Por el congelamiento desde febrero de 2019, las tarifas que perciben Edenor y Edesur, las dos mayores distirbuidoras del país y las únicas que permanecen bajo la órbita de control del gobierno nacional, solo cubren una parte de sus costos de operación. Esa situación estructural no va a cambiar si finalmente la Casa Rosada autoriza una suba en torno al 7 por ciento en la factura que pagan los hogares, como indicó a principios de abril el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Por ese motivo, el eje central de la negociación que el gobierno mantiene con ambas distribuidoras pasa fundamentalmente por el esquema de subsidios que solventará el Estado para garantizar la prestación del servicio. Según confirmó EconoJournal a partir de fuentes gubernamentales y privadas, esa negociación se estancó en las últimas semanas, entre otras cosas, por la negativa del subsecretario de Energía Eléctrica a que el Estado se haga cargo de una serie de vencimientos de Obligaciones Negociables que Edenor debe afrontar entre 2021 y 2022. Con Edesur existe un problema similar con una deuda que suma unos 15.000 millones de pesos con la casa matriz del grupo Enel en Italia.

A diferencia del Enargas, que requirió a las distribuidoras de gas que suspendan (pero no renuncien) a sus reclamos, Basualdo les pidió a Edenor y Edesur que renuncien a su reclamo por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que firmaron durante el gobierno de Mauricio Macri. A cambio, las empresas reclaman una compensación del Estado por los ingresos que dejaron de percibir por la decisión del Poder Ejecutivo de congelar las tarifas.

Letra chica

En el caso de Edenor, la compañía de Pampa Energía —que está en proceso de venta al grupo Manzano-Vila-Filiberti— sostiene que tomó esa deuda en el mercado local para financiar su plan de inversiones y garantizar las obras de expansión previstas en la RTI. Fuentes cercanas a la empresa argumentan que debido al congelamiento tarifario no tiene fondos en su caja para afrontar el pago de los vencimientos de esa deuda, que suman unos 100 millones de dólares entre 2021 y 2022.

Basualdo respondió que el gobierno se hará cargo de los costos destinados a garantizar la operación del servicio, pero afirma que el dinero que ingresó por la emisión de deuda no fue destinado a inversión, mantenimiento ni operación del servicio. Como alternativa, se propuso que las empresas reestructuren sus vencimientos de 2021 y 2022 y que el Estado se haga cargo de esos pagos con recursos propios que se acumularían en un fondo que luego se descontaría de la nueva RTI. Sin embargo, esa opción no llegó a buen puerto.

Negativa

En Edenor aseguran que el pago de esa deuda debe surgir del flujo de fondos que genere la compañía. El racional que transmiten los privados es que no se puede pedir a los accionistas que asuman ese costo financiero —que se utilizó para apalancar el plan de inversiones— cuando las tarifas permanecen congeladas hace dos años y desde el gobierno se plantea que 2021 y 2022 serán dos años con un esquema de transición que no arrojará ganancias. Es decir, serían cuatro años seguidos sin percibir ningún tipo de beneficio por operar el servicio.

Como en este punto no hay acuerdo, la negociación, que también incluye reclamos cruzados por las deudas que las compañías tienen por multas y con CAMMESA, se empantanó. Los privados no firmarán un acta acuerdo renunciando a los reclamos por el incumplimiento de la RTI. Frente a ese escenario, Basualdo deberá resolver qué pasará con las tarifas eléctricas del AMBA sin el consentimiento de las compañías. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es una de las pocas regiones del país que no registró aumento en las tarifas residenciales en lo que va de 2021.