El gobierno descongelará a partir de abril el Impuesto a los Combustibles Líquidos, pero el gravamen no impactará en el surtidor porque será absorbido por los refinadores. La decisión es parte de un acuerdo que incluirá la fijación de un “barril criollo” y el establecimiento de retenciones móviles a la exportación de crudo.

El Congreso Nacional votó en diciembre de 2017 una amplia reforma tributaria que, entre otras cuestiones, modificó el impuesto a los combustibles previsto en la ley 23.966. A través del decreto reglamentario 501, se estableció que la AFIP debe actualizar el ICL en enero, abril, julio y octubre de cada año a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec correspondiente al trimestre calendario que finaliza el mes inmediato anterior al de la actualización. Sin embargo, desde entonces fueron pocas las veces que se respetó lo pautado.

El año pasado el gobierno de Mauricio Macri postergó total o parcialmente la suba del impuesto durante varios meses. Una vez perdidas las elecciones, se autorizó que en dos meses se traslade a precios todo el componente del ICL pendiente, pero ni siquiera eso se cumplió porque en noviembre del año pasado se volvió a modificar el cronograma previsto.

Luego de frenar el aumento de combustibles previsto para fin de año, el gobierno de Alberto Fernández volvió a introducir cambios difiriendo la aplicación del ICL, primero en para febrero, luego para marzo y finalmente para abril. Ahora finalmente el gobierno aplicará el ajuste luego de asegurarse de que no impactará en el consumidor.

Esto fue posible porque parte de la mejora de márgenes que iban a lograr los refinadores a partir de la baja del crudo, en un contexto donde los precios de los combustibles se mantuvieron sin cambios, será destinado a absorber ese costo.

El acuerdo por un nuevo “barril criollo” fue parte de esa negociación porque se le fijará un precio sostén a los productores, pero no los 54 dólares por barril que pedían los gobernadores de las provincias petroleras. Será una cifra más baja para que de ese modo los refinadores recompongan márgenes. Se habla de un valor que se ubicaría entre los 40 y los 54 dólares. De ese modo, los productores mantienen un precio por encima de la paridad de importación, los refinadores logran una rebaja en los precios del crudo y el Estado incrementa ingresos a partir de la aplicación del ICL.  

El acuerdo contempla también la fijación de retenciones móviles vinculadas al precio internacional para amortiguar las variaciones extraordinarias por motivos exógenos al mercado. Todavía no están definidas, pero se estima que por debajo de un precio internacional de 30 dólares por barril la alícuota sería de 0 por ciento y recién cuando supere ese umbral comenzarían a subir.