Los subsidios energéticos estaban estimados para este año en unos US$ 4433 millones, apenas un 0,7% del PBI, según el último dato difundido por Economía & Energía. Sin embargo, ese pronóstico contemplaba un tipo de cambio oficial de 1175 pesos para diciembre. La devaluación que vino de la mano de la salida del cepo dejó viejo ese número. Lo que debe definir el gobierno ahora es quién pagará la cuenta adicional, si el Estado con más subsidios o los usuarios con mayores aumentos de tarifas.   

El informe de Economía & Energía anticipó que, si el tipo de cambio a fin de año fuera un 10% superior a los 1175 pesos proyectados para diciembre en el escenario base, los subsidios deberían incrementarse US$ 233 millones llegando entonces a US$ 4666 millones, siempre y cuando el gobierno decidiera no introducir modificaciones en la política tarifaria.

Con la salida del cepo, ese 10% adicional del tipo de cambio por sobre el escenario base podría alcanzarse en este mismo mes de abril, pues el dólar ya cotiza en torno a los 1230 pesos. Eso hace suponer que en el año la divisa estadounidense quedará bastante por encima de los 1175 pesos del escenario base que había sido trazado en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Quien paga la cuenta

El precio del gas en boca de pozo está dolarizado. Por lo tanto, el productor petrolero trasladará de modo automático la suba del 10% que registró el dólar oficial. Si el gobierno autoriza que ese precio vaya a la tarifa, tendría un impacto cercano al 5% porque la incidencia final del precio del gas en la factura final está en torno al 50%, antes de impuestos.

Eso es sin contar la recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las distribuidoras y el Valor Agregado de Transporte. Durante los últimos meses, esos dos componentes regulados se han venido ajustando en línea con la inflación y el gobierno trabaja en la elaboración de un índice para que ese ajuste también sea automático. Ese índice va a contemplar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Mayoristas (IPIM), aunque todavía no está claro que ponderación recibirá cada uno de esos dos componentes.

Si finalmente avanza con la puesta en marcha de ese índice, en junio los segmentos de transporte y distribución se verían ajustados por la variación que haya registrado el índice en abril, ya que se actualiza con dos meses de retraso. En ese mes se sentiría el impacto de la suba del dólar, fundamentalmente del IPIM.

Además, el gobierno tenía previsto otorgarles a transportistas y distribuidoras un incremento adicional surgido de la Revisión Quinquenal Tarifaria que, según dejaron trascender, en el caso de los hogares no superaría el 10% en la boleta final por sobre la suba de precios promedio prevista para este año. Según adelantó EconoJournal, ese porcentaje se prorratearía de modo mensual a partir de mayo y durante los próximos 12 meses.

La combinación entre la suba del precio del gas en boca de pozo, el ajuste de los márgenes de distribución en base a IPC e IPIM y la recomposición prevista en la RQT deja planteado un escenario complejo porque ese aumento tarifario impactaría fuerte en los hogares, justo en la recta final de la campaña electoral.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo son los que deberán decidir si ese esquema se aplica tal como está previsto o si el Estado el que absorbe el costo con más subsidios, al menos hasta las elecciones del 26 de octubre. Luego de esa fecha todo hace suponer que serán los usuarios los que absorban el costo, pues el acuerdo con el FMI contempla entre sus puntos principales el recorte de los subsidios energéticos, fundamentalmente para los sectores medios.