Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy están elaborando un nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles que, en los aspectos centrales, es similar a lo que proponía la Ley Ómnibus que presentó el gobierno de Javier Milei en el Congreso. Son las provincias productoras de bioetanol (elaborado a base de caña y de maíz) y biodiesel (aceite de soja), que se mezclan por ley con las naftas y el gasoil antes del expendio. Por diferencias, no son parte del proyecto las provincias de Buenos Aires, San Luis y La Pampa, que también tienen plantas pymes de biodiesel.

Fuentes provinciales explicaron a EconoJournal que la intención es cerrar el texto para presentarlo en la reunión del Pacto de Mayo, la convocatoria que hizo Javier Milei a los mandatarios de todo el país. El proyecto de las seis provincias plantea una desregulación del sector y el ingreso de los grandes jugadores del agro.

En los hechos, la iniciativa propone licitaciones privadas como mecanismo de abastecimiento del mercado local, hoy regulado por cupos y precios desde la Secretaría de Energía. Además, contempla el ingreso de las grandes cerealeras como Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco, entre otras, al mercado local de biodiesel, hoy imposibilitadas por la Ley 27.640. La actual norma habilita a las cerealeras sólo a exportar.

El proyecto también plantea la postergación para producir bios para las refinadoras de hidrocarburos como YPF, Raízen, Axion Energy, Puma y productores de crudo que evalúan desembarcar en el negocio. Recién las habilitaría cuando el porcentaje de mezcla con las naftas (hoy en 12%) sea superior al 18% en el caso del bioetanol y 15% en biodiesel con gasoil (hoy 7,5%), algo que en varias refinerías ven muy lejano, ya que en la Ley Ómnibus estaba previsto que se llegue a estos porcentajes recién a partir de 2028.

Este punto es cuestionado por las refinadoras, que sostienen que va en contra de la tendencia internacional que refleja que las petroleras están desembarcando cada vez más en el negocio de los combustibles de origen vegetal.

Proyecto de ley

Los aspectos centrales de la iniciativa de las seis provincias son similares a los que proponía la Ley Ómnibus en la Sección IV de Biocombustibles, que modificaba nueve artículos de la Ley 27.640. El paraguas que sostiene el proyecto es la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas.

A iniciativa surge de los gobernadores, sobre todo del santafesino Maximiliano Pullaro, donde están instaladas buena parte de las pymes de biodiesel del país (sobre todo en el Gran Rosario), las grandes cerealeras y los centros aceiteros y el puerto. En esta línea también está el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio. Las diferencias con Buenos Aires, San Luis y La Pampa son puntualmente sobre el biodiesel. El argumento que sostienen en Santa Fe es que la mayor producción del país se realiza en esa provincia.

Desde una pyme santafesina señalaron a EconoJournal que “el punto central es la modificación del artículo 13 (que habilita las licitaciones) y creo que se tienen que bajar las expectativas desde las grandes aceiteras, las pymes y desde el gobierno nacional para que se logre un acuerdo social que permite planificar a largo plazo en los biocombustibles”.

Por su parte, Martín Llaryora de Córdoba, que produce bioetanol maicero, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y Carlos Sadir de Jujuy, que elaboran etanol de caña de azúcar, coinciden con el proyecto. Por esto, en el segmento de bioetanol no habría discrepancias.

Biodiesel y flete

Según fuentes del sector consultadas por EconoJournal, el bonaerense Axel Kicillof, el puntano Claudio Poggi y el pampeano Sergio Ziliotto no acuerdan con el proyecto porque entienden que excluyen a las pymes de biodiesel que están alejadas de Santa Fe. Los tres gobernadores creen que en las licitaciones se verían perjudicadas las plantas de Buenos Aires, San Luis y La Pampa porque tienen costos de fletes más elevados para transportar la materia prima (aceite de soja) desde Rosario hacia sus instalaciones. Entienden que, por esta razón, las pymes santafesinas presentarían mejores ofertas.

Por ejemplo, las plantas ubicadas lejos de Santa Fe, que compran 3.000 toneladas de aceite de soja (principal materia prima del biodiesel) a una aceitera cerca de Rosario a US$ 40 por tonelada, tienen un costo mensual de US$ 120.000 de flete, un número que las dejaría fuera de juego o reducirían su participación en las licitaciones, según explicaron las mismas fuentes.

Similar a la Ley Ómnibus

Las provincias proponen licitaciones privadas al mejor precio para el abastecimiento local, un mecanismo que hoy se fija con cupos y precios. Es decir, quieren ir a compulsas periódicas donde participan los compradores (refinadores) y vendedores (productores de etanol de caña y de maíz y de biodiesel de aceite de soja), similar al mecanismo de las licitaciones del MATER (Mercado a Término de Energía Renovable).

En este esquema, las pymes (no integradas) y las cerealeras (integradas) competirían en dos segmentos diferenciados para cubrir la demanda del mercado local. En la Ley Ómnibus, y por iniciativa del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ninguna empresa de bios podía tener más de 14% de participación del mercado local y competir por más del 100% de su capacidad instalada.