El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa una reforma del mercado eléctrico en el Brasil. La iniciativa, que tiene como principal objetivo extender la libre contratación de energía a la totalidad de los usuarios eléctricos, también implica una fuerte expansión de los subsidios energéticos. La intención es ofrecer un bloque de consumo de hasta 80 kWh mensuales completamente gratuito que beneficiaría a unos 60 millones de habitantes en el Brasil.
El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, envió el jueves a la Casa Civil el borrador de un proyecto de reforma del sistema eléctrico. Según el ministro, la intención es que la propuesta sea remitida al Congreso en forma de una medida provisional, la cual entra en vigencia de inmediato, aunque Casa Civil será la que definirá la estrategia legislativa.
La reforma sectorial busca la apertura total del mercado libre eléctrico. En Brasil el mercado eléctrico se divide en dos grandes segmentos, el regulado y el mercado libre. Mientras que en el primero las generadoras venden la energía a las compañías distribuidoras a través de licitaciones organizadas por estas empresas y el Estado, en el segmento libre se permite la negociación y contratación de energía entre generadores, comercializadoras y consumidores.
En el mercado libre participan principalmente los grandes consumidores industriales de energía, que contratan potencias superiores a los 500 kV. La intención ahora es abrir el mercado a industrias y empresas que contratan poca potencia a partir del 1 de marzo de 2027, y finalmente a los consumidores residenciales a partir del 1 de marzo de 2028.
Mayores subsidios a hogares de bajos ingresos
La propuesta del poder ejecutivo brasileño también implica cambios relevantes en la política de subsidios a la electricidad. El gobierno definió una mejora significativa en los subsidios a la energía eléctrica para los hogares de menores ingresos, que será financiado a expensas de los beneficios fiscales que actualmente reciben los usuarios autogeneradores de energías renovables, además de un aumento marginal del 1% para el resto de los consumidores de electricidad.
Concretamente, el gobierno propone modificar la tarifa social que actualmente beneficia a 17 millones de hogares de bajos ingresos, que representan un universo de 60 millones de personas. Los beneficiarios de la tarifa social actualmente reciben un descuento de 65% sobre los primeros 30kWh mensuales consumidos y un descuento de 40% en la franja entre 31 y 100 kWh.
Silveira impulsa que la nueva tarifa social subsidie por completo los primeros 80 kWh mensuales consumidos. Según los cálculos oficiales, unos 4,5 millones de hogares beneficiarios (16 millones de personas) dejarían de pagar por la electricidad, ya que tienen consumos mensuales inferiores a los 80 kWh.
Actualmente, la tarifa social cuesta 6500 millones de reales por año. Este subsidio es financiado a través de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE), un fondo para el financiamiento de políticas energéticas, cuyos ingresos provienen principalmente de recargos a los usuarios eléctricos de mayores ingresos y usuarios industriales. La CDE recolecta fondos por 40.000 millones de reales por año.
Sin embargo, el gobierno no quiere cubrir con recursos del Tesoro el mayor costo de supondría la nueva tarifa social. Por ese motivo, Silveira impulsa una mayor alocación de los recursos de la CDE para la nueva tarifa social a expensas de los beneficios que perciben los autoconsumidores de energía.
Actualmente, un consumidor de energía conectado en alta o media tensión puede optar por el mercado libre de energía y además obtiene la prerrogativa de ser autoproductor de energía. Para esto le basta con ser un socio minoritario de un proyecto de generación de energía. A cambio, se garantiza la exención de los cargos sectoriales según los volúmenes de energía generados.
Silveira califica de «oportunista» la práctica de importantes consumidores de energía de asociarse con pequeños generadores para obtener esos beneficios. «Es necesario regular la autoproducción oportunista, responsable de distorsiones e injusticias. En el modelo actual, la carga de los costos incluidos en las facturas recae enteramente sobre los hombros del consumidor regulado”, afirmó.
El gobierno quiere modificar la definición de usuarios autogeneradores para limitar los beneficios para los nuevos ingresantes y así incrementar los recursos que financian la CDE. También busca anular algunos incentivos existentes para los consumidores de energías solar y eólica que se financian con la CDE. Todo será en función de liberar más recursos de esta cuenta para el financiamiento de la nueva tarifa social.
