NEUQUÉN.- El fideicomiso que firmaron nueve empresas petroleras con Rolando Figueroa para construir 51 kilómetros de ruta y un bypass que derive el tránsito pesado en Vaca Muerta finalmente tendrá que pasar por la Legislatura de Neuquén. La gobernación envió este mes el proyecto a los diputados con el doble objetivo de contener dudas dentro de los propios ministerios involucrados y, principalmente, “blindar” a las empresas que solicitaban un reaseguro sobre los alcances del financiamiento, la entrega de la obra y su posterior mantenimiento.
Es la primera vez que Neuquén utiliza un instrumento como este para involucrar a la industria hidrocarburífera directamente en la construcción de una obra de infraestructura. Figueroa argumentó en el proyecto que la expansión de la actividad no convencional en la zona de Vaca Muerta “ha generado un notable incremento en la circulación vehicular, particularmente de camiones de gran porte y equipos pesados, sobre rutas que originalmente no fueron diseñadas para soportar ese nivel de exigencia”.

Eso redunda en altos índices de siniestralidad vial, “con accidentes graves y fatales”, la saturación de los accesos a Añelo y a los yacimientos, con tiempos de traslado “excesivos e imprevisibles”, y un deterioro acelerado de la infraestructura existente que impacta negativamente tanto en la seguridad como en la competitividad de la industria y en la calidad de vida de los habitantes de la región, planteó.
Esta obra que se comprometen a financiar las petroleras comprende la pavimentación de 51 kilómetros en las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción de un bypass que las conecte. “Dará una respuesta inmediata y eficiente”, según justificó el gobierno, al permitir desviar el tránsito pesado de la Ruta 7, sobre la que este año se tuvo que montar un plan de emergencia frente al incremento de accidentes fatales entre Añelo y San Patricio del Chañar.
El proyecto que ingresó Figueroa en la Legislatura ratifica el acuerdo marco firmado entre el gobierno provincial y el fiduciario TMF Trust Company (Argentina) SA el 8 de septiembre y autoriza al ministerio de Infraestructura que tiene a cargo Guillermo Koenig a realizar los actos necesarios para adherir, en carácter de fideicomisario, al fideicomiso “ByPass de Añelo”, instrumentado mediante un contrato firmado el 19 de junio de 2025 y adendado el 2 de octubre por las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Petrolera El Trébol (Phoenix Global Resources), y Total Austral, en su carácter de fiduciantes.
Fideicomiso: seguridad jurídica
Hay algunos factores formales que justifican el envío del fideicomiso a la Legislatura con formato de ley: la exención del Impuesto a los Sellos para el acuerdo marco y de Ingresos Brutos para las actividades que realice el fideicomiso dentro de la provincia, así como la modificación de algunos aspectos de la ley 3439 de peajes que sancionaron los diputados en 2024, aún no reglamentada.
El texto establece que la ley asegurará “la plena validez jurídica del régimen de peaje” y garantizará “la seguridad jurídica tanto de la Provincia como de las empresas participantes”.

Según pudo relevar este medio, la clave pareciera estar más bien en esta última parte. La ley funcionará como un reaseguro para las operadoras, principalmente las internacionales, frente a un ‘experimento‘ que aparece como inédito en Neuquén y, posiblemente, en otros lugares del mundo.
“No hay muchos antecedentes de esto. Sobre todo, tiene que quedar claro cuáles son las obligaciones sobre esta ruta y hasta dónde llegan. Nosotros no somos concesionarios, se la entregamos a Vialidad Provincial y ahí termina”, evaluaron desde una de las empresas participantes.
En el proyecto de ley, el gobierno dejó establecido que el Poder Ejecutivo recibirá la obra como “donación con cargo” y que deberá someter las rutas a un régimen de peajes cuya recaudación será utilizada, en primer término, para el mantenimiento de la traza y, en segundo lugar, para el repago de la obra.
Otra de las operadoras consultadas analizó que la ley “suma, le da más transparencia al fideicomiso”, al hacer de libre acceso el instrumento firmado que, como los mismos anexos del proyecto tienen escrito al margen, se había catalogado como “confidencial”. “Es una herramienta de legitimación”, consideraron.
Si bien el gobierno no había anticipado el envío del proyecto a la Legislatura, que hoy permanece inactiva por la campaña electoral, es cierto que el propio contrato del fideicomiso ya hablaba de la necesidad de un “Permiso Satisfactorio”, definido como la ley provincial “que oportunamente se sancione” y el conjunto de actos administrativos emanados de la Provincia a través de los cuales se autorice al fideicomiso para la ejecución de la obra.
El proyecto recién tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles 29 y será enviado a dos comisiones, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, ambas presididas por diputados del oficialismo. Figueroa cuenta con una mayoría cómoda para aprobar la ley sin mayores percances.
Las dudas sobre el repago
La inversión final que demandará la construcción se terminará de establecer con el llamado a licitación pero, como parte del acuerdo, se estimó que el financiamiento del bypass de Añelo demandará unos 51 millones de dólares más IVA.

Del fideicomiso serán “sponsors principales” YPF, Vista, Pluspetrol, PAE y Pampa con una participación de unos 6,8 millones de dólares cada una (13,3%). El mismo dio plazo hasta el 24 de octubre de este año para que Shell Argentina se sume con igual inversión. Desde la empresa se indicó a este medio que aún están con “proceso de autorizaciones internas”, pero que la intención es participar.
Tecpetrol, Total, Chevron y Phoenix, en cambio, se sumarían como “beneficiarios secundarios” con 2,6 millones de dólares cada una (5%).
El plazo para la ejecución de esta obra, que gobierno y empresas entienden que es “urgente” y que tendrá a las operadoras de Vaca Muerta como principales beneficiarias, es de 18 meses.
El acuerdo caducará a los 15 años desde el comienzo efectivo de la concesión de peaje o una vez cancelada la inversión realizada por las empresas, lo que ocurra primero.
Hay algunas dudas sobre el real recupero de la inversión o, por lo menos, del tiempo que demandará, sin contar que serán las mismas petroleras las que pagarán el peaje, cuyo valor aún no fue fijado. El contrato del fideicomiso solo contempla que se actualizará según la variación del diésel grado 2 y que, en los primeros años de utilización de la ruta, como la demanda de mantenimiento será menor, “la porción de la tarifa de peaje para el recupero de la inversión será mayor”.
Una negociación con idas y vueltas
La negociación entre el gobierno de Rolando Figueroa y las empresas hasta darle la puntada final al fideicomiso para construir el bypass de la Ruta 7 en Añelo fue por demás trabajosa. Hubo una primera reunión en la Casa de Neuquén de Buenos Aires con las operadoras en marzo de este año, luego de que el mandatario anticipara en la apertura de sesiones legislativas que iba a ser una de las prioridades de su gestión descomprimir el tránsito en esa zona caliente de Vaca Muerta.
Parte de la discusión fue el instrumento, nunca utilizado en la provincia, pero también la definición de cómo distribuir el financiamiento de cada empresa y bajo qué criterio.
Se habló primero de “frentistas y no frentistas”, también se evaluó la participación en función de la producción de cada una, pero finalmente se optó por mix que combinó el grado de utilización de la traza, la cercanía de sus áreas y el nivel de inversión de cada una.
Figueroa expuso en su proyecto que el acuerdo va “en línea con las exigencias de la presente gestión de gobierno” de que las empresas del sector hidrocarburífero “colaboren en la provisión de la infraestructura que resulta indispensable para su propio desarrollo y que excede las necesidades ordinarias de la comunidad”. En un contexto de desfinanciamiento del gobierno nacional, pero también atendiendo el mensaje de las urnas que lo llevó al gobierno tras 60 años de MPN, Figueroa viene reclamando que las empresas que operan en Vaca Muerta “pongan más” que regalías, como ya hizo con el programa de becas estudiantiles y las últimas negociaciones de concesiones no convencionales.
“La solución alcanzada equilibra el interés público provincial con la responsabilidad de las operadoras con la comunidad de la cual participan y se sirven”, zanjó en el proyecto.