Pasó prácticamente desapercibido y aún no termina de ponderarse su impacto, pero la suba de tarifas del gas aplicada el 1° de abril incluyó un capítulo adicional que le ahorró al Estado el desembolso de una cifra millonaria en el futuro, superior a los US$ 3500 millones. Es que como condición para acceder a los nuevos cuadros tarifarios, el Gobierno exigió a las las compañías distribuidoras y transportadoras -un grupo liderado por Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi, TGN y TGS- que desistan de la posibilidad de hacer juicios por la demora en la recomposición de sus ingresos. No fue una negociación sencilla. Todo lo contrario. El documento en el que los privados accedieron al pedido del Ejecutivo se firmó ya muy entrada la madrugada del viernes 31 de marzo, apenas horas antes de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, encabezara una conferencia de prensa para dar a conocer los alcances de la nueva suba del gas.

Dueños y ejecutivos de máximo nivel de las compañías gasíferas terminaron de rubricar el texto negociado con el Gobierno a las 4 de la mañana de ese día. En la sede oficial del Enargas (ente regulador del gas) pudo verse a Alejandro Macfarlane, propietario de Camuzzi, y a Claudio Perez Moore, accionista de EcoGas y mano derecha de Guillermo Reca en Sadesa, el holding controlante de la distribuidora que también integra el empresario de la construcción Nicolás Caputo.

Por el lado del Gobierno, la negociación se concentró únicamente en dos personas: David Tezanos, interventor del ente, y Juan Manuel Carassale, coordinador de Asuntos Legales del Ministerio de Energía, que en la últimas semanas se abocó contrarreloj con su equipo –conformado por abogadas de planta de la cartera que dirige Aranguren- a la discusión legal con cada firma concesionaria. La meta del Gobierno era concreta: las empresas debían desistir de cualquier instancia judicial existente o futura por el no cumplimiento de los contratos en el pasado, condición excluyente para que se aprueben los nuevos cuadros tarifarios.

A la vista de los hechos, la jugada del tándem Tezanos-Carassale terminó siendo acertada. Es que con la aceptación de los privados cerró un problema del pasado reciente. Durante el kirchnerismo, casi todas las licenciatarias firmaron actas acuerdo con la Uniren (la unidad que había creado aquel gobierno para que liderara la renegociación de contratos) y el Ministerio de Economía. Allí se establecía que la revisión tarifaria integral debía culminar en febrero de 2009, lo que no ocurrió. La demora en la recomposición de sus ingresos abrió una enorme puerta para que plantearan juicios contra el Estado, algo que ya hicieron algunas empresas, como British Gas, ex accionista de Metrogas, y un socio actual de la distribuidora Camuzzi. Con el documento avalado por los privados, el Gobierno obturó esa posibilidad.

Para el Estado representa a futuro un ahorro multimillonario. Según un relevamiento realizado por EconoJournal entre empresas gasíferas que coincide con los números que manejan en despachos oficiales, el Tesoro evitó juicios de las 11 concesionarias del sector gasífero –nueve distribuidoras y dos transportistas- por más de US$ 3500 millones por el congelamiento de tarifas durante el kirchnerismo. Sólo TGS –que transporta el gas proveniente del sur del país y posee una planta separadora de líquidos en General Cerri- estaba en condiciones de reclamar un monto cercano a los US$ 1200 millones al Estado. Era una de las empresas que se había negado a firmar un acuerdo transitorio con la Uniren en 2008. Metrogas y Camuzzi también contaban con elementos de peso judicial para exigir una indemnización millonaria por los más de 15 años en que sus ingresos se mantuvieron invariantes.

“Según los números que circularon informalmente durante los últimos 10 días, el monto total en juicios que evitó el Estado era de US$ 3400 millones”, indicó un ejecutivo que negoció en persona con Tezanos y Carassale la renuncia de su empresa. Esa cifra se desprende de un ejercicio contrafáctico realizado por el ente para determinar la cifra que le correspondería a las concesionarias gasíferas hasta el 31 de diciembre de 2015. A eso habría que sumarle otro US$ 200 o US$ 300 millones más por lo correspondiente a 2016 y el primer trimestre de 2017.

“El acuerdo implica cerrar un capítulo complejo que podía extenderse en el tiempo con perjuicios millonarios para el Estado. Permite reencauzar y oxigenar la relación con los concesionarios”, admitieron desde otra empresa gasífera.