La Secretaría de Energía ordenó postergar por un mes la quita de subsidios a la luz y el gas que debía comenzar a regir a partir de septiembre. Lo que se busca es ganar tiempo para reducir el universo de los que comenzarán a pagar la tarifa plena. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras eléctricas del país, articularán con intendentes y referentes territoriales para recorrer los barrios casa por casa y lograr que buena parte de los hogares que no se inscribieron al registro lo hagan en las próximas semanas, según comentaron a EconoJournal fuentes privadas.
Si Edenor y Edesur hubieran tenido que aplicar la quita de subsidios a partir de septiembre, un 35% de sus usuarios se hubiera visto afectado, cifra que está muy por encima del 10% que había prometido el gobierno a mediados de junio cuando publicó el decreto 332/22 de segmentación energética.
Por eso, el objetivo que se propusieron las autoridades en conjunto con las empresas es reducir ese porcentaje al menos al 25 o 20 por ciento.
Como el gobierno se mantiene por ahora firme en la decisión de no incluir en el registro compulsivamente a aquellos que no se inscribieron, por más que cumplan con las condiciones para hacerlo, en los próximos días se iniciará un recorrido casa por casa en las zonas más problemáticas del Conurbano para que los que necesitan el subsidio finalmente se anoten.
Un dato que encendió las alarmas del gobierno fue constatar que en el listado de usuarios Nivel 1 de que les pasó el gobierno, donde se supone que están los hogares de mayor poder adquisitivo, figuran 50.000 usuarios que tienen el Medidor Integrado de Energía (MIDE), destinado a usuarios prepagos de bajos recursos. “Es evidente que ese listado tiene problemas”, aseguró a EconoJournal una fuente de la compañía.
Argumento oficial
El argumento que se dejó trascender desde el gobierno para suspender la quita de subsidios en septiembre fue que la norma que ordena considerar a los no inscriptos al registro como integrantes del Nivel 1 se publicó recién el 26 de septiembre y no tiene carácter retroactivo. Sin embargo, más allá de esa excusa formal, el problema es que la quita de subsidios terminará afectando a millones de usuarios, muchos de bajos recursos.
Cuando se publicó el decreto 332/22 a mediados de junio este problema ya se podía vislumbrar, pero cerca del entonces ministro de Economía Martín Guzmán decían que todos los que necesitaban el subsidio se iban a terminar anotando porque se iba a realizar una campaña de comunicación muy buena. Desde aquella fecha ya pasaron casi 4 meses y el pronóstico no se cumplió.
Hay provincias del norte país donde cerca del 50% de los hogares no se anotó en el registro de subsidios y en toda la provincia de Buenos Aires ese porcentaje se ubica en el 45%, como informó EconoJournal.
En el área de Edenor y Edesur el porcentaje baja al 35%, pero se estima que en las zonas donde opera EDEA (Costa Atlántica), EDEN (norte bonaerense), EDES (sur bonaerense) y Edelap (Río de la Plata) la situación es todavía más complicada.
