Las compañías nucleadas en la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) advirtieron que las restricciones para acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y las demoras y falta de definición de las fechas de aprobación en el otorgamiento de SIRAs (Sistema de Importaciones de la República Argentina) y SIRASEs – permisos para girar dólares por el consumo de servicios internacionales-, han provocado una crisis en el sector. Desde las empresas señalan que esta situación se tradujo en un incremento exponencial de los costos ya que el desarrollo de muchas de sus actividades depende en gran medida de poder acceder a componentes extranjeros, tanto en bienes como en servicios.

Es por esto que las compañías alertan que la industria está a punto de suspender la operatoria por falta de repuestos y pago de seguros, lo que generaría a su vez una alteración en el abastecimiento de combustibles al mercado interno y a las generadoras eléctricas.

Esto es así porque las compañías nucleadas en la Federación se abocan al transporte fluvio marítimo de hidrocarburos -desde el sur a las diversas refinerías y desde allí a los puertos más importantes del país y usinas eléctricas-, y también a los servicios de las plataformas petroleras ubicadas en el Mar Argentino.

Reclamo formal

Como las refinerías principales de la Argentina se encuentran alejadas de los yacimientos de producción de petróleo el transporte en buque -junto con los ductos y camiones- resulta fundamental para garantizar las operaciones del Upstream y Dowstream. Sumado a que también existen buques cruderos y producteros – que participan de la logística relacionada con la distribución de gran parte de los productos derivados del petróleo que salen de las refinerías- los que también se ven afectados por la falta de insumos.

Frente a esto, las empresas navieras elevaron un reclamo ante la Secretaría de Comercio y de Energía a fin de evitar más dilaciones en el acceso al mercado de cambios, según indicaron a EconoJournal fuentes privadas. Argumentan que esta situación ocasiona graves dificultades para la actividad de transporte fluvio marítimo, generando un impacto negativo en toda la economía y en particular en el sector energético.

Argumentos

Las empresas plantearon que el decreto 377 publicado el 24 de julio en el Boletín Oficial que refiere al Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) “lejos de brindar algún alivio al sector, aplicó un nuevo impuesto a la marina mercante”. En ese sentido, explicaron que ese impuesto hoy tiene un impacto directo en la importación de bienes en un 7,5% y de servicios en un 25 por ciento.

En términos reales, esto implica que la totalidad de los repuestos que los armadores importan de manera directa se vean incrementados en un 7,5%. También, esto tiene un impacto en los repuestos que se compran a proveedores locales que poseen algún componente que no se produce a nivel nacional.

Respecto a los servicios como los seguros, el pago de los arredramientos, servicios de comunicaciones satelitales, etc., también se ven impactados en un 25%, sin tener en cuenta los costos de financiación, que, según informaron desde las empresas, “a la fecha venían siendo soportados por los armadores, en atención a los plazos de pago que se autorizan”.

Las compañías en su reclamo solicitaron a Energía que, al establecer los distintos bienes importados vinculados a la generación, que se encuentren exentos del pago del Impuesto PAIS, se incluya a los bienes que deben ser importados por las empresas navieras argentinas para el normal desarrollo de la actividad de transporte fluvial marítimo de hidrocarburos. Este pedido se da en base a que el decreto 377 extendió el alcance de la aplicación de ese impuesto a la importación de bienes y servicios con algunas excepciones, entre ellas, la importación de bienes vinculados a la generación de energía, en los términos que estableciera la Secretaría.

Consecuencias

En base a esta situación y a la imposibilidad de acceder a los insumos y completar los pagos correspondientes, las empresas armadoras indicaron que deberán incrementar sus tarifas en los porcentajes del impacto.

Además, expusieron que esto genera una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de celebración de los contratos que vinculan a las empresas armadoras con sus clientes, y que por ese motivo “será preciso contar con el acompañamiento de esos clientes a fin de readecuar las condiciones contractuales de manera de restablecer el equilibrio de las prestaciones”.

Las empresas aseguraron que, si no se aprueban las SIRAs, no se podrán importar los repuestos para cumplir con el plan de mantenimiento de los buques. Y que esto tendrá un impacto en los vettings – inspección de un buque realizada por un oil major o empresa química-, las inspecciones de la Prefectura Naval Argentina y que además se suspenderá la operatoria de los buques.

De igual manera, explicaron que en caso de no aprobarse las SIRASEs el no pago de los seguros hará caer su cobertura lo que provocará la suspensión de la operación, puesto que no se puede operar sin seguros. Además, el no pago de los alquileres de buques con tratamiento de bandera le otorgará el derecho al dueño a su inmediata restitución, lo que dejará a la Argentina sin buques ni bodegas.