YPF oficializó esta semana su salida de Santa Cruz al cederle las diez áreas que controlaba a Fomicruz, la empresa provincial de energía. Uno de los puntos clave del acuerdo firmado el lunes es el compromiso que debió asumir la petrolera bajo control estatal para sanear los pasivos ambientales que deja luego de operar ocho décadas en la provincia patagónica. Lo que está ocurriendo en esa jurisdicción es seguido con atención en el sector porque podría constituir un caso testigo que sentará jurisprudencia para el resto de la industria.
YPF está terminando de cerrar un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y el Conicet para precisar cuáles son esos pasivos ambientales. Fuentes de la provincia confirmaron a EconoJournal que la petrolera pondrá a disposición seis equipos durante los próximos dos años, y cuatro durante los dos años siguientes, para llevar adelante las tareas de cierre de pozos. Cada uno de esos equipos especiales puede cerrar unos seis pozos por mes y el costo estimado que demanda el cierre de cada pozo es de alrededor de US$ 200.000, aunque esa cifra podría reducirse por cuestiones de escala, según detallaron fuentes empresarias. Se estima que en los próximos cuatro años, podrían abandonarse definitivamente unos 1000 pozos improductivos.
El gobierno de Santa Cruz tiene previsto licitar en pocas semanas las áreas revertidas y se presentarían las mismas empresas que estuvieron negociando con YPF, es decir, Clear, Crown Point, Roch, Ingeniería Alpa y Patagonia Resources.
Un caso testigo
El Directorio de YPF decidió en febrero del año pasado desprenderse de sus yacimientos convencionales para concentrarse en la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta. Al mes siguiente inició formalmente el proceso de venta y cesión de 55 campos maduros en Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
Santa Cruz constituyó uno de los casos más complejos porque la petrolera no pudo conseguir compradores para sus campos y terminó negociando con la gobernación de Santa Cruz, que dirige Claudio Vidal, la reversión de las áreas a la provincia.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF reconoció en marzo de este año la relevancia que adquirió esa negociación durante una exposición que realizó en el CeraWeek en Houston. “El traspaso de campos maduros es un proceso gigante, el primero que se lleva adelante desde la reforma constitucional de 1994. Santa Cruz y Tierra del Fuego van a ser el leading case (caso testigo, en inglés) que de ahora en más apliquen las empresas cuando quieran quieren devolver áreas a las provincias, en especial cuando los pasivos son más altos que los activos, como nos pasó a nosotros. En Tierra del Fuego, hicimos una licitación y nos pidieron la hermana, la tía, el scalextric y poner plata encima (sic). Lo que marca eso es que salimos tarde (de las áreas) y eso no se puede hacer. Entonces, estamos negociando con las provincias para hacer lo que hay que hacer, que es abonar los pozos secos y revertir”, explicó.
Las áreas que deja
El acuerdo sellado el lunes oficializó la cesión de diez bloques: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal- Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado – El Cordón, Los Perales – Las Mesetas, Cañadón León – Meseta Espinosa, Cañadón de la Escondida – Las Heras. A su vez, el convenio incluye las concesiones de transporte asociadas a las áreas. El siguiente paso es la publicación del decreto provincial que ratificará el acuerdo.
“Quiero agradecer al gobernador y a su equipo de trabajo por la comprensión y el avance de esta negociación que fue ardua pero muy honesta respecto a las posiciones de cada una de las partes. De esta manera YPF viabiliza los activos de Santa Cruz para que la empresa provincial continúe con el desarrollo de la industria convencional santacruceña y nuestra compañía pueda enfocarse en las áreas no convencionales en el marco de la estrategia 4×4”, dijo Marín el lunes.
“La salida de YPF no es un retroceso, como algunos quieren hacer creer. Es, en realidad, una oportunidad única para impulsar un modelo de gestión más eficiente, transparente y enfocado en el desarrollo local. Desde el gobierno provincial vamos a trabajar para garantizar la continuidad de la actividad, proteger los puestos de trabajo y asegurar que los beneficios de la producción hidrocarburífera se traduzcan en mejoras concretas para los santacruceños”, sostuvo el jefe de Gabinete del Gobierno de Santa Cruz, Daniel Álvarez.
