A último momento el gobierno de Javier Milei decidió rever una decisión central que ya había tomado sobre el esquema de financiamiento para construir una línea de alta tensión clave para que no colapse el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que hoy opera al límite. El área energética a cargo del Coordinador de Energía, Daniel González, mano derecha del titular de Hacienda, Luis ‘Toto’ Caputo, y la secretaría María Tettamanti habían definido crear un cargo fijo en las facturas para que los usuarios financien la construcción de la línea de alta tensión AMBA I.

Sin embargo, esta semana el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo impugnó aspectos técnicos de la iniciativa en base a reportes críticos elevados por directivos de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La negativa a avanzar por parte del funcionario de máxima confianza de Javier Milei obliga al Ministerio de Economía a re-evaluar cuál es el mejor esquema de financiamiento para concretar la obra, que es clave para liberar los nodos de transporte que están saturados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el sur del Litoral.

Es importante entender que la obra no sólo aportaría valor para el centro del país, sino que generaría una mejora para todo el sistema eléctrico, dado que, por un lado, permitiría transportar más energía renovable desde la Patagonia y, por el otro, elevaría la redundancia de la red de transporte de alta tensión, que los días de calor trabaja de manera exigida a tope de capacidad. La nueva línea de alta tensión demandará una inversión de alrededor de US$ 1.000 millones.

Este medio pudo constatar de al menos tres fuentes oficiales que el gobierno frenó la resolución que iba a publicar la Secretaría de Energía para crear un cargo fijo, tal como había adelantado Tettamanti a principios de diciembre en el Energy Day, evento organizado por EconoJournal. Funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía intentarán en los próximos días encontrar un solución posible que convenza al asesor presidencial para poder lanzar la licitación de AMBA I. El esquema de “estampillado” diseñado por la Secretaría de Energía implicaba la creación de un cargo fijo para todos los usuarios del sistema eléctrico a nivel nacional que iba a tener un impacto de entre un 1% y un 3% del monto total de la factura final que pagan los usuarios.

Fuentes cercanas a Cammesa señalaron que una de las razones para diferir la decisión sobre el esquema de financiamiento fue la presión de algunos gobernadores que se quejaron porque entendían que los usuarios de las provincias iban a financiar una obra que iba a beneficiar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque -en los hechos- si la obra se concreta permitirá beneficiar al conjunto del SADI. Allegados al área energética del Gobierno negaron estar al tanto de que algún mandatario provincial haya cuestionado la iniciativa en la que venía trabajando la Secretaría de Energía.

Otro factor que influyó en la marcha atrás oficial es que, por la política de ajuste fiscal, el gobierno paralizó la obra pública y está eliminando los fideicomisos de distintas áreas y, en rigor, el esquema de “estampillado” requiere de la creación de un fideicomiso nuevo para recaudar los fondos y luego puedan ser utilizados en la construcción de la línea.

Dos esquemas

La línea de alta Tensión AMBA I (conectará las localidades de Plomer con Vivoratá) es clave para que el sistema opere en mejores condiciones e incorporar generación nueva más económica. Pero también es una obra urgente porque, de no concretarse, el SADI operará cada vez en peores condiciones y con alto riesgo de sufrir colapsos de tensión, cada vez más usuales en la red de 500 y 132 kV. La obra estuvo en los planes del gobierno de Mauricio Macri bajo el esquema Participación Pública y Privada (PPP) y el de Alberto Fernández, con financiamiento de China. En ninguno de los dos modelos se pudo concretar la línea.

El plan que tenía la Secretaría de Energía consistía en crear un cargo fijo específico (estampillado) pagadero por toda la demanda a fin de financiar la construcción de AMBA I en un plazo de alrededor de cuatro años. Este esquema permitiría que el inicio de la construcción de la línea pueda realizarse luego de seis a diez meses del comienzo de la recaudación de los fondos aportados por la demanda.

En la otra vereda, algunos asesores de Santiago Caputo en materia de energía —entre los que figuran el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella— interpretan que la estabilización de la macroeconomía y la baja del riesgo país permitirían conseguir que algún inversor privado pueda llegar a conseguir crédito internacional para construir la línea de alta tensión con un financiamiento a 10 años. Ese esquema, que demostró ser estéril en la última década, contempla que la obra se repague mediante un canon en favor del inversor privado.

Por más que la macroeconomía argentina viene recuperando consistencia, fuentes privadas del sector eléctrico coinciden en que es improbable que aparezcan dos empresas interesadas en construir la línea AMBA I bajo este esquema —mínimamente el Estado necesita que se presenten dos contendientes para poder adjudicar un proyecto sin correr el riesgo de que luego se la impugne legalmente—.

El riesgo de postergar la decisión es que, en la medida que se siga perdiendo tiempo, las condiciones relativas del sistema eléctrico empeoren de forma tal que los costos de la inacción sean mucho más altos en el futuro.