Corrían las 9.48 de la mañana de este jueves, en plena crisis del gas, la peor que se recuerde en mucho tiempo, con el suministro restringido por primera vez en años a hogares en la provincia de Buenos Aires, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, decidió postear en tono celebratorio en la red X (ex Twitter) la publicación del Decreto 446/2025. La norma, firmada por el presidente Javier Milei, modifica la Ley 26.020 (de Gas Licuado de Petróleo, GLP).
Sturzenegger presentó la iniciativa como una desregulación del mercado de gas de garrafas. Incluso arrobó en su posteo en X a María Tettamanti, la secretaria de Energía, que a esas horas de ayer se encontraba abocada a resolver la interrupción del suministro registrados en más de 1000 hogares de Mar del Plata, un área de concesión de Camuzzi.
Más allá de lo poco oportuno que pueda resultar anunciar la desregulación de la oferta del gas que consumen los sectores populares —los pobres son los que mayormente no tienen acceso a los tendidos de gas natural— justo cuando falta gas en todo el país, lo verdaderamente extraño de la decisión del ministro fue que difundió una liberación del mercado de GLP que en los hechos ya existía desde enero de este año. Fue la propia Tettamanti quien rubricó en diciembre de 2024 y en enero de este año una serie de resoluciones de la Secretaría de Energía que liberaron el funcionamiento del mercado de GLP, que por medidas intervencionistas dictadas por gobiernos kirchneristas se constituyó como uno de los negocios más opacos y discrecionales del área energética.
Desregulación
A principios de este año, la Secretaría de Energía eliminó los cupos mínimos de asignación de volúmenes de GLP por empresa y también los precios de referencia para venta al consumidor, dado que existían distorsiones evidentes entre los importes sugeridos por el Estado y los que finalmente pagaban los usuarios. A su vez, en enero de este año se facilitaron mecanismos de exportación-importación de GLP con la intención de establecer precios locales del GLP que estén alineados con el mercado internacional. Lo que se hizo a fines de 2024, en concreto, es desregular el funcionamiento económico del mercado de GLP con el objetivo de incentivar la inversión para amplificar la oferta. No hay ninguna novedad en ese sentido en lo anunciado ayer por Sturzenegger.
“La liberación del mercado de GLP se concretó en enero de este año. Lo hicimos en verano para testear como respondía el mercado a los cambios que introdujimos, en especial en lo que tiene que ver con los precios de venta, que constatamos que no se dispararon demasiado, y en el abastecimiento, porque nos preocupaba que los cambios afectaran la disponibilidad de producto en algunas provincias, pero eso no sucedió y vemos que la cadena de suministro no se vio afectada, más allá de un reacomodamiento lógico”, explicaron en un despacho oficial. “Lo que anunció ayer el ministro (de Desregulación y Transformación) está vinculado únicamente a levantar ciertas trabas administrativas y burocráticas, como solicitar la permisología para instalar un comercio de venta de GLP, pero no afecta al funcionamiento del mercado en términos económicos”, agregaron.
Cambios
A través de un comunicado, la Secretaría de Energía informó que “entre los principales cambios se encuentran la simplificación del sistema de autorizaciones para las empresas que quieran participar del mercado del GLP. Ahora, el cumplimiento de los requisitos fijados por la normativa será suficiente para operar. La Autoridad de Aplicación verificará la veracidad y el cumplimiento de esa documentación, e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles desde su presentación. Transcurrido ese período sin observaciones, se considerará aprobada, otorgándose el silencio sentido positivo”.
A su vez, la Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá delegar o coordinar tareas de fiscalización técnica y control con otros organismos públicos o privados, y suscribir convenios específicos con provincias, lo que permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado y asegurar una cobertura territorial más amplia y eficiente en materia de seguridad operacional.
Por otro lado, se le da libertad a los fraccionadores para que, sin intervención del Estado, establezcan el mejor mecanismo para el canje de envases, indispensable para asegurar que los recipientes circulen en condiciones técnicas adecuadas, y que puedan ser reutilizados conforme a las normas de seguridad.
