que la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios había otorgado la semana pasada a proyectos de ley de desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval. No es una decisión usual en el ámbito del Congreso. Monzó bloqueó el avance de esas iniciativas por instrucción precisa de la Casa Rosada, que se opone a los proyectos avalados por sus dos principales fuerzas opositoras, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria (FPV).
En el Gobierno no están dispuestos a asumir el costo fiscal que acarrearía la aprobación de los proyectos que, entre otros puntos, prevén la eliminación de la carga impositiva (en especial, del ex ITC) del gasoil que consume el transporte fluvial de combustibles. Concretamente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no quiere que las iniciativas terminen erosionando todavía más el déficit de las cuentas públicas.
El proyecto de ley para modificar el marco regulatorio de la marina mercante y la industria naval fue impulsado, en un principio, por el Ministerio de Transporte con el objetivo de bajar los costos y elevar la competitividad del sector. El Ejecutivo intentó llegar a un consenso con la oposición pero en ese proceso perdió el control de la iniciativa.
Así, el martes pasado, Julio Solanas (FPV), titular de la comisión de Intereses Marítimos y hombre cercano a Miguel Ángel Pichetto, llegó a un acuerdo con representantes del FR para firmar el avalar, a través de un dictamen, que los proyectos se discutan sobre tablas en el recinto. Aún resta el aval de otras dos comisiones –Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina, e Industria, a cargo del massista José Ignacio De Mendiguren-, pero la Casa Rosada no quiere más sobresaltos y ordenó bloquear ahora el proceso.
En esa dirección, Mario Alberto Álvarez, subdirector legal y técnico de la Cámara Baja y uno de los alfiles de Monzó en Diputados, declaró la nulidad del dictamen otorgado por la comisión que preside Solanas. La nota, con fecha del 31 de agosto, argumenta que la oposición violó el artículo 108 del reglamento de la cámara, que impide dictaminar sobre iniciativas que no estén incluidas en el temario del día. Como los proyectos en cuestión no lo estaban, el Gobierno los anuló.
“Es una interpretación totalmente capciosa del reglamento. La oposición tenía los números y avaló los proyectos. El Ejecutivo los bloqueó porque está preocupado por el impacto fiscal”, explicó a EconoJournal un empresario marítimo que monitorea el avance de la iniciativa.
