El nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lideró ayer por la tarde la reunión del gobierno con los máximos ejecutivo de la industria y con cinco gobernadores de provincias petroleras. También estuvieron presentes el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el interlocutor del Ejecutivo que mantiene mejor diálogo con los mandatarios provinciales.

La convocatoria sirvió, fundamentalmente, para intentar neutralizar el encono de los privados tras el decreto que congeló por 90 días el precio de los combustibles y del petróleo en el mercado interno, en lo que fue una medida de intervención inédita sin precedentes que podría provocar un brusco parate de la inversión en el upstream de hidrocarburos.

No se anunció, en concreto, ninguna medida paliativa para suavizar el impacto ni tampoco se corrigió el esquema técnico con el que se instrumentó el congelamiento, que perjudica especialmente a los productores no integrados. Desde ese punto de vista, no fue un encuentro fructífero. “No cambió nada de lo que ya conocíamos”, lamentó el vicepresidente de una empresa petrolera que participó del encuentro.

Sin embargo, sí hubo espacio para que algunos actores privados esbozaran alternativas para matizar el costo de la medida. Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, presentó una propuesta novedosa que será estudiada por el gobierno, aunque su aplicabilidad no será sencilla. El titular de la petrolera controlada por el Estado planteó una maniobra de naturaleza financiera para compensar a las empresas productoras y refinadoras.

¿En qué consiste? El esquema funciona en tres fases:

1. Gutiérrez propuso que las compañías petroleras compren bonos soberanos (Bonar 2020) que hoy cotizan bajo de la par como resultado de la crisis cambiaria y la debilidad del gobierno. Los adquieren en el mercado abierto a fin de capturar el descuento al que accedan los tenedores interesados en desprenderse de esos activos financieros.
2. Luego le cederán los títulos financieros al gobierno, que a su vez les reconocerá a las empresas el valor técnico de los bonos, aunque deberá restarse la parte correspondiente al impuesto a la venta de combustibles  
3. La diferencia resultante entre el valor de descuento de los bonos y su valor técnico se distribuirá en la cadena de la industria (refinadores y productores) como si hubiera sido un ingreso en surtidor por el expendio de combustibles.

¿En qué se beneficiaría el gobierno?

Por un lado, rescataría bonos de deuda que hoy traccionan negativamente por la debilidad cambiaria, aunque la ventaja principal es que desactivaría el conflicto con las empresas. En los hechos, el esquema funcionaría como un rescate por anticipado de esos títulos que sería en parte financiado por las petroleras. “Es una buena solución para todos. Habrá que ver qué responden la semana que viene desde el gobierno”, señaló otro directivo que participó del encuentro. 

La alternativa operaría como una transferencia de recursos hacia las petroleras, que en los hechos terminaría teniendo el impacto similar al de un subsidio, ya que no es que el Estado Nacional el que compraría su propia deuda en el mercado sino las empresas privadas, las cuales luego se lo canjearían al Ejecutivo al precio nominal. La diferencia con otras operaciones de canje es que en este caso el Estado recaudaría su porción correspondiente al ICL. Fuentes del Ejecutivo plantearon dudas ya que no saben si el Fondo Monetario validaría la jugada.

Estabilizar la macro

Se estima que, en conjunto, la industria perderá unos US$ 500 millones por el congelamiento hasta mediados de noviembre. Lacunza escuchó la propuesta formulada por el presidente de YPF, que también puso otras alternativas sobre la mesa como la reducción del IVA sobre la venta de naftas y gasoil y la retracción del ITC. Se mostró predispuesto a evaluar las alternativas, aunque advirtió que no ve con buenos ojos que se siga afectando la institucionalidad tributaria del sector, dado que el gobierno postergó en los últimos meses el cobro del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Lacunza enfatizó que, antes de elucubrar cualquier alternativa para acortar o suavizar el impacto negativo del congelamiento, hay que estabilizar la situación macroeconómica. “Sin una macro estabilizada es imposible aplicar ninguna solución”, destacó. Las empresas ya dan por descontado que el congelamiento regirá al menos por 30 días, pero se entusiasman con la posibilidad de que el congelamiento se flexibilice antes de lo previsto, tal vez en octubre, si el ministro efectivamente logra llevar tranquilidad al mercado cambiario.