El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) imputó en julio de 2019 a Naturgy, la segunda distribuidora de gas de la Argentina, por un supuesto incumplimiento en el plan de inversiones. La empresa presentó su descargo el 29 de agosto de ese mismo año y desde entonces la investigación no volvió a avanzar. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al responder una serie de preguntas que le formuló el diputado del PRO, Álvaro González, sobre el desempeño de las intervenciones del Enargas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La investigación había sido iniciada por el gobierno de Mauricio Macri, pero desde que Alberto Fernández intervino el Enargas y designó a Federico Bernal en marzo de 2020 el expediente quedó cajoneado. La falta de novedades llevó a la oposición a incluir la consulta en el cuestionario enviado a Manzur el mes pasado.
“Enargas informa que, como consecuencia relevante de los cursos de acción llevados por el organismo, el 12 de julio de 2019 se le notificó a Naturgy BAN S.A. (en ese momento Gas natural BAN S.A.) la imputación cursada en los términos del Capítulo X de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, el incumplimiento de su Plan de Inversiones Obligatorias (Año 1) según lo dispuesto en el Anexo III de la Resolución ENARGAS N° I-4354/17 y el Punto 5.1. de las mencionadas Reglas Básicas. Al respecto, la Distribuidora presentó el descargo correspondiente de fecha 29 de agosto del 2019, el cual se encuentra en análisis por este organismo”, respondió Manzur.
De ese modo, el jefe de Gabinete reconoció que en dos años y medio la intervención encabezada por Federico Bernal no produjo ningún avance en ese tema, pese a que según la gestión anterior del organismo la empresa había invertido en el período bajo análisis 632 millones de pesos menos de lo comprometido.
El descargo de Naturgy
En su momento, Naturgy se había defendido argumentando que la sub-ejecución del presupuesto asignado se produjo debido a la demora de varios municipios del Conurbano para habilitar administrativamente las obras en su territorio.
“Unos $ 632 millones quedaron pendientes por problemas burocráticos en varios de los municipios donde brindamos servicio. Ese hecho fue informado en reiteradas ocasiones al Enargas, razón por la cual se solicitó la postergación de la ejecución de las inversiones”, precisaron desde la compañía ante una consulta de EconoJournal.
Si Naturgy estaba en lo cierto, Enargas podría haber desestimado el proceso iniciado por la gestión anterior, pero según confirmó la Jefatura de Gabinete la intervención no resolvió nada.
Flexibilización generalizada
La decisión de no avanzar en la sanción contra Naturgy coincidió con una flexibilización generalizada de los planes de inversión destinada a compensar el congelamiento de tarifas que se aplicó durante gran parte de la gestión actual.
En junio del año pasado, EconoJournal informó que el aumento de 6% autorizado ese mes en la factura de los usuarios residenciales de gas fue el primero aplicado desde abril de 2019, pese a que la inflación acumulada en ese período llegó al 115%. A raíz de ello, en el punto 4 de la cláusula segunda de los convenios que firmó Enargas con las distribuidoras se dejó explicitado que “durante el presente Acuerdo Transitorio de Renegociación no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por la licenciataria”.
Los acuerdos con las nueve distribuidoras de gas, firmados el 21 de mayo de 2021 por el ministro de Economía Martín Guzmán y el interventor de Enargas Federico Bernal, fueron publicados en la tarde del lunes 31 de mayo de ese año en los anexos de un suplemento del Boletín Oficial con la intención de que pasaran lo más desapercibidos posibles.
Las licenciatarias se comprometieron allí a seguir prestando el servicio en las condiciones de calidad y seguridad que surgen de su licencia mientras dure el régimen tarifario de transición, pero a cambio exigieron que se explicite que ya no están obligadas a cumplir con su plan de inversión.
Esto también fue reconocido por el propio Manzur en las respuestas que le envió al diputado Álvaro González. Cuando se le solicita el detalle de las inversiones obligatorias en distribución y transporte de gas establecidas en la RTI y el detalle de las modificaciones introducidas a partir de la vigencia del Régimen Tarifario de Transición, el Jefe de Gabinete detalla las resoluciones donde estaba establecido el plan de inversiones original y luego aclara que “por imperio de las Resoluciones APN-2019-521-SGE#MHA y APN-2019-721-SGE#MHA primero y, luego, de la Ley 27.541 de fecha 21/12/19, fueron suspendidos los ajustes semestrales de tarifas. En ese contexto, al final del Año Regulatorio 3 (2019) no hubo referencias a la obligación de ejecución de obras o de inversiones por parte de las Licenciatarias, por lo que dicha suspensión hace tener como indeterminadas los alcances de los planes de inversiones oportunamente aprobados para los Años Regulatorios III (2019), IV (2020) y V (2021)”.
