Trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) difundieron el jueves pasado un duro comunicado en el que denuncian “creciente maltrato, violencia y discriminación por parte de funcionarios de la intervención, en un contexto de preocupante de déficit de gestión, discriminación salarial y deterioro propio de las funciones del ENRE”. Los empleados del organismo, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron una reunión con la interventora del organismo María Soledad Manin, funcionaria que responde al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, pero hasta este lunes no se había concretado. EconoJournal consultó al ENRE sobre las acusaciones, pero no obtuvo respuesta.

La gota que rebalsó el vaso

El malestar de los trabajadores con la intervención viene desde hace tiempo, pero la gota que rebalsó el vaso fue el desplazamiento del trabajador Fernando De Antueno de la Jefatura de la División de Administración de Servidores y Soporte Técnico sin sumario previo. De Antueno se venía desempeñando en ese cargo desde 2007, sin haber tenido ningún tipo de sanción y con desempeño destacado en las evaluaciones periódicas que realizan los superiores. Sin embargo, el 14 de junio al presentarse en su lugar de trabajo comprobó que le habían revocado los permisos para realizar su tarea. Recién cuando consultó le informaron que había sido desplazado de su puesto.

El memorando de la División de Recursos Humanos lo acusa de haber cometido una falta de “notable gravedad (…) que puso en riesgo a toda la estructura del organismo”, pero sin dar mayores detalles. Lo que sí se aclara es que se lo desplaza del cargo, pero se le respeta su categoría dentro del organismo.

En otro informe elaborado por el Coordinador de Gestión del ENRE, Jonathan Simón, se lo acusa al trabajador de validar un precio excesivo por una tarea de mantenimiento de servidores, pese a haber disponible una cotización más económica. El trabajador rechaza el cuestionamiento y responde que en febrero de este año había solicitado a través de un memo dirigido a su superior la renovación del contrato de mantenimiento de servidores hasta tanto se lleve a cabo la licitación correspondiente y había adjuntado como archivo embebido el presupuesto de actualización de valores presentado por la empresa.  

Más allá del hecho en cuestión, trabajadores del organismo consultados por EconoJournal señalaron que De Antueno en ningún momento fue notificado de la apertura de un sumario disciplinario que justifique la supuesta falta y mucho menos la remoción de su cargo.

Paro y denuncias de persecución

En respuesta a la sanción contra De Antueno, ATE realizó un paro de actividades el 16 de junio y la única reacción que obtuvo por parte de la intervención fue un pedido de Simón instruyendo al Departamento Administrativo para que deje constancia en los respectivos legajos de los trabajadores de la adhesión a la medida de fuerza. “No vamos a admitir más hechos de violencia, maltrato verbal ni discriminación. No van a intimidarnos, silenciarnos ni disciplinarnos”, respondieron desde ATE a través del comunicado difundido el jueves pasado.

El Coordinador de Gestión del ENRE, Jonathan Simón, es uno de los apuntados por maltrato y violencia verbal. Simón ingresó al ENRE como asesor con Federico Basualdo en 2014. Cuando llegó el macrismo fue desplazado a una base del organismo en Lomas de Zamora y cuando Basualdo regresó al ente en 2020 lo rescató del ostracismo, lo llevó nuevamente a la sede central de Avenida Madero y en apenas dos años obtuvo tres recategorizaciones llegando al máximo escalafón del ENRE, Jefe de Área Nivel 1, lo que le reporta un sueldo cercano a los 500 mil pesos brutos por mes, sin contabilizar adicionales. El rápido ascenso de Simón ya había generado malestar dentro del organismo, pues afirman que no tiene antecedentes académicos ni laborales que puedan justificarlo. A su vez, los supuestos malos tratos a los que aparentemente somete al personal terminaron poniéndolo en la mira.