La secretaria de Energía, Maria Tettamanti, recibió el jueves de la semana pasada a directivos de las principales empresas generadoras del país—Pampa Energía, Central Puerto y MSU, entre otras— que le pidieron audiencia por un tema bien concreto: intentar corregir el texto del pliego licitatorio y del contrato de compra de adjudicación previsto por AlmaGBA, el concurso público que impulsa la instalación de baterías de almacenamiento en el área metropolitana de Buenos Aires.

Desde la óptica de los privados, así como estaba redactado, un punto central de la licitación terminaba atentando y desalentando la inversión en este tipo tecnologías de almacenamiento . ¿Qué aspecto en particular del contrato de AlmaGBA señalaban las generadoras? Concretamente, cuestionaron una cláusula del contrato de compra de energía redacto por la Secretaría de Energía que establece que en caso de que el Estado no traspase el costo económico de las unidades de baterías al precio estacional de la energía que, a su vez, se traslada a las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur, las distribuidoras eléctricas del AMBA tienen derecho a rescindir el contrato con los empresas que instalaron los proyectos de almacenamiento; es decir, con las generadoras y con otras compañías desarrolladoras que se presenten a la licitación.

La situación se terminaba se complejizar un poco más porque el pliego del concurso estipula que el Estado otorgará a las compañías que se adjudiquen los proyectos de almacenamiento una garantía por un plazo de sólo un año en caso de que cambien las condiciones de pago. Fuentes privadas indicaron que, si bien la economía es estabilizó de forma significativa con relación a la que existía a fines del gobierno de Alberto Fernández, aún no existen certezas para descartar que la nominalidad de la macro no se vea afectada a futuro. Por eso, pedían un plazo de garantía mayor.

Respuesta

El gobierno se opuso a ese planteo —la conducción política de La Libertad Avanza descarta de plano que el Estado siga teniendo un rol en los procesos de inversión en infraestructura—, pero sí accedió a corregir, al menos parcialmente, la cláusula del contrato que hacía referencia a qué sucede y cómo se asignan las responsabilidades de cada uno de los actores si el Estado deja de trasladar —en caso de que por motivos políticos decida congelar o atrasar las tarifas eléctricas— el costo de las baterías al precio mayorista de la electricidad.

En esa clave, Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la que está al frente administrativamente de AlmaGBA, publicó este sábado 12 de julio la circular Nº 11 que si este u otro gobierno deja de traspasar el costo de los proyectos de almacenamiento a las tarifas de Edenor y Edesur, “se mantendrá la remuneración del Vendedor (generadoras y nuevos desarrolladores) en los términos y condiciones del Contrato original, la que será incluida por Cammesa en las Transacciones Económicas del MEM”. En otras palabras, se estableció que si Edenor y Edesur dejan de pagar los costos de los proyectos de baterías, las empresas afectadas empezarán a cobrar de forma directa de Cammesa con los mismos fondos que utilizan para pagar mensualmente a los generadores que entregan energía al mercado mayorista.

“Como estaba redactado hasta la semana pasada el contrato, los bancos decían que era prácticamente imposible financiar la inversión en este tipo de emprendimientos. Esta circular mejora un poco las condiciones, aunque sigue siendo un contrato con un riesgo más alto que los PPA’s que firmaba hasta ahora Cammesa, que estaban expresados en dólares y con mayores garantías de cobro”, explicó un alto ejecutivo del mercado.

Presentación de ofertas

Aún así, más allá de este contrapunto puntual con los privados, en el gobierno son optimistas en lograr una excelente participación en la licitación de AlmaGBA. Tanto es así que, inicialmente, el proceso apuntaba a obtener compromisos de inversión para instalar unos 500 megawatt (MW) de respaldo en baterías y ahora fuentes oficiales advierten que podrían adjudicar, si reciben un buen caudal de ofertas, proyectos por más del doble que esa cifra.

“Habrá que evaluar la conveniencia en función de la cantidad de propuestas que se reciban. Tal vez, si la participación es alta, se podría solicitar una mejora de ofertas para alinear mejor los precios y adjudicar más potencia”, explicó una fuente oficial. Este martes por la tarde, una vez que se formalice la presentación de ofertas (hay plazo hasta las 13 de hoy), se empezará a despejar ese interrogante.