El equipo de Energía de la Fundación Pensar, el think tank vinculado al macrismo, cuestionó con dureza el proyecto oficial destinado a ampliar el régimen de subsidios a los consumos de gas en la Patagonia. “Es una fórmula para fomentar el conflicto entre los ciudadanos, donde cada uno reclama un beneficio para sí que deben pagar el resto de los habitantes del país, incluso los más vulnerables”, señala el texto, que será utilizado como insumo por los legisladores de Cambiemos en el debate parlamentario.

El documento —al que accedió EconoJournal— desmiente además que el proyecto no implique un mayor costo fiscal: “El Estado Nacional debe financiar entre 30 y 60 por ciento de los costos del sector. En este contexto es ilusorio decir que el subsidio se autofinancia porque existe un cargo a la demanda para financiarlo. Todo aumento de tarifas que no se dirige a reducir el costo fiscal del sistema energético está siendo financiado por el gasto público”, se remarca en el informe.

Críticas al sistema

El documento de la Fundación Pensar remarca que “los subsidios generalizados en las tarifas de gas natural benefician mayoritariamente a los sectores de mayores ingresos” y sostienen que esa afirmación ha sido ratificada incluso por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Por su impacto en el costo de la generación de energía eléctrica, todos los usuarios de energía eléctrica del país, aún aquellos en zonas de altas necesidades básicas insatisfechas en Formosa, pagan parte del costo de gas natural de los  empleados en Tierra del Fuego, que tienen salarios entre los más altos del país”, subraya el informe.

A su vez, se remarca que, al superponerse a otros subsidios, el esquema profundiza la discriminación entre usuarios vulnerables a lo largo del país: “Un usuario de tarifa social en la Provincia de Santa Fe parecería ser menos vulnerable que uno en la Provincia de La Pampa, o menos merecedor de la protección del Estado Nacional”.

También cuestiona, como se mencionó más arriba, el argumento oficial que sostiene que el proyecto no implicará un mayor costo fiscal. “No es necesario repetir que el dinero es fungible y los ingresos fiscales son fungibles. El incremento en la recaudación del fondo fiduciario es utilizado para incrementar el gasto público en un subsidio ineficiente que beneficia a los sectores de mayores ingresos”, se remarca.

Por otra parte, tal como detalló este medio, se afirma que el esquema actual tiene severos problemas estructurales generando a las distribuidoras de gas natural un crédito fiscal irrecuperable que deriva en la imposibilidad de financiarlo.

Cambio climático y tarifa social

La Fundación Pensar recuerda también que la Argentina asumió compromisos internacionales respecto del combate al cambio climático, entre los cuales figura la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles que generan demanda ineficiente. “No hay más que ver los resultados del consumo de energía durante el período 2007-2015 para ver el incremento del consumo por usuario de energía en respuesta a los enormes subsidios que entregó el Estado Nacional. Se eliminó cualquier incentivo a la eficiencia energética de los hogares, por el contrario incentivándose los consumos adicionales por parte de los sectores de altos ingresos que reciben la mayor parte de estos subsidios”, afirma el think tank macrista.

“Profundizar los subsidios generalizados es una barrera al desarrollo de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de CO2 asociadas el consumo de combustibles fósiles. Cuando el resto del mundo considera la inclusión del costo social de las emisiones de CO2 en los precios de la energía, la Argentina camina en el sentido contrario”, se agrega en el documento.

Por último, afirman que el gobierno podría avanzar con la segmentación de tarifas a partir del esquema de Tarifa Social Federal implementado por el gobierno de Macri. “La razón de no avanzar en esta dirección es ideológica: significaría validar un instrumento creado por la oposición”, remarca el informe. “El gobierno actual parece querer volver a los instrumentos distorsivos que llevaron a la crisis del sector en términos de subsidios, de reducción de la oferta y de falta de inversiones”, concluyen.

El origen de la tarifa diferencial patagónica

El informe de la Fundación Pensar se remonta a la sanción de la ley del Gas 24.076 para explicar el origen del subsidio a la Patagonia. Se recuerda que a diferencia del sector eléctrico, el marco regulatorio del gas incluyó la potestad para que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso Nacional el otorgamiento de subsidios, con la condición de que sean explícitos y estén contemplados en el Presupuesto.

“Estos subsidios buscaban una transición gradual del esquema distorsionado de tarifas de Gas de Estado, y se refería exclusivamente a los consumidores residenciales de la Patagonia, y a los jubilados y pensionados. Mientras que el subsidio a los jubilados se transfirió al haber jubilatorio a mediados de la década del ’90, el subsidio al consumo residencial de la Patagonia a través de tarifas diferenciales continuó, enfrentando una crisis de financiamiento entre 2000 y 2001”, se recuerda en el documento.

En respuesta a la crisis de financiamiento de la tarifa diferencial patagónica, en 2002 se creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas para subsidiar el consumo en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como «Puna”, agregada en 2003. De este modo, la tarifa diferencial dejó de ser financiada con fondos públicos para pasar a ser afrontada con un recargo a la demanda de gas natural, incluyendo aquella de las zonas beneficiadas por los subsidios.

Financiamiento estatal

En un comienzo el recargo fue establecido en 0,004 pesos por metro cúbico de gas natural, pero ese valor fue perdiendo peso de la mano de la inflación y la devaluación del peso. “Para el año 2015 cubría solamente el 30% de los requerimientos del fondo fiduciario, aun en una situación de tarifas congeladas que no cubrían los costos”, remarca el informe. Eso significa que el Estado no solo subsidiaba las tarifas de gas natural y electricidad sino también el esquema de subsidios teóricamente autofinanciado.

En noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Energía fijó el recargo en 2,58% con el objetivo de que dicho fondo pudiera financiar la totalidad del costo de las tarifas diferenciales. En septiembre de 2018 se elevó el porcentaje a 2,96% y finalmente en mayo de 2019 se lo llevó a 4,46%, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlo hasta el 7,5%.