El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut dispuso un paro total de actividades por 24 horas en los yacimientos de la provincia. La medida de fuerza —que es efectiva desde anoche a las 20— es en rechazo al embargo a las cuentas del gremio por 24 millones de pesos que dictaminó dispuso la jueza Civil y Comercial Natalia Venter, que hico lugar a un planteo de la empresa de servicios San Antonio Internacional (SAI), el mayor proveedor de equipos torre del país.
A raíz de un conflicto gremial que tuvo hace un mes, la empresa inició una acción legal contra el sindicato que lidera Jorge ‘Loma’ Ávila. Uno de los puntos de esa demanda solicitaba un embargo preventivo de las cuentas de los delegados de San Antonio. Llamativamente, debido a que existen pocos antecedentes en esa dirección, la magistrada —que entró en funciones hace apenas dos meses— aceptó el pedido y congeló las cuentas del sindicato. Lo hizo en forma preventiva, aún antes de que el proceso judicial inicie formalmente.
La medida de San Antonio tomó por sorpresa a la industria. Sobre todo, una vez que el paro impulsado por el gremio se extendió sobre todas las operaciones de la provincia, afectado los intereses de Pan American Energy (PAE), YPF, Capsa y Tecpetrol, entre otras. “SAI no se pude cortar sola así sin el aval de las operadoras para embargar las cuentas de un gremio. Fue una decisión desproporcionada de la empresa que no dejó otra opción Ávila más que dictar la huelga”, explicó un empresario de Chubut. En solidaridad, Claudio Vidal, secretario del gremio de petroleros de base de Santa Cruz, se plegó a la medida de fuerza.
El gremio presentó una nota en la Subsecretaría de Trabajo de Chubut en la que advierte que “las compañías petroleras que operan en la provincia ha iniciado una sistemática de dirigentes gremiales con el fin de debilitar el accionar gremial”.
Allegados a San Antonio, en tanto, explicaron que la compañía pierde cerca de US$ 700.000 por inadecuaciones laborales. En los últimos tres años —aseguraron—, la pérdida de San Antonio en Comodoro Rivadavia alcanza los US$ 100 millones. “Es inviable seguir operando con ese nivel de ineficiencia y pérdidas”, lamentaron.
