Alberto Roberti, líder de uno de los sindicatos petroleros más importantes del país, viajó a Manchester, el histórico polo fabril de Gran Bretaña, con fines totalmente ajenos al desarrollo del sector industrial. Fue a mediados de abril durante el fin de semana largo por Semana Santa. Fue acompañado de su esposa, la diputada bonaerense Mónica López, para presenciar una carrera de su potrillo Sixties Song –que venía de ganar el clásico Carlos Pellegrini en San Isidro- en el hipódromo de esa ciudad inglesa. El caballo de carrera, criado en el stud haras Santa Elena, propiedad del sindicalista y su esposa, debutaba en las grandes ligas de Europa y él quiso estar presente.

Su felicidad era tal que no se privó de publicar en su perfil de Whatsapp fotos de la escapada, que también incluyó un estadía en el principado de Mónaco. Fue, tal vez, uno de sus últimos momentos de alegría plena. De regreso a Buenos Aires lo esperaba una denuncia judicial que lo puso en el centro de escena mediática por el presunto manejo fraudulento de la obra social de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, el gremio que conduce desde 2008.

La denuncia -que está tramitando bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez subrogante Marcelo Conlazo Zavalía- es por “por administración fraudulenta” de la Federación y de la obra social del sindicato, denominada Ospegap.

De acuerdo con la denuncia, presentada por Marcelo Turchetti, integrante de la comisión directiva del gremio, se desviaban fondos por millones de pesos. Entre las irregularidades mencionadas figuran cheques emitidos sin cruzar y sin la leyenda «no a la orden» por montos millonarios. El hecho de emitirlos «al portador» facilita las cosas para que sean cambiados y, de esa manera, entorpecer el rastreo de la ruta del dinero. Así como también viajes aéreos de campaña –Roberti es diputado nacional por el Justicialismo y su esposa es legisladora bonaerense- realizados en 2015 por el interior de la provincia de Buenos Aires financiados con dinero de Ospegap, como si hubiesen sido vuelos sanitarios.

EconoJournal accedió a buena parte de la documentación presentada en el juzgado de Conlazo Zavalía, que en los últimos 15 días ordenó dos allanamientos en la sede de la Federación en Av. Caseros. Este medio intentó comunicarse con el sindicalista mediante llamadas telefónica y contactos de Whatsapp, pero pese a recibir los mensajes, Roberti evitó dar respuesta.

Lejos de ser un caso aislado, la denuncia contra Roberti -que controla el gremio petrolero con representación mayoritaria en las refinerías de petróleo y en algunos distritos petroleros de menor envergadura como el sur de Santa Cruz, Mendoza y Salta- es un emergente de los tiempos que atraviesa el sindicalismo petrolero, con varios dirigentes de primer nivel sospechados por presuntos hechos de corrupción y denunciados en la Justicia por prácticas violentas.

Guillermo Pereyra, líder del sindicato de petroleros privados de la cuenca Neuquina, el más poderoso del país, fue duramente cuestionado la semana pasada por un informe del diario Río Negro que visibiliza sus múltiples negocios paralelos montados en torno a la actividad petrolera.

Marcelo Rucci, intendente de Rincón de los Sauces, secretario administrativo de ese mismo gremio y virtual número dos de la organización, fue denunciado el martes pasado por YPF –la mayor petrolera del la Argentina-, que lo acusó de liderar a un grupo de ex trabajadores petroleros que bloqueó con armas de fuego el acceso a varios yacimientos de la compañía. Y Claudio Vidal, secretario del sindicato petrolero de Santa Cruz, fue apresado en 2015 tras un tiroteo mortal con una facción sindical opositora.

En ese escenario de líderes gremiales cuestionados por su falta de transparencia, la denuncia contra Roberti podría desatar un verdadero mani pulite petrolero, en referencia al proceso judicial italiano que a principios de los ’90 descubrió una extensa red de corrupción entre grupos políticos y empresariales de ese país. El titular de la Federación petrolera lleva una vida ampulosa y construyó un acaudalado presente como empresario: vive en una casa imponente en el country Abril, en la localidad de Hudson; es propietario de un stud que cría caballos de carrera y tiene emprendimientos agropecuarios, entre otros negocios. Su derrotero con la política es frondoso: de extracción peronista, acompañó a Francisco De Narváez y luego a Sergio Massa, a quien abondonó a último momento en agosto de 2015 para integrar la lista de Daniel Scioli. Con todos, terminó enemistado y cortó relación. Su vínculo más estable es con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, amigo personal del presidente Mauricio Macri y uno de los principales operadores judiciales del Gobierno. Fuentes empresariales indicaron a este medio que habría sido el propio Angelici –un habitué de las fiestas de fin de año que se realizan en la Federación petrolera- quien le avisó que era Turchetti -en calidad de testigo protegido por el secreto de sumario- quien lo denunció en la Justicia.

En la denuncia realizada Marcelo Turchetti, que cuenta con el patrocinio del abogado Daniel Rabinovich, se detallan «pagos a Salud Industrial SA por casi 9 millones de pesos pero sin estar registrados» en la contabilidad. También señala que hay una factura de esa empresa por $ 22.750.000 por prestaciones de alta complejidad «a pesar de que no brinda ese tipo de servicios». Y acusa que figuran pagos «a tres empresas constructoras pertenecientes a los mismos dueños, todas ellas creadas luego de la asunción de Roberti como diputado nacional», según explicó a EconoJournal el sindicalista, que es uno de los 17 afiliados a la Federación. Según la denuncia, tanto la Federación como la obra social y las tres constructoras tienen el mismo contador, Gerardo Zangoni. El querellante también se metió con los bienes personales del matrimonio Roberti-López: aseveró que «el Establecimiento Agroganadero Santa Mónica SA -que lleva ese nombre por su esposa, y cuyo padre, Luis López, y el hijo de la pareja, Mariano Roberti, son los accionistas- se habría comprado con fondos de la Federación». También acusa a Roberti de sobrefacturar medicamentos adquiridos por la obra social Ospegap y haber comprado con fondos de la Federación la playa de estacionamiento que en la intersección de Rivadavia y Maipú en el centro porteño, frente al histórico edificio donde estaba ubicado PeCom (Perez Companc) y hoy funciona Pampa Energía.

Pese a todo, el derrotero judicial de la denuncia contra Roberti –cuyo mandato al frente del sindicato petrolero expira en 2020 es incierto. La demanda se presentó inicialmente en el Juzgado Federal N° 2 de Sebastián Ramos, que se excusó de intervenir y se declaró incompetente. De ahí recayó en el fuero Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Conlazo Zavalía allanó en dos oportunidades la sede de la Federación por pedido expreso de Turchetti (que se apersonó en el juzgado acompañado de escribano público para agilizar las actuaciones), aunque extrañamente el magistrado no secuestró documentación informática del sistema ERP Vector que registra los movimientos contables de la Federación. Al otro día del segundo allanamiento, Conlazo Zavalía se declaró incompetente. Toda una rareza. Y más extraño todavía es que el abogado de Roberti presentara casi al mismo timepo un escrito para pedir que el magistrado continúe al frente de la causa. “Están buscando ganar tiempo”, aseguró Turchetti.