La presentación del libro «El Plan Gas: política pública energética y transición ambiental» tuvo lugar esta semana en la Feria Internacional del Libro 2023 que se celebra en La Rural. Frente a una nutrida audiencia con presencia de funcionarios y ex funcionarios y representantes de empresas energéticas, el ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y autor del libro, Juan José Carbajales, defendió la importancia de las políticas públicas en el sector energético.

En el pabellón azul de La Rural, el docente de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz y titular de la consultora Paspartú presentó su libro en un panel acompañado por la vicerrectora de la UNPAZ Silvia Storino, la directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, Elsa Llenderrozas, y la subsecretaría de Planeamiento Energético Cecilia Garibotti. También contó con mensajes grabados de la secretaría de Energía Flavia Royón, el ex secretario de Energía Darío Martínez y el embajador argentino en Chile y autor del prólogo del libro Rafael Bielsa.

Luego de la presentación, Carbajales dialogó con EconoJournal sobre su flamante libro, editado por EDUNPAZ y de descarga libre.

Como subsecretario fuiste responsable del diseño del Plan Gas.ar. ¿Qué quisiste plasmar en este libro?

-Como subsecretario fui parte de un equipo que diseñó, negoció y articuló con los sectores relevantes del sector público y de la industria un programa que intentaba resolver dos problemas, el declino de la producción y la complicación de gran parte de la demanda para pagar el costo que requería ese esfuerzo de inversión. El plan se aprobó a fines de 2020 y empezó a funcionar en 2021. Se hicieron las rondas licitatorias y el gobierno acaba de extender el plan hasta 2028 con nuevas adjudicaciones, cuando el plazo original era hasta 2024. Con lo cual, la motivación del libro radica en explicar de forma didáctica y accesible cómo fue ese proceso de manera integral y secuencial. Cómo fueron los pasos que se fueron dando desde la concepción inicial hasta la ejecución final y la revisión. Porque si hubo un relanzamiento es que se evalúa el impacto de esa política pública, se hacen los ajustes necesarios y luego se vuelve a avanzar. El propósito del libro es poner a disposición del público interesado, de los estudiantes, de los jóvenes profesionales un estudio de caso que funciona y que tiene vocación de permanencia. Hay contratos firmados y que van a continuar más allá del próximo mandato presidencial.

¿Qué evaluación hacés de los resultados del Plan Gas.ar en función de los objetivos delineados?

-Los resultados han sido más que auspiciosos. Se cumplió el gran objetivo que era revertir el declino y de que haya en el sistema de transporte un bloque anual de 100 MMm3 por día. Este bloque proviene de todas las cuencas productivas, mayormente de Vaca Muerta. Esta destinado a las distribuidoras para satisfacer la demanda domiciliaria, a CAMMESA para la generación eléctrica, y luego hay un tercer bloquecito que va a la industria y GNC. Si bien allí no hay contrato porque ese gas se negocia libremente entre las partes sí hay obligación de inyectar ese volumen. El objetivo fue cumplido y eso llevó a una inercia en la producción, producto de la inversión de los operadores, que hizo que ahora haya sobre cumplimientos. Esto benefició a CAMMESA, que pudo adquirir más gas para reemplazar el gasoil importado, y a Enarsa para reemplazar el LNG. No solo se cumplieron las metas delineadas sino que hubo un beneficio adicional. Todo eso llevó a la saturación del sistema de transporte y de ahí la necesidad de construir el gasoducto Nestor Kirchner y otras obras complementarias. También llevó a que el gobierno extendiera el plan por cuatro años más.

En el título del libro hablás de “transición ambiental”. ¿Cómo se vincula con el gas?

-Se vincula de dos maneras. El gas natural tiene una incidencia fundamental en nuestra matriz tanto primaria como eléctrica. En ambos casos representa más de 60%. Cada vez que en nuestras casas ponemos una pava eléctrica o de hornalla estamos consumiendo el gas que proviene mayormente de nuestras cuencas. Pero a la vez es el hidrocarburo menos contaminante. Es el vehículo de la transición energética para reducir la intensidad de las emisiones de CO2. Es central en los planes que delinea la secretaria de Energía y el Gabinete de Cambio Climático para lograr alcanzar las metas de reducción a las cuales Argentina se comprometió. Obviamente el gas natural emite metano, que es contaminante. Las compañías tienen planes en eficiencia y reducción de esas emisiones. En los últimos capítulos del libro abordamos esta temática, no solo de dónde sale el gas y cómo se produce en Argentina sino qué rol juega en función de esa transición.

El año pasado publicaste un libro sobre la historia y el rol de las empresas del Estado. ¿Hay alguna línea de continuidad de ideas con este nuevo libro?

-Hay una línea de continuidad porque una política pública puede ser delineada en los escritorios de un ministerio, por funcionarios, pero luego debe ser articulada con los actores relevantes del sector. Un papel central lo cumplen las empresas públicas. En este caso podemos mencionar a YPF, como el operador principal en Vaca Muerta y otras cuencas, a Enarsa que tiene un rol central en la importación y hoy en día en la construcción de las redes de gasoductos, y a CAMMESA, actor central en la generación eléctrica y la adquisición del gas para las centrales térmicas. Muchas veces el Estado requiere de un brazo ejecutor en el mercado y las empresas públicas ahí juegan un papel determinante.

En la presentación del libro mencionaste el “ultraliberalismo” y dejaste planteada una preocupación por la eventual pérdida de continuidad de esta política pública en materia de producción de gas.

-Estamos muy acostumbrados a hablar en términos de grieta cuando hablamos de la disputa política. Es sana la discusión agonal en la arena pública. Pero hoy estamos frente a un peligro de estos movimientos mal llamados libertarios, del ultraliberalismo, que lo que plantean es simplemente una reducción del papel del Estado en la economía. Nosotros planteamos ese papel en términos de una política pública como es el plan Gas.ar, que no deja de ser una política de fomento a la producción, en la que el Estado abona un diferencial de precio a las productoras, y luego una política de cuidado al consumidor, porque los usuarios pagan el precio al cual pueden acceder. De ahí los programas de segmentación que se están llevando adelante. Pero siempre con un rol activo del Estado guiando al mercado y cuidando a los sectores vulnerables. Todo eso quedará de lado si se cumplen los pronósticos y las propuestas de este sector de ultraderecha simplemente porque dejan liberado a cada uno a su suerte. Las funciones que tiene el Congreso, por el articulo 75 de la Constitución, inciso 18 y 19, de guiar el progreso ,el desarrollo humano, la prosperidad, quedan descartadas literalmente si una propuesta de ese tipo llegara a concretarse.