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Quita de subsidios
Segmentación: ¿Cómo funciona el nuevo esquema de tarifas eléctricas que aplicó Salta en coordinación con funcionarios que responden a Guzmán?
Lun 9
mayo 2022
09 mayo 2022
El ente regulador provincial habilitó un aumento de las tarifas eléctricas en Salta e implementó una metodología novedosa que fue coordinada con el Ministerio de Economía para aplicar una suba menor para un grupo de usuarios. El director del organismo salteño brindó detalles sobre los parámetros que se utilizaron para aplicar el nuevo esquema, que están en línea con los que se discutirán esta semana en las audiencias públicas que se realizarán para destrabar una nueva suba del gas natural y la luz a nivel nacional.
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La gobernación de Salta autorizó este viernes una suba de hasta un 32% de las tarifas eléctricas. La actualización sigue parámetros novedosos como los que pretende aplicar el Ministerio de Economía a nivel nacional a partir de junio para avanzar con la segmentación de las facturas de luz y gas natural. De hecho, el incremento que habilitó el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP) se coordinó previamente con funcionarios de la cartera que dirige Martín Guzmán.

En esa clave, la administración salteña puso en práctica una serie de criterios de segmentación para que el valor de las facturas eléctricas se adecúe a la capacidad de pago de cada sector socioeconómico de la población. Un análisis de lo ocurrido en Salta funciona como un primer acercamiento para dimensionar hasta qué punto el esquema técnico que impulsa Guzmán —que es cuestionado por el ala cristinista del gobierno— es practicable o no. La segmentación se discutirá esta semana en las tres audiencias públicas que se realizarán esta semana en Buenos Aires para destrabar un aumento adicional de las tarifas de gas y electricidad a partir de junio, 

El ENRESP autorizó una suba generalizada del 32% en las tarifas que cobra EDESA, la distribuidora eléctrica controlada por el grupo DESA que se encarga de prestar servicio eléctrico en la provincia del norte. A mismo tiempo, estableció que 112.000 usuarios, cerca de un 30% del universo total, quedarán protegidos bajo la adopción de un régimen diferencial.

En diálogo con EconoJournal, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Carlos Saravia, detalló que para aplicar una tarifa de electricidad segmentada para los sectores de menores recursos se tuvieron en cuenta diversos criterios que “fueron consultados una audiencia pública que se realizó el 13 de abril”.

Cruce de datos

La principal novedad que se desprende de lo realizado por el ENRESP es que se cruzaron indicadores no sólo del consumo eléctrico, sino también elementos de índole socioeconómica y habitacional que surgen del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). En esa dirección, el Ente trabajó con la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Nación, que dirige Santiago López Osornio, principal colaborador de Guzmán en el diseño de la metodología de segmentación que prepara el Gobierno.

Saravia explicó que se “congelaron las tarifas con incrementos bajos: 16% para los usuarios de menores recursos, y un 32% para el resto de los consumidores”, de modo que Salta se alza como la primera provincia en realizar una división tarifaria de acuerdo a la condición socioeconómica de los usuarios.

Asimismo, agregó que en esta segmentación se contempló “un periodo de 27 meses, que va desde marzo de 2021 a junio de 2023, que involucra una inflación proyectada del 113%”.

Desde el ENRESP realizaron una medición sobre el consumo de los usuarios y establecieron dos categorías. En la primera se encuentran aquellos que consumen hasta 192 kW y en la segunda los que utilizan hasta 500 kW.

Parámetros

En ese sentido, Saravia argumentó que “el consumo no es un parámetro justo para aplicar la tarifa diferenciada porque hay quienes tienen más de una propiedad” por lo cual decidieron cruzar esta información con datos sobre los ingresos de los usuarios.

Frente a esto, exhibió que la disminución en el aumento tarifario estará destinada a “aquellos que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles”. Allí se encuentran “los subsidiados por desempleo, por embarazo y los monotributistas de las categorías A y B”.

El segundo criterio responde a la posesión de inmuebles por parte de los usuarios. En base a ello, el funcionario precisó que “hay muchas personas que cobran el importe de jubilación mínima, pero tienen 3, 4 o hasta 9 propiedades”, y por lo tanto quedan excluidos del régimen diferencial. Además, reveló que para la confección de este registro se eliminó “a los que tienen vehículos con menos de 10 años de antigüedad”.

El encargado del Ente regulador especificó que ese incremento del 16% “se realizará gradualmente, un 10% en mayo, un 3% en agosto y un 3% en octubre”. Quienes no se encuentran dentro de este segmento, “tendrán una suba de un 20% en mayo y 6% en cada uno de los tramos siguientes”, de aquí se desprende el 32%.

Impacto

Saravia indicó que para un usuario residencial “cuyo consumo sea hasta 192 kW, la suba será de 191”. Mientras que para quienes se encuentren protegidos bajo el régimen diferencial “el incremento será de 91 pesos”.

Aquellos se encuentren dentro de la segunda categoría, que responde al consumo que va desde 192 a 5oo kW “tendrán un impacto en la factura de 560 pesos y los sectores vulnerables tendrán un aumento de $249”, precisó el presidente del ENRESP.

Un comentario

  1. Perdón. No se entiende de dónde se obtiene el subsidio que recibe la demanda con la llamad «Tarifa Social» si para un dado consumidor el aumento es del 16% y para otro, consumiendo lo mismo pero alcanzado la quita de subsidios, el incremento tarifario es del 32%, de dónde sale la diferencia en la facturación?
    Si no debe haber «subsidios cruzados», esto es que una parte de la demanda paga una porción del costo que debe afrontar otra, quien abona la diferencia?
    Eso no sale de la nota y, si no es la provincia la que aporta la diferencia, terminará siendo la propia gente la que soporta el costo de esta decisión gubernamental de subsidiar a determinados consumidores con fondos de otros

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