Las empresas fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) solicitaron que se declare de forma urgente la emergencia del sector para garantizar la oferta de GLP en los meses de frío. Las firmas que integran la cámara reclaman que la garrafa de 10 kg. de gas butano aumente entre 200 y 250 pesos, dependiendo de la región del país “para obtener un margen operativo adecuado”, expresaron en un comunicado.

“De seguir con este difícil presente se afectará a los actores de la industria, pero, además, y principalmente, se perjudicará a los usuarios consumidores, en especial a aquellos más vulnerables que, por carencia de recursos o por cuestiones de infraestructura se ven impedidos de acceder a redes de gas natural o a otros recursos alternativos”, añade el texto de CEGLA.

“En el contexto de segunda ola que atravesamos y para seguir haciendo frente a la importante demanda de GLP que tiene nuestro país, requerimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren”, reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

El año pasado, la pandemia del Covid-19 y el atraso en la actualización de los precios de referencia llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado “esté en un contexto de déficit insostenible”. “Luego de los reclamos iniciados por CEGLA se consiguió que los valores se incrementen, pero no al nivel requerido para cubrir los costos y márgenes razonables históricos”, continúa el comunicado.

Un dato que explica el desfasaje actual del sector fraccionador de GLP es que los márgenes establecidos de las tareas de fraccionamiento y distribución en la Argentina se ubican en US$ 3 por garrafa de 10 kg. “Este número es la mitad respecto a los de los países de la región que, en promedio, ubican ese valor alrededor de los US$ 6 por carga de 10 kg.”.

Desde CEGLA reclamaron a la Secretaría de Energía la prorrogar los vencimientos de los tanques fijos y de los tanques de granel, garrafas y cilindros por 5 años adicionales al plazo de vencimiento actual. Además, las certificaciones de las plantas fijando un plazo mínimo de 2 años y de los depósitos un plazo mínimo de 5 años y los certificados de transporte.

Suspensión de cobro de multas

Al mismo tiempo, CEGLA solicitó suspender todos los procedimientos de cobro de las multas que por cualquier concepto hayan sido aplicadas hasta la fecha por un plazo mínimo de 3 años y la reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados del sector.

El sector fraccionador de gas licuado emplea de forma directa e indirectamente a más de 9.000 personas y abastece con altos estándares de eficiencia a más de 5 millones de hogares con un combustible ecológico, ciento por ciento nacional y que es fundamental para el entramado familiar del país.