La secretaria de Energía, María Tettamanti, se reunió en las últimas tres semanas con directivos de las empresas productoras de gas natural para dar un paso más en la liberación del mercado. La titular de la cartera energética quiere que la empresa estatal Enarsa transfiera a las compañías distribuidoras —Metrogas, Camuzzi, Naturgy y EcoGas, entre otras— los contratos que tiene firmados con las petroleras bajo el paraguas del Plan Gas, que expiran en diciembre de 2028.

La cesión no será compulsiva, sino que Energía trabaja en un esquema de incentivos para que las productoras puedan aceptar de forma voluntaria que Enarsa salga de esos contratos, que representan cerca de un 30% del volumen de gas comercializado bajo la órbita del Plan Gas. El 70% restante está en cabeza mayoritariamente de Cammesa, la empresa mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que es controlada por el Ejecutivo y se encarga de la provisión del hidrocarburo para las centrales termoeléctricas, y en menor medida de las propias de las propias distribuidoras.

La intención ahora es correr a Enarsa para terminar con una parte de la intermediación del Estado con vistas a fomentar la recontractualización directa entre privados. Para eso, la clave es que las petroleras —como YPF, Total Energies, Tecpetrol, Harbour Energy (ex Wintershall Dea), PAE, Pampa y CGC, entre otras— acepten como contraparte a las distribuidoras, que en las últimas décadas enfrentaron recurrentes problemas de caja como consecuencias de los atrasos y congelamientos tarifarios en los que incurrió el Estado, fundamentalmente durante las administraciones kirchneristas.

Cerca de la Secretaría de Energía interpretan que con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que estableció una fórmula de ajuste automática para actualizar de forma mensual las tarifas residenciales de gas, las distribuidoras tienen espalda financiera para operar como sujetos de crédito y firmar contratos con las petroleras.

Plan Gas: un esquema de salida

La Secretaría de Energía aspira a publicar, en los próximos días, una resolución que especifique la estrategia oficial para conseguir una migración de esos contratos del Plan Gas. Fuentes privadas consultadas por EconoJournal indicaron que entre los incentivos que tienen las petroleras para aceptar un cambio en la contraparte contractual figura, por ejemplo, que Enarsa no es un buen pagador de los volúmenes de gas que compra para luego cederle a las distribuidoras para cubrir la demanda residencial. La empresa estatal, que hoy es presidida por Tristán Socas, un funcionario que llegó al cargo por impulso del asesor presidencial Santiago Caputo, no sólo suele pagar fuera de término las facturas de las petroleras, sino que —a diferencia de Cammesa— tampoco reconoce intereses a los privados cuando abona fuera de plazo.

De hecho, algunas petroleras plantearon a Tettamanti la posibilidad de que el Estado reconozca intereses adeudados desde hace años (incluso desde la gestión de Alberto Fernández) como condición necesaria para que las empresas acepten que Enarsa salga de los contratos de Plan Gas. Sin embargo, la secretaria de Energía descartó de plano esa posibilidad.

A entender de la cartera energética, la vía para reclamar el cobro de esos montos es la judicial. Ese fue el camino que abrió una petrolera con activos en la zona sur del país, que logró que la Justicie obligue a la empresa estatal a reconocer esos intereses no pagados. Es probable que otras compañías afectadas opten por esa misma alternativa.

Otro de los puntos que se está conversando con la Secretaría es cómo saldar una deuda en favor de las petroleras que se acumuló cuando Enarsa compró menos gas de los mínimos previstos en los contratos de la ronda 4.2 del Plan Gas, incumpliendo de ese modo con las cláusulas de take or pay (tomar o pagar) incluidas en esos pliegos. El monto en cuestión es significativo: rondaría los US$ 200 millones, según indicaron a este medio fuentes privadas.

Una de las alternativas que se evalúa para saldar ese pasivo es extender la duración de los contratos de Plan Gas, que expiran en diciembre, hasta fines del primer cuatrimestre de 2029. También está en estudio incrementar los volúmenes del take or pay, que hoy se ubican en torno al 75/80%, hasta un 90 por ciento, otorgándole mayor previsibilidad a las productoras. Sin embargo, la discusión de Energía con los privados aún está abierta.