Desde que se aplicaron los primeros aumentos en las facturas de gas y luz a comienzos de 2016, la política tarifaria que puso en marcha el gobierno de Mauricio Macri viene recibiendo crecientes cuestionamientos por parte de distintos actores. Lo que sigue es un detalle de cuáles son esas críticas señaladas no solo por la oposición sino también por especialistas del sector.

Falta de gradualidad

En el gobierno sostienen que el plan de eliminación de subsidios a las tarifas de luz y gas es gradual porque está previsto que se ejecute en un plazo de cuatro años (siete para el gas que se consume en la Patagonia). Sin embargo, el cronograma “gradual” de subas genera resistencias porque busca deshacer en apenas cuatro años lo que se consolidó a lo largo de catorce. A medida que las tarifas se abarataban en términos reales las familias comenzaron a destinar el ingreso con el que antes pagaban los servicios públicos a otra serie de gastos. Por lo tanto, no es fácil acomodarse a un nuevo escenario en el que el gas, por ejemplo, trepó más de 1000 por ciento en promedio en apenas dos años. El impacto también ha sido muy fuerte sobre comercios y pymes, eslabones clave de la economía, las cuales partieron de un piso incluso más bajo que los usuarios residenciales. Las tarifas de gas domiciliarias aumentaron hasta un 40% en abril y acumulan una suba mayor al 100% en un año, pero en el caso de los comercios y pequeñas industrias englobados en las categorías P1 y P2 el precio del metro cúbico de gas en la Ciudad de Buenos Aires -área abastecida por Metrogas- subió hasta 52,6% y en un año el incremento llegó a 146%. Esas subas en un contexto de caída del consumo les dificultan de modo notable la posibilidad de mantenerse a flote.

Falta de razonabilidad

Al gobierno no sólo se le cuestiona el esquema de implementación de la quita de subsidios sino el valor al que quiere llevar los precios de la energía, aún luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en agosto de 2016 anuló un primer ajuste del gas y recomendó que se aplique un criterio de “razonabilidad”. El cronograma oficial prevé elevar el precio del gas en boca de pozo a 6,38 dólares el millón de BTU en octubre de 2019, habiendo partido en marzo de 2016 de 1,29 dólares el millón de BTU en promedio para todas las categorías. Ese ajuste combinado con la recomposición que recibieron distribuidores y transportistas llevó a que en apenas dos años la suba promedio supere el 1000 por ciento.

La cifra que se busca alcanzar no tiene relación con los costos de extracción sino con la paridad de importación. “Nuestra expectativa es que los precios van a empezar a bajar cuando igualen al costo marginal de producción”, afirmó Aranguren en la conferencia de prensa que ofreció el 28 de marzo al anunciar los últimos aumentos del gas. Varios especialistas cuestionan que se mantenga esa meta de 6,38 dólares (hoy el precio está en 4,68 dólares por millón de BTU) porque saben que con el valor del crudo por arriba de los 60 dólares dentro de dos o tres años se podrían desarrollar los recursos de gas que tiene el país con un precio promedio cercano a los 5,5 dólares por millón de BTU o incluso por debajo.

Puede ser que ahora necesiten un precio mayor como parte del aprendizaje que supone explotar Vaca Muerta, pero para eso están los incentivos que vino otorgando el Estado a través del Plan Gas, donde se le garantizó a las petroleras 7,5 dólares por millón de BTU por la producción adicional respecto de sus valores históricos. Por lo tanto, no son pocos los que juzgan como poco razonable comprometer al conjunto de los usuarios a pagar 6,8 dólares en promedio a partir de 2019 porque, si todo sale bien, la curva de aprendizaje que vienen recorriendo las petroleras las va a llevar para entonces a ser más eficientes a partir de un mayor conocimiento de los yacimientos, un mejor diseño de los pozos y una consecuente baja de costos.

Subsidios cruzados ilegales

Las leyes de electricidad y gas establecen expresamente que los subsidios cruzados están prohibidos. Sin embargo, la estructura tarifaria actual incluye ese tipo de subsidios porque los usuarios residenciales de mayores consumos pagan tarifas por encima de los costos para que los usuarios de menos consumo paguen tarifas por debajo de los costos. Esta situación queda en evidencia al momento de cobrarles cargos fijos diferenciales a los distintos usuarios.

El economista de FIEL, Fernando Navajas, explicó esta distorsión en el programa Partida Doble de radio UBA a fines de abril: “Cuando asumió el gobierno actual, los subsidios a la energía representaban unos 5 puntos del Producto Bruto Interno, la mitad iba a las familias y la otra mitad a las empresas. Por lo tanto, la reducción de esos desembolsos iba a provocar impactos distributivos muy fuertes. Para amortiguar esa situación el Ministerio de Energía implementó la tarifa social, pero la tarifa social no alcanza. En esas condiciones la estructura tarifaria empieza a crujir y se introducen cambios para tratar de arreglarlo con esquemas que discriminan de acuerdo al consumo de los hogares. Si fuera verdad que la tarifa social fuera tan buena como dice el gobierno, alcanzaría solo con la tarifa social y luego que los precios sean los que tienen que ser, pero eso no puede ser porque los precios impactarían de una manera tremenda sobre los sectores medios. Para tratar de resolver ese problema el gobierno le cobra mucho más a los de la mitad para arriba dentro del universo de hogares, que representan mucho más de la mitad del consumo, para cobrarle menos a los de la mitad para abajo que no perciban la tarifa social. De este modo, los hogares de mayor consumo pagan tarifas que son verdaderamente astronómicas. Cargos fijos de 50 dólares por mes en electricidad son más del doble de lo que cobran las distribuidoras más caras de Estados Unidos”.

Ilegibilidad de las boletas

Las asociaciones de consumidores hicieron saber en varias ocasiones que los usuarios se quejan porque les cuesta entender las facturas, crítica que es compartida por varios especialistas que también han cuestionado su falta de legibilidad. Las boletas Edesur, por ejemplo, incluyen ecuaciones como “(CF+CV) x 60,0% – (CF+CV-subsidio)” que definitivamente no resultan de fácil comprensión al momento de saber que se está pagando. Una dificultad similar se presenta cuando el usuario intenta precisar qué período es el que se le está facturando. En el caso del gas también resulta complicado porque antes venía una factura por bimestre con un solo monto a pagar, mientras que ahora se incluyen cupones para pagar la cuota 1 y 2 del bimestre. El problema es que ha habido casos en los cuales la cuota 2 de un determinado bimestre vence el mismo día que la cuota 1 del bimestre siguiente.

Multiplicidad de impuestos

Luego de las quejas que recibió por el último aumento tarifario, incluso de parte de sus aliados políticos, el gobierno buscó consensuar con los gobernadores una eliminación de impuestos en las facturas para abaratar los montos que paga el usuario. La gestión resulta razonable porque hay jurisdicciones donde los impuestos son múltiples y representan un monto significativo sobre el total de la factura.

La Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) denunció, por ejemplo, que en San Juan se cobran ocho impuestos locales en la factura de luz que representan el 39,02% de la boleta: Contribución municipal, IVA, Ingresos Brutos, Lote Hogar, Tasa Alumbrado Público, Fondo Plan de Infraestructura PIEDE, Fondo para la Línea de Interconexión de 500 Kv y Fondo Solitario Hospitalario. CAME aclaró el 23 de abril que desde hace tiempo viene reclamando por esos conceptos, pero el tema recién llegó a la agenda gubernamental cuando las facturas comenzaron a hacerse impagables. No hubo una tarea de previsión para abordar esta cuestión desde el inicio de la gestión.  

No solo no se abordó el tema con anterioridad sino que incluso en la provincia de Buenos Aires el oficialismo anunció a fines de abril la eliminación de algunos impuestos incluidos en las facturas de electricidad que no se habían cobrado en durante 2016 y 2017 pero volvieron a cobrarse a comienzos de 2018 porque la Corte Suprema bonaerense hizo lugar a una apelación del gobierno de María Eugenia Vidal.

Inconsistencias en cargos de transporte

Las facturas del Área Metropolitana de Buenos Aires y el gran Rosario también contemplan algunas inconsistencias en lo que refiere al costo del transporte que pagan los usuarios y recién ahora se está evaluando su corrección. EconoJournal informó el jueves pasado que desde 2009 los usuarios de ambas zonas hoy pagan una tarifa de transporte para traer gas desde la cuenca Neuquina, a 1200 kilómetros de Buenos Aires, cuando en realidad el fluido proviene de Bahía Blanca y Escobar. A su vez, los usuarios del área metropolitana -al igual que los de todo el país- están hoy obligados por el marco legal a abonar durante todo el año por la disponibilidad de una capacidad de transporte -medida en MMm3/d de gas- que sólo utilizan durante el cuatrimestre mayo-agosto de temperaturas bajas, en el que elevan su consumo de gas. Eso es así porque el marco normativo establece que se debe contratar la capacidad disponible para cubrir el pico de consumo de gas.

En el caso de la luz, el Ministerio de Energía modificó en noviembre los criterios de distribución de los costos del transporte de electricidad. A través de la resolución 1085-E se dejó de lado el método de “áreas de influencia”, que calculaba el factor de uso que los operadores hacían de las líneas de transmisión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y se lo reemplazó por otro de prorrateo en función de la energía demandada y/o aportada por cada agente del sistema. En las audiencias públicas algunos de los participantes advirtieron que el cambio abría las puertas para que los generadores dejaran de pagar los costos de transporte, trasladando todos los cargos a la demanda. El gobierno negó que ello fuera a ocurrir. Sin embargo, EconoJournal informó el 12 de marzo que desde que se publicó la resolución lo que pagan por transporte industrias, comercios y hogares subió sustancialmente.