La audiencia pública donde se debatió el aumento de las tarifas de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contó sólo con 22 intervenciones y duró apenas 4 horas y 17 minutos (comenzó 8:38 y culminó 12:55 horas). Estuvo a cargo del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y su interventor Walter Martello (respaldado por Sergio Massa) advirtió que “Edenor y Edesur no van a tener las tarifas que piden, van a tener las tarifas que los usuarios puedan pagar”.
En respuesta a la declaración de Francesco Starace del CEO del grupo italiano Enel (controlante de Edesur), que en un panel sobre energía organizado por la escuela de Negocio de Harvard, dijo que la legislación argentina era “bizarra”, Martello señaló: «nosotros creemos que lo verdaderamente bizarro, en el sentido de raro y extravagante según define la Real Academia Española, es pretender tarifas del Primer Mundo ofreciendo una calidad de servicio del Tercer Mundo», así como «no poder gestionar un negocio en un mercado no competitivo y con usuarios cautivos«.
Por su parte, las distribuidoras eléctricas, que por nota ya habían reclamado formalmente una recomposición tarifaria de 262%, hicieron foco en la suba del Valor Agregado de Distribución (VAD), el segmento de las boletas que determina el margen de las compañías. La audiencia pública estaba convocada para establecer una adecuación tarifaria transitoria, dentro del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), que se va a traducir en aumentos que impactarán a partir de marzo.
Edenor y Edesur
Federico Méndez, en representación de Edenor, señaló que para cubrir el déficit de la compañía “el 80% de los clientes residenciales en promedio deberían pasar a pagar una factura final con impuestos de $ 2.757 (mensuales). Esto es sensiblemente menor a lo que pagan el resto de los usuarios en el país”. Para esto, el requerimiento de fondos de Edenor para cubrir el déficit asciende a $ 205.760 millones para 2023. Méndez añadió que “Edenor perdió el 41% de la participación en las facturas en beneficio de las generadoras y las petroleras, ya que en 2018 las distribuidoras se llevaban el 33% del monto de las facturas y en 2022 bajó al 20%. Pero con la segmentación tarifaria completa la pérdida de participación de Edenor será del 55%”. Pasará del 20% de participación en las facturas en la actualidad al 15%, según explicó el vocero de Edenor.
En tanto, Jorge Lemos de la distribuidora Edesur, indicó que “los ingresos de la compañía representan alrededor del 17% de las facturas y no alcanzan a cubrir los costos operativos”, que se completan con el 58% del costo de la energía y un 25% impuestos, según el gráfico que mostró en la audiencia. Además, destacó: “sin entrar en una discusión bizarra o barroca, como dijo el Ejecutivo (del Grupo Enel), lo cierto es que desde la Ley de Emergencia de 2019 se viene postergando la realización de la RTI, donde se deberían fijar cuáles son las obligaciones de la empresa y cuál sería la tarifa por las mismas”.
Luego, subrayó que “de los $ 1.800 que representa la factura promedio, a Edesur sólo le quedan $ 306 para cubrir todos sus gastos” y añadió que “lo que se discute en esta audiencia es que variación de costos por inflación se le reconoce a Edesur”. Las distribuidoras argumentaron que desde febrero de 2019 registraron dos incrementos: uno de 21% en mayo de 2021 y otro de 8% en marzo de 2022. Un incremento total de 31% donde, en el mismo período, la devaluación fue de 370% y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 516%.
La política
En la audiencia participaron representantes de las distribuidoras eléctricas, de las asociaciones de empresas del sector y de organizaciones de defensa de los usuarios. Casi no hubo participaciones individuales. El dato político es que no participaron representantes del oficialismo ni hubo una voz del kirchnerismo en la audiencia pública, siendo que las tarifas de electricidad y gas fueron temas centrales en la interna del Frente de Todos y, en particular, en la disputa con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. No participó tampoco Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la gobernación de Axel Kicillof. Tampoco funcionarios de otros sectores políticos.
Sólo fue parte de la audiencia Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, una localidad bonaerense afectada por cortes de suministro. “Con Edesur tenemos un festival de cortes. Todas las semanas hacemos presentaciones ante el ENRE en las que denunciamos cortes en nuestro distrito. Es habitual tener entre dos y tres barrios sin energía eléctrica con una gran demora en la resolución del conflicto”, indicó el intendente. Y añadió que “en 2015 le cedimos a Edesur un terreno y no construyó la subestación eléctrica. La empresa no cumplió el contrato firmado en el que se comprometía a construir una subestación eléctrica en Luis Guillón con el fin de mejorar la calidad del servicio”.
También participó José Ramón, diputado nacional por la provincia de Mendoza, que fue crítico con las distribuidoras y con Martello del ENRE. Por parte de las organizaciones de usuarios habló Mariana Grosso, que representó a la Defensoría del Pueblo de la Nación y sostuvo: “lo que se está discutiendo en esta audiencia es una incógnita, porque creemos que estamos en medio de un desacuerdo ente el Estado y las empresas, pero parece que se olvidan de que esto se traduce en la calidad de la prestación”.
