La gobernación catamarqueña avanza en la implementación de cambios en la reglamentación del decreto 202/13 relacionado con la inversión de regalías mineras por parte de los municipios. Se busca agilizar el trámite de la presentación y aprobación de proyectos para que los municipios pongan a funcionar los recursos que recibirán este año por la liquidación de regalías del año pasado. Se trata de los últimos recursos mineros que recibirá la Provincia ya que el principal yacimiento, Bajo La Alumbrera, está en su etapa final.

En 2013, esta gestión de Gobierno emitió el decreto 202 por el que creó la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos en el ámbito del Ministerio de Producción y Desarrollo. En esa oficina, los municipios debían presentar los proyectos y un equipo evaluaba si cumplía con los objetivos planteados en la ley de regalías mineras; es decir que sea para financiar las obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas, según publicó El Ancasti.

Fuentes del Gobierno explicaron que el decreto continuará vigente pero se cambiará la reglamentación para agilizar la aprobación de proyectos. Esto permitirá, por ejemplo, que los intendentes puedan presentar un anteproyecto y si es aprobado pueden comenzar con los trámites de la ejecución.

En la actualidad, los jefes comunales presentan un proyecto ante la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos que realiza un primera evaluación y luego lo deriva al área relacionada con el proyecto presentado (Servicios Públicos, Turismo, Recursos Hídricos, etc). Esa área elabora un acta en la que resuelve si se aprueba o sugiere modificaciones. Ese documento tiene que ser firmado por todos los miembros de la Comisión, lo que implica una demora en el trámite del expediente.

Se pretende ahora que cuando ingrese un proyecto se reúna la comisión y defina si se aprueba o no el proyecto a través de una resolución del ministro de Producción, Raúl Chico. Recién entonces irá al área competente para que haga aportes o modificaciones. Mientras tanto, el intendente podrá comenzar con los trámites para la ejecución.

Los cambios apuntan a agilizar los trámites de los proyectos. No obstante, en el Gobierno señalan que las demoras obedecen más a la responsabilidad de los intendentes en relación con la presentación de la documentación requerida.