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TRAS LA DECISIÓN DE QUINTELA
Para terminar con el desacato de Quintela, el gobierno pidió a la Corte Suprema que ordene a la distribuidora eléctrica de La Rioja pagar la factura de Cammesa
20 de septiembre
2024
20 septiembre 2024
El gobernador de La Rioja decidió frenar los aumentos de electricidad en la provincia y desde abril la distribuidora EDELAR no aplica el nuevo Precio Estacional de la Energía en sus facturas. Frente a este escenario, Cammesa solicitó una medida cautelar ante la Corte para desarticular esta maniobra provincial y evitar que se rompa la cadena de pagos del sector. ¿Cuál es el impacto?
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Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía en todo el país, que es controlada por el gobierno nacional, presentó este mes un recurso de amparo en la Corte Suprema para ponerle un freno al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que abiertamente desafió la política tarifaria instrumentada por el gobierno de Javier Milei al ordenar —a través de dos resoluciones que llevan su firma— que Edelar, la distribuidora provincial de energía, deje de pagar la energía que compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que en última instancia es administrado por el Estado nacional.

La decisión de Quintela es un absurdo regulatorio. Por medio del Decreto 370 y de la resolución 133 del Ente Regulador de Servicios Públicos provincial, ambas publicadas en abril, el mandatario riojano le ordenó a Edelar desconocer el precio estacional de la energía eléctrica (PEST) fijada por el Ministerio de Economía, que dirige Luis ‘Toto’ Caputo, y no trasladarlos a los cuadros tarifarios que pagan los usuarios residenciales de la provincial. Si bien en los últimos 20 años fueron múltiples —y hasta constantes— los casos de distribuidoras provinciales que acumularon deudas millonarias por pagar con demora —o incluso dejar de pagar por un período de tiempo— la factura de Cammesa, nunca un gobernador se había animado a ordenar por escrito ese desacato contra el sistema eléctrico nacional, que es lo que hizo Quintela en abril.

En desacato

La decisión dejó expuesto al mandatario riojano frente al resto de los gobernadores, que sí convalidaron el traspaso a facturas del precio estacional de la electricidad fijado por la Secretaría de Energía. Ahora, para intentar ponerle un coto a la desobediencia de La Rioja, que en la práctica atenta contra la política de reducción de subsidios energéticos del Tesoro nacional a fin de alcanzar el déficit fiscal cero, el vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, que está alineado con el ministro de Economía, le pidió al máximo tribunal de Justicia del país que deje sin efecto, de manera inmediata, lo establecido en el Decreto 370 y la resolución 133, según indicaron fuentes del mercado eléctrico a EconoJournal.

Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa; y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

¿Qué implica esta maniobra de La Rioja? En los hechos, la decisión en rebeldía del gobernador de La Rioja afecta no sólo a la operatividad financiera del sistema, sino que además es una provocación tácita a las provincias y distribuidoras que sí cumplen con sus obligaciones de pago con Cammesa.

A su vez, las demoras y la falta de pago por parte de algunas distribuidoras no sólo amenazan el abastecimiento eléctrico, sino que han requerido -en varias ocasiones- la asistencia financiera del Estado Nacional, generando una dependencia de los aportes del Tesoro que se traduce en inflación, además de provocar una situación de injusticia entre los actores del sistema.

Continuidad del servicio

Fuentes al tanto de esta maniobra indicaron a EconoJournal que “la distribuidora provincial de energía Edelar, dirigida por el hijo del gobernador, ha buscado eludir el pago de la energía eléctrica adquirida a Cammesa». «Este movimiento en rebeldía tiene como objetivo sumar a su patrimonio los fondos que deberían ser destinados al pago de las compras de energía, afectando gravemente a la cadena de pagos del MEM”, cuestionaron.

En esa misma línea, destacaron que para la compañía encargada del despacho de energía “es prioritario garantizar la continuidad del servicio eléctrico en condiciones de seguridad y equidad, y por ello ha tomado la decisión de llevar este caso ante la Corte, lo que marca un precedente en la defensa de las competencias del sistema eléctrico argentino”.

Cadena de pagos

El accionar de Cammesa de solicitar una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia se enmarca en una serie de acciones que está llevando adelante la compañía mixta que administra el mercado eléctrico para preservar la integridad financiera de la cadena de pagos en el sector eléctrico y así asegurar la provisión de energía eléctrica en todo el país.

Tal como adelantó este medio, a principio de este mes la Cámara Federal de Mar del Plata falló a favor de Cammesa al frenar una maniobra que estaban llevando adelante las cooperativas eléctricas para no abonar los servicios de energía provistos por Cammesa. Esto es así puesto que la Cámara revocó el fallo del Juzgado Federal de Dolores que había extendido un amparo individual que beneficiaba inicialmente solo a la Cooperativa de Villa Gesell -y la eximía del pago por la energía consumida administrada por Cammesa- hacia otras compañías que no habían formado parte del proceso judicial. Frente a esto, Cammesa decidió apelar y la Cámara calificó al proceso como inapropiado.

La decisión de la Cámara fue clave para el óptimo funcionamiento del sistema puesto que esta situación significaba un riesgo ya que formalizaba legalmente que las cooperativas o empresas distribuidoras dejaran de pagarle a Cammesa lo que generaba que empresa no pueda abonar el pago por la generación y transporte de energía.

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OLADE realizó un estudio sobre la situación del sistema eléctrico en los países de América Latina y el Caribe y advirtió que para sortear las cuestiones climáticas y garantizar el suministro será clave la integración eléctrica de las naciones. «Argentina podría cumplir un rol como respaldo térmico regional para la generación intermitente, así como oficiar de garantía de suministro ante eventos hidrológicos extremos en los países limítrofes”, dice el informe.
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Las cuatro distribuidoras reguladas por la provincia deberán aportar toda la información y/o documentación que le sea requerida por la Subsecretaría de Energía de esa jurisdicción. La última RTI se realizó en el año 2017, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. También se presentó el Plan Verano. En los picos de mayor demanda se sumarán 20 megas para abastecer cinco puntos estratégicos de la Provincia: Carmen de Areco, Pergamino, 9 de Julio, General Viamonte y Mar del Tuyú.
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