En la Casa Rosada crece un profundo malestar por el accionar del secretario de Energía, Darío Martínez, en lo referido a la implementación del demorado esquema de segmentación de tarifas de gas y electricidad que impulsa el gobierno. El funcionario, que al inicio de su gestión intentó mantener una posición de neutralidad y luego se terminó plegando al cristinismo más por instinto de supervivencia que por pertenencia orgánica, firmó este martes la resolución 467, que en teoría iba a funcionar como reglamentación del Decreto 332. Esa norma estableció los criterios económicos que se van a utilizar para avanzar con la quita de subsidios energéticos, tal vez la principal llave que tiene su alcance el Ejecutivo para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, lejos de ser una resolución que contribuya a optimizar ese proceso, el texto no hizo más que complicar las cosas.
Fuentes de gobierno explicaron que el compromiso de Martínez era acelerar los plazos de puesta en marcha de la segmentación. Pese a eso, se tomó 12 días para publicar una reglamentación que no aporta casi nada en lo concreto. Al contrario, transfiere la mayoría de las competencias a la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que dirige Santiago López Osornio, el único funcionario de Energía que responde políticamente al ministro Martín Guzmán.
La expectativa de la Casa Rosada era que, a esta altura, Martínez ya debería haber instruido a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a la Hidrocarburos a que determinen un nuevo precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) y de la electricidad (PEST) para los usuarios de mayores ingresos; los que conformará el Nivel 1 según la grilla definida por el Decreto 332.
“Es una burla administrativa. El PEST se actualiza cada tres meses. No es tan difícil publicar un precio para los tres segmentos que prevé el decreto. Por el contrario, Darío (Martínez) pone palos en la rueda y se desliga de la segmentación”, cuestionó un funcionario con acceso irrestricto a la Rosada. “Lo único que hizo la resolución (467) fue copiar y pegar lo que decía el Decreto 332”, agregó.
EconoJournal intentó comunicarse con voceros de la Secretaría de Energía, pero estos evitaron contestar los llamados de este medio. * Una vez que este artículo estuvo publicado, voceros de Darío Martínez se comunicaron para indicar que «tanto que Presidente como el ministro (Guzmán) estaban al tanto de la modificación del piso de ingresos para los usuarios de la Patagonia.
Desde el Palacio de Hacienda tampoco respondieron las consultas realizadas. En las últimas horas el ministro Guzmán estuvo atento a otras prioridades, como la licitación de deuda en pesos para cubrir los vencimientos por más de $ 243.000 millones en un clima financiero muy adverso y la cotización del dólar paralelo, que este martes orilló los 240 pesos.
La gota que rebalsó el vaso
En la Casa Rosada molestó especialmente la inclusión del artículo 5 de la resolución 467. Ese apartado elevó el piso de los ingresos netos que debe cobrar un usuario de gas y electricidad en la Patagonia —considerada ‘zona desfavorable’ por la Ley 23.272— para perder los subsidios. En la práctica, la medida fijó ese monto en unos 424.000 pesos por mes, un 22% más que la media a nivel nacional, que asciende a 350.000 pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas para un hogar de cuatro personas).
Martínez tomó esa decisión en soledad, sólo con el beneplácito del Instituto Patria y del cristinismo, pero no con el gabinete económico que responde a Alberto Fernández. Lo hizo con un fin evidente: congraciarse con el sistema político de la Patagonia y en esa clave, posicionarse en la carrera por la gobernación de Neuquén en 2023, su objetivo central desde que asumió como secretario de Energía.
“El momento para plantear una medida de este tipo fue hace mes cuando se discutió puertas adentro del gobierno la redacción del Decreto 332. Darío participó de ese proceso, pero no dijo nada”, cuestionaron en un despacho oficial.
Sin consenso
La decisión no sólo no estaba consensuada con Presidencia ni con el Ministerio de Economía, sino que, más importante aún, provocará una nueva demora en la instrumentación del esquema de segmentación. ¿Por qué? Porque el formulario que confeccionaron los colaboradores de Guzmán y en especial la Secretaría de Innovación Tecnológica, que aún no fue publicado oficialmente, no distinguía entre los usuarios de alto poder adquisitivo de la Patagonia y del resto del país. Formaban todos parte del mismo universo.
La distinción incluida unilateralmente por Darío Martínez obligará a recalibrar el sistema. Con una complejidad adicional: el formulario digital elaborado por los técnicos informáticos de Economía incluía un cruce automático de la información vertida por cada persona que arrojaba una categorización provisoria en la grilla de tres segmentos definidos por el Decreto 332. Por la redefinición del piso de ingresos para los usuarios de la Patagonia se deberán modificar los parámetros incluidos en el sistema, lo que traerá aparejado una consecuente demora en los plazos de ejecución.
“Más allá de este tema puntual, que es importante, lo central es que Darío (Martínez) no está alineado. La segmentación es una decisión política del Presidente que requiere del compromiso de toda el área energética. Vamos a avanzar igual, pero con decisiones como ésta Energía impidiendo que se pueda cumplir con la cronología temporal que se había pensado”, concluyeron las fuentes consultadas.
* Nota modificada con posterioridad a su publicación.