El gobierno evalúa autorizar a las distribuidoras gasíferas a cobrar un cargo extra en la factura de gas destinado a financiar inversiones y gastos corrientes en medio de la crisis. Frente a la decisión de postergar hasta fin de año la actualización de las tarifas residenciales, la propuesta se la acercó la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, hace algunos días y en principio fue bien recibida, aunque recién se está empezando a conversar sobre el tema.
Focegas
Adigas le propuso al gobierno que el fondo, al que denominan informalmente como Focegas, estuviera integrado por un cargo fijo de 200 pesos en cada una de las facturas de los usuarios residenciales. En ese caso, en los hechos, la medida redundaría en un aumento de las facturas de gas que pagan los usuarios domiciliarios.
Otras fuentes privadas, en cambio, no descartaron incluso que los recursos los ponga el Estado.
Las empresas —Metrogas, Camuzzi, Naturgy y EcoGas, entre las principales— remarcan que el fondo será para avanzar con inversiones, ya que saben que es la mejor forma para legitimar políticamente la iniciativa, aunque en el contexto actual de caída de ingresos y tarifas congeladas la intención es que también pueda servir para evitar que colapse la cadena de pagos porque las distribuidoras vienen demorando los pagos a los productores. YPF, el mayor productor de gas del país, y otras petroleras como PAE, Pluspetrol, Total, Wintershall Dea y CGC vienen advirtiendo sobre esa situación.
Los representantes de las distribuidoras tienen previsto conversar sobre el tema este viernes con el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal. EconoJournal le preguntó ayer a Bernal su opinión sobre el tema y el funcionario se mostró interesado. “El Focegas es una idea que estamos trabajando en el ente. Nos gustaría porque consideramos fundamental reactivar las obras paralizadas por la administración anterior. Consideramos neurálgico que se reactiven todas esas obras”, respondió.
El antecedente
Las empresas toman como ejemplo a seguir el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) creado en noviembre de 2012 por el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENRE) a partir de la aplicación de un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios.
Para disponer de aquellos recursos se creó entonces una cuenta especial para cada distribuidora, administrada por un fideicomiso, con la intención de que los fondos fueran utilizados en forma exclusiva para “la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de las concesionarias”.
Luego del colapso que registró la red de distribución eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires en diciembre de 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner optó por quitarles a Edesur y Edenor el manejo del Focede, el cual a partir de entonces comenzó a ser administrado por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión, que encabezaba Roberto Baratta. A partir de entonces ese fondo comenzó a canalizar una gran cantidad de recursos provenientes fundamentalmente del Estado Nacional.
El 27 de enero de 2014, Edesur suscribió un acuerdo por orden de la secretaría de Energía con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) para que fuera esta última la encargada de financiar parte de las obras con fondos públicos, cesión que se formalizó a través de un préstamo. Un acuerdo similar firmó Edenor en septiembre de ese mismo año. A través de esos contratos Cammesa transfirió a Edesur 3956 millones de pesos y a Edenor otros 2913 millones.
