Un improvisado menú de empanadas de carne y coca light amenizó la interminable noche del 30 de marzo pasado en el segundo piso de la sede porteña del ente regulador del gas (Enargas), cuando algunos propietarios y los máximos ejecutivos de las empresas gasíferas terminaron de cerrar con el Gobierno la letra chica del aumento de tarifas anunciado por el ministro Juan José Aranguren pocas horas después.
La Casa Rosada jugó a fondo al condicionar las nuevas subas a que las compañías gasíferas -un grupo liderado por Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi, TGN y TGS- desistan de cualquier instancia judicial existente o futura por el no cumplimiento de los contratos en el pasado.
El balance de esa maratónica jornada, que se extendió hasta las 5.30 del viernes 31 y obligó a extender hasta esa hora el cierre del Boletín Oficial, fue exitoso para el Gobierno. Es que con el desestimiento firmado por los 11 concesionarios del sector gasífero –nueve distribuidoras y dos transportistas- el Estado se ahorró una cifra millonaria en juicios superior a los US$ 3500 millones, según cálculos realizados en despachos oficiales.
La representatividad del Ejecutivo en la negociación recayó en David Tezanos, interventor del Enargas, y en Juan Manuel Carassale, coordinador de Asuntos Legales del Ministerio de Energía y hombre de confianza de Aranguren, que hasta último minuto se abocó en forma personal a la discusión legal con cada compañía. Por los empresarios dijeron presente Alejandro Macfarlane, propietario de Camuzzi, y Claudio Pérez Moore, accionista de EcoGas y mano derecha de Guillermo Reca en Sadesa, el holding controlante de la distribuidora de gas de Córdoba que también integra Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Mauricio Macri.
Como moneda de cambio el Ejecutivo también tuvo que ceder en algunos puntos. El primer borrador del documento del acuerdo fue entregado a los privados a mediados de febrero y tenía una extensión de seis carillas. Ante la negativa de las empresas a rubricar ese texto, se decidió firmar un acuerdo más acotado de una carilla, complementado luego por actas compromisos con cada concesionaria para atender las problemáticas de cada empresa. Son actas no vinculantes que no implican que la renuncia a la arena judicial esté atada al cumplimiento de lo redactado.
Así, por ejemplo, el Gobierno cedió en su reclamo a que Metrogas, la mayor distribuidora del mercado, devuelva en efectivo el monto obtenido de una sentencia favorable en la Justicia por la no recomposición de tarifas durante casi 15 años. A cambio, aceptó que la empresa controlada por YPF comprometa ese dinero a obras de ampliación de su red. Con EcoGas, en tanto, la intención es reconocerle una acreencia a su favor por una asistencia económica no cobraba en 2015 cuando el Ministerio de Economía estaba a cargo de Axel Kicillof. Y con Camuzzi Gas del Sur, que brinda el servicio en el sur del país, la idea es encontrarle una solución a una deficiencia estructural que tiene la empresa cuento a la percepción de IVA, dado que la distribuidora paga el impuesto cuando compra gas a los productores pero no puede descargarlo cuando lo vende porque los usuarios residenciales de la región Patagónica están exentos de ese tributo.
