La Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH) que nuclea a las petroleras le presentó ayer una carta al presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enargas), Mauricio Roitman, donde solicitan que se de marcha atrás con la pesificación de los contratos del gas, que el gobierno llevó adelante en los últimos meses sin hacer ningún tipo de propaganda sobre el tema.
En el breve escrito, la entidad remarca que es de vital importancia para la industria mantener los contratos en dólares con precios que reflejen el tipo de cambio a la fecha de pago. EconoJournal detalló el 15 de febrero que la pesificación de los contratos fue una de las razones por la que el precio del gas para los hogares en la última subasta fue mayor al esperado. Luego del conflicto que se generó el año pasado cuando el gobierno intentó trasladar a los usuarios del gas, tal como preveía la normativa, el costo extra generado en las tarifas por la devaluación del peso, el decreto 1053 del 15 de noviembre de 2018 le trasladó el riesgo cambiario a los productores en su artículo 8: “Determínase que a partir del 1º de abril de 2019 los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional”, dice el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, que pasó relativamente desapercibido para la opinión pública en general, pero, obviamente, no para las empresas.
Como consecuencia de ese artículo 8, el 11 de febrero de este año Enargas dictó la resolución 72/19 donde precisó la metodología de traslado a tarifas del precio del gas dejando aclarado que al comienzo de cada período estacional se debe fijar un precio en pesos a un tipo de cambio que surge del promedio de los 15 días previos al mes anterior del inicio de dicho período. De ese modo, quedó claro que las tarifas dejarán de estar dolarizadas ya que por más que los contratos entre productoras y distribuidoras sean en dólares, el monto acordado se convierte a pesos antes de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y durante los seis meses en que ese valor está vigente el riesgo de una devaluación corre por cuenta de las petroleras.
Para las tarifas que entran a regir en abril el dólar que se tomará como referencia es el promedio de la segunda quincena de marzo y para la actualización de octubre (que este año será en diciembre por cuestiones electorales, como ya ocurrió en 2017) se toma la última quincena de septiembre.
A partir del dictamen que elaboraron sus departamentos de legales, varias petroleras evalúan la posibilidad de presentarse a la Justicia para pedir que se declare inconstitucional el artículo 8 del decreto 1053/2018, aunque hasta el momento no hay decisión tomada. La carta de la CEPH es un intento destinado a encontrar una solución negociada. De hecho, fue enviada ayer para que forme parte de los materiales presentados a la audiencia pública que tuvo lugar hoy y el escrito no hace ninguna referencia a la posibilidad de judicializar el tema.
Roitman destacó hoy en la audiencia que para definir las tarifas del fluido se puso en marcha un nuevo régimen para la actividad que incluye la obligatoriedad de inversiones y la posibilidad de sanciones por incumplimientos. Además, puso de relieve que “se hizo la primera subasta de gas en firme de la historia de Argentina”, y precisó que “logró cubrir 93% de la demanda solicitada por parte de las distribuidoras que se presentaron”. “El objetivo de las subastas electrónicas es avanzar en la consolidación de un mercado más transparente y competitivo en lo que respecta a la formación de precios”, remarcó Roitman, aunque evitó hacer referencia a la polémica que generó la pesificación.
