Las mayores empresas petroleras del país –con YPF, Pan American Energy (PAE), Chevron, Total, Tecpetrol y Pluspetrol a la cabeza- se reunirán hoy con funcionarios del Gobierno para discutir un tema central en la agenda de los privados: el texto del decreto presidencial que reducirá los aranceles a la importación de equipos usados para la industria hidrocarburífera.

La cita tendrá lugar en la sede porteña del Ministerio de Producción, donde funcionarios del área recibirán a representantes de la Ceph, la cámara que nuclea a las empresas del sector. Uno de los anfitriones será Esteban Marzorati, director de Importaciones del Ministerio. La cartera que conduce Francisco ‘Pancho’ Cabrera es la que lleva la iniciativa en la redacción del decreto, que surgió como una promesa del presidente Mauricio Macri realizada a inversores petroleros durante su viaje por Houston en marzo de este año.

Para las petroleras, la baja de la carga impositiva que se cobra al ingreso de maquinaria y repuestos usados es uno de los drivers para motorizar el desarrollo de los campos no convencionales de Vaca Muerta. Quieren aprovechar la disponibilidad de equipos ociosos en EE.UU. a raíz de la baja del precio del petróleo.

En rigor, el decreto favorecerá fundamentalmente a Schlumberger, Hallliburton y Baker Hughes, las tres mayores empresas de servicios petroleros del planeta, que son las únicas que tienen equipos de completación de pozos disponibles en Norteamérica. Ni Weatherford ni otras empresas más pequeñas como Calfrac, EcoStim y San Antonio cuentan con disponibilidad de equipos.

Con la baja de la actividad en EE.UU., hoy existen sets de fractura –así se denomina al conjunto de equipos que se utiliza para fracturar hidráulicamente un pozo no convencional- ociosos en Texas, el corazón de la industria petrolera de ese país. A lo que aspiran las petroleras con proyectos en Vaca Muerta es a apuntalar con esos equipos usados el desarrollo de los campos no convencionales de Neuquén. Para eso quieren que el Gobierno reduzca la alícuota de las posiciones arancelarias que gravan la importación de esa maquinaria.

En 2013, con el petróleo cerca de los 100 dólares y la actividad a pleno en el shale norteamericano, la situación era a la inversa a la actual: las grandes empresas de servicios no tenían equipos disponibles para traer a la Argentina y terminaron encareciendo la explotación de Vaca Muerta. “Las productoras locales quieren aprovechar esa ventaja de oportunidad. Hoy hay equipos usados a bajo precio en EE.UU. que podrían venir a la Argentina y las petroleras creen que podrían contribuir a bajar los costos de desarrollo en el país, algo que no está del todo claro, aunque en algún punto parece razonable. El riesgo es pasarse de rosca y atentar contra la fabricación local de esa tecnología, dado que ya hay mucha maquinaria que ya se fabrica en el país a valores competitivos”, explicaron a EconoJournal desde una empresa de servicios.

El decreto en el que trabaja el Gobierno –de su redacción también participa el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren- prevé una segmentación en tres grandes grupos de todos los equipos y repuestos alcanzados por posiciones arancelarias que precisa la industria petrolera. Este medio accedió al borrador inicial de la normativa, que data de mediados de mayo, y sus anexos. Ese texto fue modificado sustancialmente en los últimos dos meses, pero el concepto sigue siendo el mismo: las empresas de servicios podrán importar equipos usados pero, en caso de que exista fabricación argentina de esa maquinaria, deberán comprometer inversión a futuro para adquirir esa tecnología en el país. En rigor, las empresas petroleras deberán comprometer una suma equivalente a un porcentaje a definir del al monto total erogado para importar equipos usados, a la adquisición de bienes nuevos fabricados en el país. La discusión entre los privados y el Gobierno es relativa a las alícuotas y plazos involucrados.

En ese sentido, la cámara petrolera presentó a fines de junio una propuesta al Ejecutivo para modificar los artículos 6 y 7, piezas angulares del decreto, que tendrá vigencia hasta junio de 2019. El borrador original establece que, para obtener el certificado de importación de equipos usados, las petroleras deberán conseguir primero el aval de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Producción, que tendrá 10 días para expedirse sobre la capacidad de provisión local de ese tipo de bienes.

La propuesta inicial de las petroleras era que sólo se acepte a los proveedores locales que sean capaces de ofrecer bienes fabricados en el país con un 80% de contenido argentino. “Es un porcentaje demasiado elevado. Ni siquiera en EE.UU. son capaces de fabricar equipos con un contenido doméstico tan alto”, advirtieron desde otra compañía de servicios. «Sabemos que es una cifra elevada. Después de discutirlo a fondo se decidió que una propuesta razonable sería pedir el 60% de contenido local», reconoció el gerente comercial de una petrolera.

A su vez, las empresas productoras quieren que el compromiso de inversión compensatorio por importar equipos usados empiece a regir recién al quinto año de entrada en vigencia del decreto. En ese sentido, aspiran a que, en una primera etapa, que se extenderá entre 2022 y 2027, el compromiso de inversión sea equivalente al 20% del monto total involucrado en la importación. Después de 2027, proponen elevar ese guarismo hasta el 50 por ciento. Así lo indicaron a EconoJournal tres ejecutivos petroleros sin contacto entre sí.

El principal fabricante local de equipos de perforación y completación de pozos es la compañía QM Equipment, fundada por los empresarios locales Adrián Ramos y Marcelo Guiscardo. La compañía tiene su fábrica en Mar del Plata y emplea a más de 230 trabajadores, de los cuales cerca de 40 son jóvenes ingenieros. Secco, por su parte, ensambla equipos para Halliburton. Y Palmero incursionó en la fabricación de fracturadores.

El decreto que firmará Macri en los próximos días podría afectar la estabilidad laboral en el tejido fabril de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal está al tanto de esa riesgo. De hecho, intervino ante funcionarios de la Casa Rosada para pedir un cuidado extremo en la redacción del decreto.

La gran discusión radica en la posición arancelaria que recibirán los equipos que integran los sets de fractura, fundamentalmente los fracturadores (bombas de alta potencia). Las petroleras y compañías de servicio pretenden que esa maquinaria integre el Grupo o Anexo III del decreto, reservado para los productos que no tienen fabricación local y que, por lo tanto, no exigen un compromiso de inversión compensatorio. Representantes del ámbito industrial se oponen en defensa de los establecimientos fabriles con capacidad de producción de esa tecnología.

En 2013, la capacidad de equipos de fractura instalada en el país era de 100.000 HHP. Hoy asciende a cerca de 600.000 HHP. QM Equipment fabricó en el país equipos por 125.000 HHP, es decir, un 22% del total, según un relevamiento privado al que accedió este medio. El resto es maquinaria extranjera que, en gran medida, ingresó al país bajo el régimen de importación temporal y aún tiene pendiente su nacionalización.

A su vez, las compañías petroleras sugirieron la introducción de algunos artículos del Decreto 927/2013, redactado por el ex ministro de Economía Axel Kicillof para favorecer la importación de equipos petroleros. “Esa norma nunca terminó de aplicarse por la negativa de algunos sectores de la industria. Si se aplicara, hoy podría ser más competitiva que el borrador inicial del decreto que prepara el Gobierno. Por eso se pidió la introducción de algunos apartados de esa norma”, reconocieron en una petrolera. Se espera que la versión definitiva de la norma se conozca en aproximadamente 15 días.